8 de noviembre de 2024

A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, diversas medidas de naturaleza económica y política adoptadas por el nuevo Gobierno Revolucionario sostenidas en el ejercicio de la soberanía del pueblo, llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba. A partir de enero de 1961 se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. A este evento, le siguieron otras medidas de igual naturaleza con las cuales Estados Unidos pretendió someter la voluntad de lucha del pueblo cubano y revertir el proceso revolucionario iniciado.

Efectivo a las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, el gobierno de los Estados Unidos de América impuso sobre la República de Cuba un embargo de sus bienes financieros dentro del territorio estadounidense y un bloqueo económico contra el país. Sesenta y dos años han transcurrido desde entonces.

Resulta del todo contradictorio que estados políticos con sistemas económicos diferentes con los cuales Estados Unidos sostuvo profundas discrepancias, como son los casos de la República Popular China y la República Socialista de Vietnam, hoy sostenga relaciones políticas, comerciales y diplomáticas plenas, normalizado sus relaciones y con beneficios comunes con cada uno de dichos Estados. Con Cuba, sin embargo, Estados Unidos sostiene una política de constante presión tal como lo fue durante los años de la llamada Guerra Fría.

La normalización de las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y comerciales anunciadas en el año 2014 por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama fue un paso positivo en el desarrollo entre ambos Estados y ciertamente de beneficio recíproco para ambos pueblos. Fue, además, un paso importante en la distensión de los conflictos y en las aspiraciones de paz para la región del Caribe y América Latina. Se trató de un cambio cualitativo en la historia, constituyendo posiblemente el evento de mayor significado en las relaciones entre ambos pueblos en más de medio siglo. Sin embargo como proceso histórico, el restablecimiento de relaciones no allanó el camino para el cese del bloqueo impuesto durante la década de 1960.

Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inició un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato se adoptaron 243 medidas adicionales contra Cuba, 55 de ellas en el año 2020.

Entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una  prohibición a los ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluyendo a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.”

Estas medidas fueron dirigidas a incrementar e interponer obstáculos a las posibilidades de que Cuba pueda llegar a acuerdos internacionales con actuales y potenciales socios en materia financiera; adquirir determinados productos en el exterior. Las medidas extienden la aplicación de las sanciones económicas y políticas contra Cuba tomadas desde febrero de 1962.

Con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se pensó por un momento que tal cambio posibilitaría un nuevo giro de timón por parte de la nueva administración en torno al tema cubano. Los medios de comunicación recogieron con alguna incertidumbre declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que la administración entrante formularía la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política, indicaba, estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.”  Sobre el particular, Jen Psaki señaló lo siguiente:

“Estamos revisando las políticas de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino.” (Énfasis suplido)

Dentro de dicho contexto, algunos medios noticiosos se aventuraron a señalar los posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y  (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

La realidad, sin embargo, fue otra. En los casi cuatro años de la presidencia de Joseph Biden, la misma política de bloqueo y aislamiento por parte de los Estados Unidos hacia Cuba ha prevalecido y no se avizora en el horizonte, con el triunfo en las recientes elecciones de 2024 en Estados Unidos de Donald Trump un “nuevo camino”.

El pasado 30 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, una vez más de manera abrumadora la trigésimo segunda resolución desde 1992 repudiando el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba desde 1962. En esta ocasión, 187 países se pronunciaron en contra del Bloqueo; dos países votaron en contra de la Resolución (Estados Unidos y su aliado Israel), con la vergonzosa abstención de Moldavia.

La Resolución A/79/L.6 insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas  de este tipo a que, “adopten las medidas necesarias para derogarlas o invalidarlas lo antes posible.” Reafirma “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”. También exhorta a los Estados a abstenerse  de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, instando a la derogación de este tipo de medidas a los que aún las impongan.

La resolución denuncia la Ley Helms Burton de 12 de marzo de 1996 por sus efectos extraterritoriales afectando la soberanía de otros Estados, intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción, la libertad de comercio y la libertad de navegación.

