De los vientos sembrados por la revolución mexicana en la primera década del Siglo 20, surgen las luchas políticas que especialmente, a partir de la década de 1960, se han venido desarrollando en el México del Siglo 21.

La revolución mexicana fue un gran acontecimiento histórico. Surgió de la postura del pueblo ante la decadencia que representó el régimen del general Porfirio Díaz. Héroe de la lucha contra la ocupación francesa, se le considera por algunos el gran timonel que impulsó el inicio del proceso de modernización de México durante los años 1876 al 1911.

Tras su renuncia a la presidencia y la posterior dictadura militar impuesta por el también general Victoriano Huerta, el reclamo de una reforma agraria se convirtió prontamente en la lucha de cientos de miles de campesinos que reclamaban profundas transformaciones en la tenencia de la tierra contra un gobierno que les oprimía y les despojaba de estas. El resultado de la dictadura de Huerta fue la fragmentación del Estado nacional, dando paso a tres llamados “estados regionales” en las zonas dominadas por cada uno de los tres ejércitos populares que se levantaron originalmente en la lucha contra Porfirio Díaz: el villista, el constitucionalista y el zapatista.

En el nuevo escenario, aún con sus diferencias, las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata se enfrentaron a las fuerzas constitucionalistas. La lucha contra Villa y Zapata que inicialmente fue conducida por Venustiano Carranza hasta su fusilamiento, llevó eventualmente al control absoluto de las fuerzas constitucionalistas por Álvaro Obregón.

La Reforma Agraria, que trajo en México las mayores transformaciones a lo largo de toda su historia, fueron impulsadas por el zapatismo en el centro y sur del país, y por el villismo, en el norte. La misma se dio junto con el apuntalamiento de un capitalismo con amplia intervención del Estado en los procesos económicos, lo que vino de la mano con la pérdida relativa del poder político obtenido por la oligarquía tras el porfiriato.

Tras el triunfo de las fuerzas constitucionalistas, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución de México. A pesar de ser obra de los vencedores, el documento incluyó muchas de las reivindicaciones de los perdedores. Aunque fue más moderada en lo que atañe a su contenido reivindicativo que lo que fue el programa impulsado por Emiliano Zapata en el Plan de Ayala impulsado más tarde en la Convención de Aguas Calientes el 10 de octubre de 1914 y en el Programa de Reformas Económicas, Políticas y Sociales de la Convención, que contó con el apoyo de Francisco Villa.

En su artículo 27 la Constitución consignó la principal demanda surgida del proceso revolucionario: la reforma agraria y el problema del acaparamiento de la tierra en manos de grandes latifundistas. El Artículo se ocupó, además, de atender los reclamos ancestrales de titularidad de las comunidades originarias sobre sus recursos naturales; colocó en manos del presidente de la República la determinación en cuanto a decidir cómo, cuándo y a quiénes debía repartirse la tierra; así como también, las modalidades para la explotación del subsuelo.

Por su parte, el Artículo 123 de la Constitución, recogió las principales demandas laborales, adoptando la política del Estado benefactor, dando paso al establecimiento de una profunda legislación protectora del trabajo y amplia legislación social. A diferencia de las reivindicaciones del zapatismo y el villismo, que reivindicaban estas transformaciones desde abajo, con la Constitución, aunque sin la profundidad inicial, se imponían las reformas desde arriba.

La Constitución estableció también, de manera fulminante, una total separación de Iglesia y Estado, eliminando importantes privilegios que ostentaba la Iglesia Católica. La Constitución prohibió la posesión por parte de la Iglesia de propiedades y les prohibió desarrollar su culto fuera de sus templos. La Constitución también delegó en el Estado la responsabilidad absoluta por la educación de los niños y jóvenes. La actividad política de la Iglesia también fue suprimida.

Con la llegada al poder de Álvaro Obregón, varios de los artículos de la Constitución de 1917 finalmente fueron puestos en vigor.

