El pasado 10 de diciembre se cumplieron 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, evento consignado por la comunidad internacional en la Resolución 217 (III) de las Naciones Unidas. Previamente, otros dos importantes documentos fueron adoptados en el Siglo XVIII, con los cuales comienza a plantearse, históricamente hablando, la vigencia de los derechos civiles y humanos. El primero de estos documentos lo constituye la Constitución de Estados Unidos de América y su adopción en 1789 de sus primeras 10 enmiendas al texto original; el segundo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789.

Salpicó todos los medios noticiosos para después esfumarse a la nada ante la indignación desatada. Quizás se pensó genuinamente que la medida se iba a acoger como un alivio para la crisis de abandono que vive muchas de las personas de la tercera edad en nuestro país. Porque si algo, lo único, que hay que agradecerle a la publicación de la medida PC 215, donde se pretendía ofrecer servicios de cuidado de salud a ancianos cambio de su título de propiedad, es que volvió a la discusión pública lo que muchas familias, y ancianos, sufren en silencio: el abandono por parte del Estado al cuidado de las personas de la tercera edad.

Abrir puertas al mundo, que se conozca de nuestro pueblo y de nuestra lucha multicentenaria por la autodeterminación e independencia; esa ha sido la tarea continua de numerosas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas durante las pasadas décadas, y aun desde antes. Gestión indispensable, si consideramos que desde la invasión militar de 1898 el gobierno de Estados Unidos ha pretendido invisibilizar, no se diga ya nuestra lucha, sino nuestra propia existencia como nación caribeña y latinoamericana.

En días recientes el periódico The Washington Post ha publicado un Informe donde se recogen más de 2 mil páginas de entrevistas inéditas de militares, diplomáticos y funcionarios estadounidenses relacionadas con la desinformación de la cual ha sido objeto el pueblo de Estados Unidos sobre la participación de su gobierno en la guerra más larga librada en la historia de dicho país, la guerra contra Afganistán. Iniciada el 7 de octubre de 2001, cuando Estados Unidos decide iniciar los bombardeos contra instalaciones militares del gobierno constituido por el Talibán en dicho país y contra alegados campos de entrenamiento de Al Qaeda, la intervención denominada “Operación Justicia Infinita”, cuyo nombre luego fue modificado dada su connotación religiosa por “Operación Libertad Duradera”, fue el resultante de los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y las instalaciones del Pentágono en la capital norteamericana en Washington el 11 de septiembre de 2001 donde perecieron 2,977 personas.