La defensa de los empleados públicos despedidos por la Ley 7 le costó caro a la Asociación de Empleados del ELA (AEELA).

Durante la implantación de la Ley 7, mediante la cual se despidieron más de 20 mil empleados públicos en el verano del 2009, la Asamblea de Delegados de AEELA, en una acción de defensa de sus socios-dueños, manifestó su posición contra la Ley y radicó un recurso ante los Tribunales en reclamo de los derechos de los empleados públicos afectados. La Asamblea de Delegados también se unió al Movimiento Obrero y participó en todas las actividades que fueron convocadas para denunciar los injustos despidos de los empleados públicos que en su mayoría, son socios dueños de la Asociación.

La reacción del gobierno de Luis Fortuño y su Legislatura a la postura de AEELA fue aprobar el 14 de noviembre del 2009 la Ley 136 para enmendar la composición de la Junta de Directores y tan reciente como el 22 de julio del 2011 la Ley 144.

La vicepresidenta de la Asamblea de Delegados, de AEELA, Mirthia Cruz Cabrera, describió y denunció que “el efecto que tienen las enmiendas a la Ley 133 del 28 de junio de 1966, que creó a AEELA, es poner en manos del Gobierno una Institución Privada, propiedad de los empleados públicos que somos Socios Dueños; que ha sido exitosa durante sus 90 años de historia; que cuenta con un capital de más de $2 mil millones de dólares; que es dirigida por los propios Delegados electos por su matrícula”. Explicó que con los nuevos estatutos el Gobierno actual controla la Junta de Directores, ya que la Ley le otorga derecho a que el Ejecutivo nombre tres (3) miembros de la Junta, el Senado nombre tres (3) y la Cámara nombre tres (3) para un total de nueve (9) miembros que no son Delegados y que responden al Ejecutivo y al Legislativo.

Aunque la Asamblea de Delegados cuenta con cerca de 200 Delegados electos por los socios dueños, y que según la anterior Ley, tenían el poder de gobernar y de elegir a los Miembros de la Junta de Directores, ahora no es así, ya que con los nuevos estatutos se le otorga estos poderes a la Junta de Directores, controlada por el Gobierno. Como si no fuera suficiente, la nueva Ley dispone además que los fondos de la Asociación serán depositados por la Junta de Directores en “un Banco del Gobierno”.

Ahora bajo la consigna de “Defendiendo lo Nuestro”, los delegados y miembros de la Directiva de la Asamblea de Delegados de AELA anunciaron la celebración de una asamblea pública de los socios dueños de la Asociación, este próximo sábado cinco de noviembre con el objetivo de aprobar un proyecto de ley que derogue los dos estatutos. Según se anunció en conferencia de prensa, en la asamblea de delegados se espera aprobar un proyecto, el cual sería sometido a la consideración de todos los candidatos a la gobernación en las próximas elecciones y a la Asamblea Legislativa para que expresen su apoyo o rechazo.

La asamblea se llevará a cabo desde las 10 de la mañana frente al edificio principal de AEELA (Plaza AEELA) en la avenida Ponce de León en Hato Rey. En la actualidad la Asociación cuenta con una matrícula de sobre 178,000 socios dueños “todos serán convocados para que, con su voto directo a viva voz, aprueben el proyecto de ley que les será presentado por los organizadores de esta actividad, derrotando así una legislación perversa, propuesta en su origen por la presidenta de la Cámara, Jennifer González y por la representante Lourdes Ramos y avalada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz”, expresó Federico Torres Montalvo, delegado y presidente del Comité Especial responsable de organizar la asamblea.

El delegado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y también miembro del Comité Especial, licenciado José Ortiz Torres, informó que los abogados de la Asamblea de Delegados están preparando un recurso legal para impugnar la Ley 133 en los tribunales, la cual dijo constituye un precedente nefasto, ya que se trata de una toma por parte del Gobierno de una institución privada.

Torres Montalvo exhortó a los socios de AEELA a no permitir este asalto por parte del Gobierno. “Es por esto que el 5 de noviembre nos lanzaremos a la calle, para denunciar esta perversidad y para derogar esta nueva Ley”.

El encargado del Comité de Finanzas, Jorge Rodríguez, delegado del sector de Acogidos, informó que para poder recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo la concentración, se abrió la cuenta número 027-40108-1 en el Banco Popular por lo que le están solicitando a todos los socios dueños que hagan un aporte mínimo de $5.00. Se indicó que el dinero sería utilizado para los gastos de promoción, movilización y todos los demás gastos que requieren una actividad como ésta.