El estudiantado de la Universidad de Puerto Rico le está ofreciendo a nuestro Pueblo un extraordinario ejemplo de responsabilidad cívica, de preocupación por los problemas que aquejan a nuestro Pueblo y de disposición a dar la lucha a favor de nuestros más caros intereses. Este extraordinario sector de nuestra juventud ha dado muestras de una singular sensibilidad y madurez, de transparencia y honestidad y de intolerancia ante los abusos que la Junta de Control Fiscal imperial pretende cometer contra la Universidad y el país.

Con sorpresa para la inmensa mayoría de puertorriqueños se dio conocimiento de la persona que vendría a ocupar la posición de Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal creada en virtud de la Ley PROMESA.

Allá para el mes de diciembre de 1946, concluida la Segunda Guerra Mundial y de cara al inicio de la Guerra Fría, la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos establecieron una “directiva organizativa” que llamaron Plan de Comandos Unificados (“Unified Command Plan-UCP”). Una vez tal directiva fue aprobada por el Presidente de Estados Unidos, el Plan se encargó de proveer una guía común a los comandantes de los diferentes Comandos de Combate entonces existentes; establecer sus misiones, funciones y estructura de sus fuerzas; y finalmente, delinear las áreas geográficas sobre las cuales tales Comandos ejercerían sus responsabilidades militares.

Don Ernesto, de quien había leído hace años un libro publicado por la Cámara de Representantes que recogía algunos de sus más importantes discursos, ha sido para mí una figura enigmática. Conocía a grandes rasgos su participación como abogado en la defensa de los militantes nacionalistas acusados vilmente por el gobierno colonial, a raíz de la Masacre de Ponce. Sabía también, quizás con un poco de mayor precisión, su tránsito por la Confederación General de Trabajadores, fundada el 31 de marzo de 1940