Carta Abierta a la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal en respuesta al reciente Informe sobre la Policía de Puerto Rico.

10 de septiembre de 2011

Comisión de Derechos Civiles,
Departamento de Justicia Federal
Presidente de Estados Unidos (de turno)

Señores y Señoras Funcionarios:

Me dirijo a ustedes con la menor simpatía o cordialidad posible. Esta misiva va dirigida en respuesta a la burla y prepotencia que supone el reciente informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal sobre el estado de la Policía Nacional de nuestro maltrecho País, Puerto Rico.

Argumentarán retóricamente que un informe como el susodicho pretende mejorar la calidad de los derechos civiles de Ciudadanos Americanos residentes en esta isla, y se sentirán, como los patriarcas de la democracia y la libertad.  Sin embargo, pasan por alto que dicho informe pretende imponer muchos preceptos de la propia Constitución Federal que, a conveniencia suya, violan sin escrúpulo alguno.

Entiéndase en primer lugar, que lo que precede no se trata de la evidente condición violatoria de derechos civiles que en efecto comete a diario la Policía de Puerto Rico, o de la actitud dictatorial que exhiben los gobernantes de turno en cuanto a la disidencia civil.  Esos son problemas internos que reconozco existen.  Esta carta brinda una mirada mas profunda a lo que significa un informe de una división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de la Nación más violatoria de derechos civiles en la historia de Puerto Rico.  Veamos.

La historia reciente de los Estados Unidos de América desenfunda violaciones de derechos civiles a mansalva, específicamente contra países que piensan diferente a sus señorías.  Basta con señalar que aún sostienen un embargo criminal y completamente opresor sobre TODOS Y CADA UNO de los residentes del País de Cuba, ilustrativo de once millones de violaciones de derechos civiles ante la población de este país.  Esto sustentado en un evento que autorizó un gobierno, y en el que penalizan a todo un pueblo.

Evidenciado queda también el trato desigual y la marginación de los inmigrantes, cuando el Gobierno que sus señorías dirigen permite leyes discriminantes tales como la reciente ley de inmigrantes promulgada por el estado de Arizona, o la barbarie que constituye el uso de la base de Guantánamo, cuyas políticas públicas desbancan cualquier argumento a favor de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución propia.

Ahora, pretenden poner en entredicho a nuestra Policía Nacional la cual evidentemente se encuentra en precario legal y moral, con argumentos que deberían aplicarse a si mismos.  Citan las Enmiendas Primera, Cuarta y Decimocuarta de la Constitución de su país, y señalan (con mucha razón, dicho sea de paso) violaciones de derechos civiles cometidos por la Uniformada.  Lo cierto es que, la doctrina de manos limpias evita el alzar una cuestión de derecho si el que demanda posee una conciencia impura sobre lo que alega.

El Informe sobre la Policía de Puerto Rico habla en su esencia sobre el uso de fuerza excesiva, discriminada y pobremente supervisada en violación de la Cuarta Enmienda, y la supresión de derechos protegidos por la Primera y la Decimocuarta Enmienda Específicamente hablan sobre que la Policía “depende de la fuerza excesiva y de la intimidación como herramienta para efectuar sus registros, y proceden con registros, aún cuando saben que la dirección, identidad del individuo, u otra información pertinente es incorrecta.”

Sin embargo, tan reciente como en el 2005, ustedes se mofaron de nuestro pueblo cuando a un ciudadano de Puerto Rico llamado Filiberto Ojeda Ríos se le privó de su debido proceso de ley, cuando el FBI lo asesinó en su propia residencia.  Independientemente de lo que haya hecho o como le consideren, su derecho al debido proceso de ley es INALIENABLE, y debió respetarse.  Esto como ejemplo de lo que su propia policía federal hace en contra de los derechos civiles de Puerto Rico y que, dicho sea de paso, ustedes prefieren callar.