Durante el mandato de Lázaro Cárdenas del Río se llevó a cabo el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera y la entrega de los ferrocarriles a la administración obrera, creándose el Instituto Politécnico Nacional. Cárdenas dio un impulso a la educación con un perfil socialdemócrata y promovió la distribución de tierras entre los campesinos. Fue también bajo su mandato que se organizó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), formado por cuatro sectores: popular, obrero, campesino y militar. Este partido, más adelante se transformó durante la década de 1940 en Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha sido este partido el que junto con el Partido de Acción Nacional (PAN), había mantenido hasta las recientes elecciones la alternancia en el gobierno mexicano.

Al pesar de que en los pasados veinticinco años la alternancia PRI-PAN se había repartido entre ellos, para las elecciones de 2000 surgió con una fuerza electoral considerable un tercer partido, el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este surge de una escisión dentro del PRI. La división llevó a que en ese año, por primera vez luego de 71 años de gobiernos del PRI, la Alianza por el Cambio, integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, obtuvieran el 43.5% de los votos derrotando al PRI y a su candidato Francisco Labastida. En estas elecciones participó también la Alianza por México, encabezada por su candidato Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Ese año, Vicente Fox fue electo presidente. Para entonces, a diferencia del presente, el PRD aún se proyectaba como un partido de izquierda.

En las elecciones de 2006 el correligionario de Fox, Felipe Calderón Hinojosa, fue electo presidente de México. El entonces candidato por la izquierda del PRD, Andrés Manuel López Obrador, no reconoció los resultados y acusó de fraude al presidente Vicente Fox. Sin embargo, su protesta y denuncia no alteró el resultado oficial de las elecciones a favor de Calderón.

En las elecciones de julio de 2012, la presidencia de la República cambió una vez más obteniendo el triunfo el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Este gobierno vino a menos percolado totalmente como nunca antes por funcionarios corruptos. Para las pasadas elecciones del 1 de julio, sin embargo, el mapa electoral en México tuvo una importante transformación. En esta ocasión concurrió a las urnas una nueva organización denominada Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), postulando como candidato a la presidencia, esta vez por tercera ocasión, a Andrés Manuel López Obrador.

En un artículo publicado en ALAI-América Latina el 9 de enero de 2018, titulado La izquierda puede ganar en México, Emir Sader nos decía:

¨Ya son como ocho veces que la izquierda llega al final de la campaña electoral con posibilidades de ganar en México y, casi gana, le han quitado varias veces el triunfo. El Estado-partido del PRI ha sobrevivido a dos mandatos fuera de la presidencia, pero ha retornado y, aunque ha fracasado como gobierno, se ha debilitado con ello, mantiene el poder de imponer resultados a la fuerza como ha demostrado la elección del gobierno del estado de México¨.

Describiendo las estructuras electorales del PRI y el PAN, señalaba Sader, que como partidos políticos son dos máquinas ¨listos para accionar todo ese poder de aparato para disputar entre sí quién tiene mejores condiciones para enfrentarse al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador¨. Sin embargo, ya entonces el autor señalaba que López Obrador se ubicaba primero en las encuestas frente a las dos maquinarias, conjuntas o separadas, de aquellos partidos, destacando que había venido ganando la base de sectores de empresarios y políticos vinculados tanto al PRI como al PAN. De hecho, en su pasada campaña se sumaron a López Obrador personas como el empresario Alfonso Romo, quien antes fue su opositor y a quien se le considera hoy será su próximo Jefe de Gabinete; y su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, quien en las elecciones de 1988 fue candidata del PAN y militó en dicho partido hasta el año 2005. Entre otros sectores que también López Obrador aglutinó en su campaña se encuentra el Partido Encuentro Social, de base protestante conservadora; e incluso, se encuentran también sus acercamientos con sectores de la llamada izquierda dentro del PRI.

