“La igualdad, valga la redundancia, no es igual para todo el mundo” (Ricardo Rosselló Nevares).

“El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos” (Constitución de Estados Unidos, Artículo IV, Sección 3, Párrafo 2, Cláusula territorial).

El gobernador Ricardo Rosselló ha acusado al representante Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, de ser inconsistente porque apoya la conversión de Washington D.C. en estado de Estados Unidos, pero se opone a la estadidad/anexión de Puerto Rico. Grijalva encabeza una delegación del Congreso estadounidense que—como elocuente muestra de dominación colonial-- vino a celebrar unas vistas públicas sobre la situación económica del país.

El 11 de marzo de 2018, hace apenas un año, se efectuó en Cuba la segunda etapa de su proceso electoral. En él fueron elegidos 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con la constitución de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se procedió a la selección del Consejo de Estado, incluyendo la elección de un nuevo presidente, posición a la cual fue elegido el 19 de abril quien hasta entonces ocupaba la Primera Vicepresidencia, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La más reciente crisis en el transporte marítimo entre la islas de Vieques, Culebra y la isla grande (Puerto Rico), es una muestra elocuente—y escandalosa- de cuán abandonadas han permanecido estas comunidades de miles de puertorriqueños/as, víctimas del desdén, la indiferencia y la irresponsabilidad de continuas administraciones gubernamentales, por décadas. Ello ocurre apenas semanas antes de que se conmemore el vigésimo aniversario de la muerte violenta del puertorriqueño-viequense David Sanes Rodríguez, el próximo 19 de abril, que generó la más extraordinaria movilización nacional en favor de la paz y la desmilitarización de la Isla Nena.

Hoy, 1 de marzo de 2019, han transcurrido poco menos de un mes desde que la Jueza Swain aprobó el acuerdo de COFINA cuajada a la medida por los sectores privilegiados y bonistas del país. En este proceso, observamos con indignación la forma en que se excluyó selectivamente la participación de aquellos sectores mayoritarios que se verían más afectados por la aprobación del acuerdo.