La documento pide, además, del Secretario General de la ONU la preparación de un informe del cumplimiento de la resolución a la luz de sus propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

En su comparecencia presencial en la sala donde se adoptó la Resolución, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, hizo un recuento de cómo el bloqueo afecta la alimentación, el acceso a medicamentos y la manera en que a través del bloqueo se perjudica diariamente a la familia cubana. Puntualizó que el bloqueo contra su país, en 18 días, ha causado daños económicos ascendentes de $252 millones y en 5 meses, $2 mil millones al total de exportaciones. Calificó el bloqueo como “guerra económica, financiera y comercial”, así como de genocida. El Canciller cubano señaló que la gestión presidencial de Biden le ha costado a Cuba en pérdidas $16 mil millones. Calificó el bloqueo a Cuba como “un castigo colectivo proscrito por el derecho internacional y humanitario.”

Existe una relación muy estrecha entre las prohibiciones que establece el Derecho Internacional Humanitario y otras convenciones internacionales, como es el caso de la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Esta fue aprobada mediante la Resolución 260 (III) de la Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1948, entrando en vigor el 12 de enero de 1951. La Resolución 260(III), sostenida como antecedente en la Resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, declara el genocidio como delito del derecho internacional contrario al espíritu y los fines de la Carta de las Naciones Unidas. Al definir “genocidio”  señala que cubre aquellos actos en virtud de los cuales, con la intención de “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, se provocan matanzas de miembros del grupo; se provocan lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; se provoca el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción física, total o permanentemente; se provocan medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y finalmente, se provoca el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

En una alocución anterior en 2020 en el proceso de aprobación de la resolución correspondiente a ese año, en referencia además al “Informe sobre las afectaciones del Bloqueo a Cuba en el año 2020”, Rodríguez Parrilla estimó los daños causados a su país entre abril de 2019 a diciembre de 2020 en $9,157 millones a precio corriente y en $17,000 millones en el pasado lustro. Sumando el costo para Cuba como resultado del Bloqueo impuesto, desde su origen temprano en la década de 1960 al presente, el costo estimado asciende a $147,853 millones. Indicó el Canciller cubano que se trata de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económicas global provocada por la pandemia”, que ha privado a Cuba de “ingresos indispensables como los derivados del turismo.”

El antes mencionado Informe incluía datos acerca de la vigencia de las leyes norteamericanas en las cuales se sostiene el bloqueo; las principales acciones del bloqueo por parte de Estados Unidos adoptadas entre abril de 2019 y marzo de 2020; los efectos de la aplicación de la Ley Helms-Burton (“Ley para la Libertad y Solidaridad  Democrática Cubanas”) y las demandas presentadas por Estados Unidos al amparo de ésta en sus tribunales; la respuesta cubana a dicha ley mediante la aprobación de la Ley Núm. 80 “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas” de 1996; las afectaciones del bloqueo en los sectores de mayor impacto social (salud, alimentación, agricultura y deporte); afectaciones al desarrollo económico (producción y servicios, industria biofarmacéutica, turismo, comunicaciones e informática, construcción, transporte, energía y minas) y comercio exterior; las afectaciones  al sector bancario y financiero (negativa a prestar servicios bancarios, envío y recepción de documentos bancarios a través de agencias de mensajería y aplicación extraterritorial); afectaciones a entidades cubanas; afectaciones extraterritoriales; etc.

A pesar de la política contra Cuba de parte del gobierno estadounidense, han sido múltiples las voces que desde el propio Estados Unidos, representando los sectores agrícolas, cultural, académico; del mundo de los negocios; personalidades, incluyendo sectores políticos; así como desde la solidaridad, han demandado el cese del bloqueo. En el plano internacional, también ha sido importante las expresiones de rechazo al bloqueo, tanto por gobiernos como a través de mecanismos multilaterales en materia de relaciones exteriores. Lo anterior demuestra inequívocamente que en esta lucha contra la agresión imperialista, Cuba no está sola. Entre los países que se expresaron en contra del bloqueo impuesto a Cuba se encuentran países con distintos tipos de gobierno y diferentes aproximaciones ideológicas en dichos partidos de gobierno, así como de organismos internacionales como CELAC, Movimiento de Países No Alineados y el G-77.

Es evidente que a escala global, el consenso de la comunidad internacional es en favor del cese del bloqueo a Cuba. Sin embargo, también es un punto de partida en el análisis que el poder económico de los Estados Unidos a escala global continúa siendo un impedimento para el normal desarrollo de Cuba y su Revolución. De ahí la importancia de continuar denunciando la agresión que representa este bloqueo para el hermano pueblo cubano.

En su alocución, el Canciller cubano demandó: “¿Hasta cuándo señores? ¡Dejen a Cuba vivir en paz, let Cuba live in peace!