Esta agresión se llevó a cabo en abierta violación a las normas internacionales vigentes. No solo no se contó con el aval del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU; sino que, en el caso particular de Estados Unidos, se produjo sin autorización de parte del Congreso de dicho país y en contra del criterio de altos funcionarios del gobierno y sus fuerzas armadas. Se trata en todo caso de una clara violación de la soberanía de un estado nacional que forma parte de las Naciones Unidas.

Al igual que muchas de la propuestas impuestas o impulsadas en Puerto Rico, las reformas laborales adoptadas por el gobierno de Temer en Brasil han implicado la ampliación de la jornada de trabajo de ocho horas a doce horas diarias; la reducción del tiempo de descanso; la reducción del período de alimento; el empleo a voluntad y en consecuencia la ampliación de las facultades de los patronos para despedir sus empleados; la fragmentación del período de licencias por vacaciones; y la eliminación de la paga extraordinaria y bonificaciones. Es como si en Brasil, quien gobernara fuera la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos a los puertorriqueños y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Claro, en ambos casos, de lo que hablamos es de la adopción del recetario de Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales, hoy en auge a escala mundial.

Los puertorriqueños conocemos por experiencia propia en nuestra lucha la importancia que reviste la solidaridad internacional en cuanto al reclamo de independencia y soberanía. Precisamente porque hemos recibido la solidaridad de los pueblos del mundo en dicho reclamo, valoramos el significado que representa apoyar también los justos reclamos solidarios de otros pueblos en sus luchas.

El pasado 11 de marzo se efectuaron elecciones parlamentarias en la República de Colombia. La consulta levantó gran expectativa por ser las primeras elecciones en las cuales la anterior agrupación guerrillera ¨Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo¨ (FARC-EP), ahora convertida en una agrupación política denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), participó del proceso electoral. En los comicios concurrieron múltiples partidos políticos para elegir entre sus candidatos diputados o ¨curules¨ como se les llama en Colombia, 102 para el Senado y 166 para la Cámara de Representantes. De estos, dado los acuerdos de paz negociados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, la anterior agrupación guerrillera aseguraba cinco escaños en el Senado y cinco adicionales en la Cámara de Representantes.