El resultado de las elecciones concedió a López Obrador, hoy conocido más como AMLO, en referencia a las iniciales de su nombre, un triunfo arrollador. Su organización obtuvo el 53.5% con más de 18.5 millones de votos; mientras sus dos más cercanos rivales, el PAN y el PRI, obtuvieron respectivamente el 22.6% y 15.8% de los votos, lo que representa 7.825 millones y 5.458 millones respectivamente de votos. A nivel de los diferentes estados de México, el triunfo de AMLO también fue arrollador. Ganó 31 de 32 estados, a la vez que obtuvo un también un arrollador triunfo en la capital del país (Distrito Federal). De hecho, en al menos 13 estados, el triunfo de AMLO fue de más de 60% de los votos, mientras en el D.F. obtuvo el 57.16% de los votos.

En el triunfo de AMLO, además de su capacidad para formalizar alianzas con otros sectores, convergen otros factores de importancia, entre los que destacan el “voto castigo” en un país ya harto de la política de los partidos tradicionales PAN-PRI-PRD; la violencia institucionalizada, donde por ejemplo, durante el año 2017 se perpetraron más de 29 mil asesinatos, que a su vez en una década ascienden a 80 mil personas; la grave situación económica que enfrenta un país con más de 120 millones de habitantes, donde no empece a sus enormes riquezas, carga con 55 millones (45% del total de la población) de personas viviendo en la pobreza alimentaria o pobreza extrema y con una deuda pública y privada que sobrepasa los $120 mil millones (equivalentes al 53% del PIB); una crisis de derechos humanos, matizada por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas; y ciertamente, la guerra interna que además de la lucha política entre el PRI y el PAN, incluye la relacionada con los carteles de drogas y el problema de paramilitarismo, vinculado a los propios estamentos militares y policiacos del país. México es para muchos, un país que, a la hora de analizar sus instituciones políticas, se acerca a una condición de “Estado fallido”.

En el año 2015, Alejandro Teitelbaun publicó en América Latina en movimiento, un artículo titulado Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En él nos presenta el cuadro de un México al borde del colapso institucional. Señala que el mayor número de esos 80 mil muertos o desaparecidos en una década eran jóvenes inmigrantes centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos; indígenas; trabajadores y gente de clase media; estudiantes, periodistas y profesionales, pero en particular mujeres. Describía también el papel que ha jugado la subordinación de México a los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (NAFTA por sus siglas en inglés) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) de 2005.

En el plano laboral, Teitelbaun señala con dedo acusador a la Secretaría del Trabajo. Menciona la restricción de los derechos laborales; de asociación; de acceso a la justicia y debido proceso. Destaca el rol de dicha Secretaría en las negociaciones con los sindicatos corporativos en colusión con los patronos; la precarización de los términos y condiciones de empleo de los trabajadores; y garantizando bajos salarios, permitiendo incrementar el desempleo, promoviendo la entrada del gran capital estadounidense en México, como también los procesos de privatización de industrias y servicios fundamentales para la economía mexicana.

Existen grandes expectativas con el triunfo de AMLO. Estamos conscientes de las grandes dificultades que en lo inmediato enfrentará antes de llegar a la presidencia, así como en los próximos seis años a partir de su jura en diciembre, donde entre otras cosas tendrá que echar una mirada a las políticas del pasado gobierno de Peña Nieto con la privatización de los hidrocarburos; la delincuencia institucional y aquella promovida por el narcotráfico; la corrupción en el manejo de fondos los públicos y las prebendas de inversionistas privados en contratos estatales; la renegociación de NAFTA con Estados Unidos y Canadá; la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria; la continuación de la construcción por parte de la Administración Trump del muro fronterizo entre ambos países y su secuela; el drama de los inmigrantes mexicanos sujetos a ser deportados por Estados Unidos; la creación de una comisión de la verdad que investigue y fije responsabilidades en torno a las desapariciones, torturas y vejaciones de ciudadanos; cómo volcar la mirada solidaria de México hacia los países del Sur; y finalmente, la necesaria y urgente democratización del Estado mexicano y sus instituciones.

Si AMLO asume como esperamos esta agenda de trabajo, sería imperdonable dejarlo sólo en su empeño de gobierno. Por ello será necesario de todos los pueblos latinoamericanos, de todos aquellos y aquellas que apostamos un mejor futuro para México, el más resuelto apoyo a los objetivos incluidos en el programa de gobierno que le llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador.