"Por décadas, muchos se creyeron el fetiche del “ela”, sin embargo, una vez desvestido por los mismos que lo crearon, la negación no ha desaparecido para aquellos que se convirtieron en sus mercaderes y más devotos monjes".

Los republicanos del Congreso, con el aval de Casa Blanca, han presentado la “nueva”  versión de lo que será la intervención directa del gobierno estadounidense en la administración de la colonia. Una vez aprobada la Junta de Control Fiscal, al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, todo lo decidirán ellos a través de cinco personas nombradas por el Presidente.

En el Congreso y en el Ejecutivo estadounidense, se ha fraguado un consenso para imponer una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico. Ya existen dos propuestas radicadas hace meses en Cámara y Senado, otra del Departamento del Tesoro -que no ha sido radicada ni publicada y de la que solo se saben rumores- y, una tercera que, según anunciado por el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, debe someterse durante este mes de marzo mediante un nuevo proyecto del Comité de Recursos Naturales. Si madura como pinta, habrá Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, antes que finalice el presente año fiscal.

Conviene comenzar confrontando una idea que desde hace unos años viene pululando, repitiéndose y encontrando eco en algunos, sobre todo después de la salida de la marina de guerra de Estados Unidos de Vieques y la clausura de la base naval Roosevelt Roads en Ceiba. Se alega que Puerto Rico ya no es del interés del gobierno estadounidense, que perdió su valor estratégico militar y que, además, es una carga económica para el imperio.