Tres eventos importantes y paradójicos ocurrieron la semana pasada y se suman a lo que parece una repetición del despelote frecuente que caracteriza nuestra realidad, porque, desafortunadamente, hace tiempo que lo lógico, lo normal, lo que se supone que el conocimiento y la experiencia humana nos ayude a identificar con racionalidad, tropieza con su contrario. Dejaron de tener sentido común cosas básicas: lo que es primero de lo después, subir el primer escalón para llegar al último, los buenos días antes de las buenas tardes.

Ocurrió el primer evento. Del 1^ro. al 7 de noviembre se celebró la Semana de la Planificación, evento recurrente y anual. Sin embargo, este año cobraba un significado especial pues coincidía con el 60 aniversario de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP). Seis décadas no son pocos años. Y con acierto la Junta de Directores de la SPP decidió que su lema para este año sería: “Buenas prácticas de planificación: yo mejoro mi ciudad”. Como es costumbre, la proclama gubernamental “reconoció” la importancia de la planificación y el papel de los planificadores. Su promulgación y lectura es un ritual, ocurre igual con otras profesiones. Es un acto estrictamente ceremonial, sin trascendencia y con muy poco significado práctico. Pero en esta ocasión, lo que no se anunció fue lo peor, porque su omisión se convirtió en una especie de ofensa a los planificadores y un mensaje decepcionante para el País.

Se sabe (por expresiones públicas del Presidente de la Junta de Planificación) que el Plan de Uso de Terrenos (PUT) hace meses que está listo y solo espera la firma o la aprobación del Gobernador. De entrada, la dilación en su firma levanta sospechas, con sobrada razón. La experiencia nos dice que los esfuerzos anteriores fueron bloqueados y al menos una gobernadora y un gobernador cedieron a la presión del sector de la industria de la construcción y de la banca, que siempre se han opuesto a la aprobación del PUT. Esos sectores prefieren la anarquía en los usos del suelo antes que enfrentarse a las reglamentaciones que le den racionalidad, seguridad y certeza a la ciudadanía y proteja el interés público. Para los desarrollistas y banqueros, su afán de lucro, la ganancia fácil y rápida, son sus motivaciones principales, no importa que sea a costa de la sustentabilidad del País e incluso violando las normas y leyes existentes.

Pues bien, ¿qué mejor ocasión para que el Gobernador hubiera anunciado la firma y la aprobación del Plan de Uso de Terrenos en la Semana de la Planificación y en el 60 aniversario de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación? Este hecho hubiera sido un ejemplo contundente de “Buenas prácticas de planificación”. Incluso, si de verdad Alejandro García Padilla tenía el compromiso para aprobar el PUT, como anunció hace poco más de un año, la ocasión de oro para completar su “promesa” la dejó pasar. ¿O será que la “promesa” fue comprada o secuestrada por los mismos sectores que en el pasado lograron cancelarla? La sospecha es real y crece por la aparición del segundo evento, veamos.

Ocurrió el viernes 6 de noviembre. Aún sin terminar la Semana de la Planificación, el Gobernador anunció la firma de dos órdenes ejecutivas con el propósito de, nuevamente, revisar los procesos de permisos y acelerar la otorgación de los mismos. El anuncio lo hizo en la Convención de la Asociación de Constructores “de Hogares”. ¡Más claro, imposible!

Lo cierto es que ese tipo de anuncio se ha convertido en un ritual de todos los gobernadores en los pasados 15 años. A los constructores y desarrollistas le prometen lo que ellos quieren escuchar: “permisos expeditos, fáciles, irrevocables, finales y firmes”. De los pasados gobernadores, Luis G. Fortuño fue quien llegó más lejos. La aprobación en el 2009 de la Ley 161 representó un ataque frontal, abierto y descarnado contra la planificación y los procesos de participación ciudadana al extremo que penalizó el derecho de los ciudadanos y comunidades a protestar y expresar sus reclamos. Se llegó a tal descaro que se legalizó el fraude, la falsedad y la malicia.

