En su octava reunión, justo a un año de su creación e imposición por el Congreso, la Junta compuesta por siete personas que no han sido electas por los puertorriqueños, aprobó el nuevo presupuesto gubernamental de su propia factura. Su contenido estaba escrito en la pared cuando se aprobó, también por imposición, el Plan de Ajuste Fiscal (PAF), este último muy celebrado por el gobernador Ricardo Rosselló y su liderato legislativo. Hasta ese momento, la Junta y el gobernador marchaban agarrados de la mano. Pero las condiciones y exigencias que aceptó Rosselló en el PAF estaban muy claras. No obstante, parecía que las relaciones entre Junta y Gobierno sudaban armonía y satisfacción. Eran las semanas previas a la encuesta plebiscitaria.

Hoy en Puerto Rico, en esta colonia bajo el dominio imperial de Estados Unidos, el partido del sector estadista recoge, dos mil años después, la consecuencia pírrica de la obsesión por pretender imponer la destrucción de una nacionalidad y de una Patria claramente singular, con una cultura y una identidad propia. La derrota política del plebiscito que nunca fue, es también la derrota de todo lo que representa la estadidad y la colonia.

A punto de cumplirse un año de la imposición de la Junta de Control Fiscal, se revela con crudeza los alcances de tal arbitrariedad y las consecuencias sociales y económicas de las decisiones anunciadas y de muy pronta implantación por el ente federal. Lejos, muy lejos quedó la posibilidad de quienes pensaron ingenuamente que el Congreso había acertado en su decisión, a pesar de los rasgos innegables de despotismo colonial de la mal llamada ley Promesa.

En la historia surgen periodos llenos de acontecimientos que parecerían condensar en pocos meses lo que en el devenir “normal” tomaría décadas. Desde junio de 2016, los puertorriqueños hemos vivido una avalancha de eventos que no se han detenido, muy intensos y profundamente reveladores, como si el reloj del tiempo hubiera avanzado a velocidades inimaginables.