La tierra, el recurso más preciado de nuestro País, se enfrenta todos los días a nuevas amenazas sin que las autoridades gubernamentales, ni tan siquiera las ordenadas a defenderla, salgan a su auxilio.

Por décadas, políticos de los dos partidos principales han llevado nuestros suelos a la ejecución, dejándonos a su paso un conglomerado inmenso de estructuras de cemento, principalmente viviendas y centros comerciales, que se han desparramado por todo el litoral nacional. Según revelan algunos estudios geográficos, hemos presenciado un dramático esparcimiento residencial en toda la franja de nuestra área suburbana, al extremo de extender las límites de la zona metropolitana a través de todo el contorno norte de la Isla.

Se estima que más de la mitad de nuestras tierras yacen cubiertas de hormigón. Esto es, sin duda, consecuencia de un movimiento desarrollista que no sólo ha desmembrado el centro de las grandes ciudades y los municipios sino que se ha lanzado a asaltar los campos del país para convertirlos en pequeños –y algunos extensos– bloques de concreto.

Datos del Censo Agrícola Federal reflejan que en tan sólo cinco años, durante la última década, Puerto Rico perdió casi 20 por ciento de su suelo agrario, situación que no atisba cambios al menos que se detengan los proyectos de construcción que, lejos de proteger nuestros recursos y hacer buen uso de nuestros terrenos, dejan marcada la huella de la expoliación.

Si calculamos el resultado neto de las prácticas urbanísticas que hemos vivido en el paso medio siglo encontramos: menos espacios verdes; empeoramiento de las condiciones ambientales; escasez de recursos naturales como el agua; crisis energética; reducción de los hábitats para nuestras especies; y, lo que es más grave, menos tierra para uso agrícola.

Estas secuelas son todas engorrosas, pero provoca más consternación la reducción continua de nuestros terrenos aptos para la siembra porque, ante el inminente peligro que acecha al mundo por la posibilidad de una escasez de alimentos, enfrentaríamos unos riesgos de grandes proporciones.

El panorama se complica si consideramos que al día de hoy no contamos con un Plan de Uso de Terrenos que, como han señalado expertos planificadores, es el antídoto para detener la improvisación y el abuso contra nuestros recursos naturales y agrícolas. Tampoco se vislumbra que podamos lograr consenso sobre un plan bien estructurado porque, ante todo, los funcionarios gubernamentales carecen de carácter para enfrentarse al poder y al capital de los desarrolladores, quienes por décadas han mantenido el control de las políticas públicas relacionadas al otorgamiento de permisos de construcción y el manejo de nuestros suelos.

No basta con el daño que ya se ha proporcionado a la tierra, cercenando nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, que ahora funcionarios del gobierno, amparándose en medidas para aliviar el costo de la energía, se empeñan en destruir 3,500 cuerdas de terrenos con alto valor agrícola en Santa Isabel para construir un proyecto de molinos de viento.

Pero hay más. La Reserva Agrícola de Yabucoa corre la misma suerte con el empecinamiento de las autoridades gubernamentales de imponer en sus tierras la construcción de un parque solar.

A esas prácticas, que arriesgan el endeble futuro agrícola que nos queda en el país, se suman las intenciones gubernamentales de permutar parte de los tierras que hoy pertenecen a la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico, en Gurabo, para construir un complejo de vivienda y un gran centro comercial.

El mismo infortunio corre la Laguna de Guánica con su proyecto de restauración; los terrenos del área norte y centro por donde se pretende construir el Gasoducto; y la Reserva Agrícola del Valle de Coloso que está amenazada con la expansión de un tramo del expreso PR-22.

Ante una situación tan compleja y peligrosa para el País, y ante la que deberíamos concertar todos nuestros esfuerzos para salvar los recursos productivos que aún subsisten, los políticos, en contubernio con un grupo de sórdidos desarrolladores, nos conducen a un precipicio.

Por suerte, en la caverna, parafraseando a Platón, siempre hay luz. Los ciudadanos reunidos en el Frente de Rescate Agrícola (FRA) arrojan un nuevo rayo de esperanza en una lucha nacional de suma importancia que, al alzar sus voces para proteger los terrenos agrícolas, defienden nuestra sobrevivencia.

Fuente: 80grados