La Orden Ejecutiva 2015-42 se convierte en el nuevo obsequio y gesto de pleitesía del gobernador de turno. Mediante esta orden, se crea el Comité de Reforma de Permisos que, como reza su nombre: tendrá la encomienda de revisar todos los procesos de permisos y someter recomendaciones. Pero, además, debe someter al gobernador “una lista de proyectos que considere prioritarios que requieran procesos de permisos expeditos.” El Comité de Reforma, según dispone la Orden, quedaría compuesto por el Subsecretario de la Gobernación, la Directora Ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Asesora de Infraestructura del gobernador y por un representante del sector privado a ser nombrado por el gobernador de turno. ¡Bingo! Dejaron fuera del Comité a la Junta de Planificación, a representantes de las comunidades, así como a los planificadores y a las organizaciones ambientalistas. ¿Podrá haber mayor ofensa a los planificadores en su semana? El contraste es claro y provoca rabia. Mientras se pueden firmar órdenes ejecutivas para complacer a los desarrollistas, se “olvidan” de firmar el PUT, que debe ser el instrumento para guiar el desarrollo y darle sentido y certeza al sistema de permisos. Nuevamente se pone la carreta al frente de los bueyes. Olvidan que la planificación va primero –eso es lo que representa el PUT–y luego va el sistema de permisos.

Conviene dejar claro que el sistema de permisos no es un instrumento para el desarrollo económico. Es importante insistir en esta aclaración porque con frecuencia escuchamos funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes y alcaldesas expresar lo contrario. El sistema de permisos tiene como primer objetivo proteger el interés público. Esa es su finalidad. Es el Plan de Uso de Terrenos el instrumento para guiar el desarrollo. Por eso resulta una absoluta barbaridad insistir en reformar los procesos de permisos sin antes contar con el PUT.

Pero la realidad es que la planificación ha sido ninguneada y marginada en la gestión pública en nuestro País. El desprecio no es nuevo, ni siquiera de los pasados 20 años. Tal vez se inició a finales de la década del cuarenta del siglo pasado cuando comenzaron a quitar poderes y funciones a la Junta de Planificación, contrario a lo que había sido su concepto y propósito original. De allá para acá, las prioridades, las políticas y la implantación de las normativas planificadoras han sido un tortuoso camino intervenido y dominado por el bipartidismo y los sectores económicamente poderosos cuyos intereses se han impuesto en la mayoría de las ocasiones sin disimulo.

De nuevo, el afán de lucro, la ganancia fácil y rápida es la antítesis de la planificación, de los planes a mediano y largo plazo. Para quienes se benefician, disfrutan y enriquecen de la anarquía, poco importa la seguridad de los ciudadanos, las comunidades y el pueblo en general. Las consecuencias son duras y de alto riesgo para la vida y la propiedad. Y como si la realidad quisiera darnos una causalidad, se presentó el tercer evento.

También ocurrió la semana pasada. Las imágenes son impactantes. En el Municipio de Ceiba, una sección de la urbanización Las Lomas pende del vacío por el deslizamiento del terreno. Varias residencias pueden desplomarse y desaparecer. ¿Qué pasó con los permisos emitidos para esa construcción? La empresa que sometió la documentación requerida, los estudios de suelo, los diseños de ingeniería, ¿cumplió con las reglamentaciones? Los funcionarios que la evaluaron ¿lo hicieron con rigor o fue resultado de la insistencia de fuerzas políticas que forzaron la emisión expedita de los permisos? ¿Quién o quiénes fueron los alquimistas de esos permisos?

Otros eventos como el de Ceiba han ocurrido en el pasado reciente. En el 2013, la urbanización Villa España en Bayamón fue afectada por el derrumbe de rocas y el deslizamiento de terreno provenientes de un mogote. Anteriormente se destacan otros casos como los ocurridos en la urbanización Valle de Aramaná y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Corozal, las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí, el complejo residencial Estancias de la Fuente en Toa Alta, la comunidad del barrio Unibón en Morovis, la urbanización Cerca del Cielo en Ponce y la comunidad de Alturas de Bélgica en Guánica. La lista es larga pero no hay necesidad de que siga creciendo. Es tan sencillo como respetar los procesos de planificación, reconocer la información científica sobre nuestro entorno natural y establecer y respetar los controles, las normas y las reglamentaciones.

Colocar la planificación contra la pared es conspirar contra la seguridad y los derechos de toda la sociedad y, aún más, contra la seguridad del planeta, pues el cambio climático nos obliga a revisar todas las normativas y prepararnos para lo que, sin duda, es el principal desafío que enfrenta la humanidad.

Fuente: 80grados