En estos días postreros, unos cuantos se halan por los pelos en disputa inútil por las precandidaturas a la administración colonial, como adelanto de la estridencia a la que estaremos sometidos en 2020. Si estos políticos de oficio tuvieran el recato de dejar tanta cháchara para más tarde y permitirnos unos días de tranquilidad; si al menos hicieran mutis hasta después de Reyes… Después de todo, gane quien gane en noviembre próximo, aquí manda y dispone una junta dictatorial impuesta por el Congreso de Estados Unidos, con el propósito calculado de llevarse hasta los clavos de la cruz.

Comparto con ustedes, en ocasión del  próximo 124 aniversario de nuestra bandera, un escrito publicado hace dos años en ocasión de la oficialización de la bandera de Puerto Rico por la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano el 22 de diciembre de 1895.

El pasado 10 de diciembre se cumplieron 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, evento consignado por la comunidad internacional en la Resolución 217 (III) de las Naciones Unidas. Previamente, otros dos importantes documentos fueron adoptados en el Siglo XVIII, con los cuales comienza a plantearse, históricamente hablando, la vigencia de los derechos civiles y humanos. El primero de estos documentos lo constituye la Constitución de Estados Unidos de América y su adopción en 1789 de sus primeras 10 enmiendas al texto original; el segundo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789.

Salpicó todos los medios noticiosos para después esfumarse a la nada ante la indignación desatada. Quizás se pensó genuinamente que la medida se iba a acoger como un alivio para la crisis de abandono que vive muchas de las personas de la tercera edad en nuestro país. Porque si algo, lo único, que hay que agradecerle a la publicación de la medida PC 215, donde se pretendía ofrecer servicios de cuidado de salud a ancianos cambio de su título de propiedad, es que volvió a la discusión pública lo que muchas familias, y ancianos, sufren en silencio: el abandono por parte del Estado al cuidado de las personas de la tercera edad.