La libertad de prensa también fue objeto de violación por el FBI el 10 de febrero de 2006 cuando un grupo de reporteros cubría un evento de un registro de la residencia de una activista independentista de nuestro país, la Sra. Liliana Laboy.  De manera discriminada, utilizando rotenes y gas pimienta, los agentes del FBI privaron a los periodistas de realizar su labor por el uso de fuerza bruta.  Agentes quienes además se encontraban fuertemente armados con armas largas en una residencia donde se encontraban niños, ancianos y transeúntes.  Sin embargo en el Informe objeto de la presente misiva hablan de “el marcado distanciamiento entre los residentes y los agentes de las unidades tácticas quienes rutinariamente entran en masa a vecindarios con sus armas de alto calibre desenfundadas en la presencia de niños, ancianos y otros transeúntes”.  Esto es una burla al Pueblo de Puerto Rico por parte del Departamento de Justicia federal.

Pero lo más aberrante del Informe es cuando hablan de la marginación de las comunidades de escasos recursos y la de nuestros hermanos dominicanos. Si bien es cierto que existe la marginación de estos sectores y de muchos otros como los de la comunidad gay, y los medico indigentes entre otros, no es menos cierto que su Nación, alegada defensora de la libertad y la democracia mundial, ha sido pusilánime en el reclamo consistente y humanista de la representación adecuada de cuatro millones de personas para tener voz, voto y presencia sobre las leyes que le son impuestas arbitrariamente.

Me parece insensible y prepotente el que la llamada Comisión de Derechos Civiles tenga la fuerza de cara para regañar a la Policía Nacional de un País por marginar porciones de la población que se supone proteja, sin reconocer primero que las leyes del País que sus señorías representan nos son impuestas por la fuerza, sin que tengamos la oportunidad de expresarnos y oponernos a las mismas.  Se nos viola constantemente el debido proceso de ley al imponernos cortes federales las cuales no son parte de un gobierno DEMOCRATICAMENTE ESCOGIDO POR NOSOTROS, EL PUEBLO DE PUERTO RICO.  Esta llamada Comisión de Derechos Civiles, en mi opinión debe emitir una opinión al respecto, o simplemente callar sobre los asuntos superficiales como el que trató en el citado Informe.  Les recomendó que comiencen por describir y afirmar que los residentes en Puerto Rico NO SON ciudadanos americanos, sino ciudadanos de segunda, esclavos del gobierno de turno que el Pueblo Norteamericano le de la gana de empoderar.

En conclusión, aquí no se necesita jugar a la familia feliz, donde se reprende al niño cuando hace algo malo.  Aquí se necesita acción contundente y afirmativa  para que Estados Unidos detenga inmediatamente las violaciones a los derechos no tan solo civiles, sino humanos que le corresponden a nuestro Puerto Rico.  Como nación, los Estados Unidos cometen crímenes de rango internacional en contra del Pueblo de Puerto Rico al escudarse detrás de la alegación de que esta situación es el deseo del Pueblo de Puerto Rico.  Les recuerdo: “Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”, según la constitución que tanto defienden, en su Decimocuarta Enmienda.  Es inmoral que el gobierno federal pueda implementar leyes que, de la misma manera, los estados no puedan.

Aquí no vivimos esclavos como animales que nos alimentamos de los fondos de las arcas federales que ustedes les interesen ofrecernos para acallar nuestras verdaderas necesidades.  Aquí vivimos ciudadanos que exigimos respeto, libertad e igualdad de condiciones ante una situación política repugnante.  Es por lo anterior que espero un informe de la propia Comisión de Derechos Civiles que relate la situación precaria de los derechos civiles, humanos y políticos de los ciudadanos de Puerto Rico ante las políticas de Estados Unidos en detrimento de nuestra sociedad.


Atentamente:

Oscar A. Nieves Díaz
AQ-26 Ave. Laurel
Bayamón, Puerto Rico 00956
Tel/Fax (787) 995-6739
oanieves@gmail.com