La Junta de Control Fiscal (JCF) que establece el proyecto HR 5278 (la llamada PROMESA) ya aprobado en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, no resuelve los problemas fiscales de Puerto Rico y mucho menos cumple con principios básicos de política pública.

Así lo expuso el Centro para la Nueva Economía (CNE) una entidad de estudios  independiente de Puerto Rico y a la única de las entidades de la isla –que participó   en las vistas públicas del Senado en que se discutió la situación de la isla.

En una presentación a la prensa el director ejecutivo del CNE Miguel Soto Class dejó ver su pesar de que, tras el Centro haber invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir sus conocimientos sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado de EE UU que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC no puedan ahora respaldar el proyecto. Dijo que el CNE había presentado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico, propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda,  para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico y encaminar un proceso que reactivara el crecimiento económico.

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278- y aunque reconocemos que se ha hecho un trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartida – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto”, declaró  Soto Class. Reparó en que el tema de la junta de control fiscal ha sido uno de los más complicados, complejos y difíciles de los que ha tratado el CNE.

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que- luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos- pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda ( o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda”, declaró Soto Class.

Más adelante concluyó “Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro”.

La JCF no es la solución a la crisis

La postura y el análisis del CNE respecto a la JCF es uno esperado con muchas expectativas por  diversos sectores del país. El director de política pública el economista Sergio Marxuach  presentó que el análisis del CNE estaba basado en seis principios básicos de política pública.

El primero es que cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico.

El CNE destacó que el HR 5278 no cumple con este principio debido a que a la JCF se le confieren poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal. La Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de Puerto Rico, pero no estará sujeta al control o la supervisión de funcionarios locales; podrá forzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de Puerto Rico; podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos; podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales; y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

El segundo principio es que  la decisión final sobre materias impositivas y de gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de la isla  que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas. El proyecto tampoco cumple con este principio ya que la Junta prácticamente toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico: queda facultada para desarrollar  el presupuesto del gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios públicos.

Tercero los procesos para reestructurar la deuda deben tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda. La Junta tampoco cumple con este principio apuntó el CNE. Se expuso  que El HR 5278 representa progreso sobre el proyecto anterior (HR 4900). Sin embargo, los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en alivio a la deuda. HR 5278 crea un proceso complejo de clasificación de acreedores; contempla un periodo muy corto de aplazamiento para los litigios; y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta de Control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte.

El cuarto principio es que  ninguna clase de deuda debe ser excluída del proceso de reestructuración. En este punto el CNE reconoce que el proyecto incluye los Bonos de Obligación General (GO’s) y COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos.

El quinto principio es que se debe crear un Task Force congresional sobre crecimiento económico de Puerto Rico. El CNE dio su avala de manera parcial a este punto debido a que aunque el proyecto crea un  Task Force de Crecimiento Económico, sin embargo, no le asigna fondos y tiene una vida muy corta. Asimismo, excluye entidades no-gubernamentales y de la sociedad civil del proceso de consulta.

Sobre estos principios Marxuach destacó primero, el que uno de los principios de la revolución americana fue precisamente la defensa de que el poder de cobrar impuestos y decidir gastos debe mantenerse en el pueblo que los paga. En este proyecto ese principio se vulnera de manera total.

Entre los asuntos sobresalientes Marxuach expuso que para el CNE era importante el que se creara un grupo de trabajo a nivel congresional “un interlocutor con el que Puerto Rico pueda tratar”.  Aunque la medida crea un “task force” el Centro dijo estar de acuerdo con éste parcialmente. Marxuach expuso que dado a que Estados Unidos tradicionalmente no acepta que tuvo y tiene colonias,  en el 1961 se aprueba un memorando por el presidente Kennedy  en el cual se le quita la jurisdicción al Departamento del Interior sobre Puerto Rico y se le transfirió a la Casa Blanca.

Después bajo la administración de Bush padre en 1989 se aprueba otro memorando donde dice que ya no sería la Casa Blanca sino  que cada departamento , o  agencia del gobierno de EE UU atenderá los problemas que apliquen a la Isla según cada agencia.

“Eso crea un problema al tener que tratar un asunto tan complejo como el desarrollo económico que tiene muchas dimensiones. No hay con quién tener ese diálogo por eso nosotros consideramos que por lo menos a nivel congresional, que al fin y al cabo bajo el sistema constitucional de Estados Unidos  es quien tiene la responsabilidad primaria sobre Puerto Rico  bajo la cláusula territorial nos guste o no, por lo menos tener algún tipo de interfase con el Congreso para poder hablar estos temas”, apuntó Marxuach.

El CNE comentó que de entrada el objetivo de la JCF queda claramente establecido en el proyecto cuando dice que  su propósito es lograr responsabilidad fiscal –cosa que no define- para que el país vuelva a tener acceso al mercado de capital.

En cuanto al segundo principio establecido por el CNE Marxuach explicó que el proyecto establece que se debe hacer un plan fiscal de cinco años, el cual se va actualizar cada 5 años, se le requiere que incluya como 14 cosas que están en la Sec 201. B incluyendo los fondos adecuados para correr el gobierno y hacer un análisis de sustentabilidad que el permita al país, cumplir  con todas sus obligaciones.  Sobre este proceso Marxuach dijo que está en descuerdo con el comisionado Pedro Pierluisi , que ha pretendido presentar que este proceso es uno que va a “correr como miel sobre hojuelas y  no va ser así, porque el plan fiscal una vez esté certificado por la Junta es el plan maestro que va a determinar el presupuesto del año que viene pero yo veo que va haber choque serio entre cualquier gobierno y entre la junta”.

Una de las cosas que dice el proyecto que mirara la Junta es cuánto está costando todos los beneficios contributivos que otorga el ELA no obstante se advierte que este informe no será público. La apreciación de Marxuach respecto a este particular es que requiere ir por “nombre y apellido”.  Hay que traer a la atención que el estudio de Kruguer hizo ya este ejercicio y este informe se hizo público.

Respecto  al proceso de reestructuración de deuda censuró que como el Congreso no quiere poner a la isla en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras lo que ha hecho es crear un hibrido de régimen de quiebra territorial  con conceptos del mundo financiero de países soberanos mezclados con conceptos del Titulo 11 de su ley de quiebras, que en su mayoría tienen que ver con las reestructuraciones de compañías privadas.

El complicado proceso de “negociación de buena fe”  para la reestructuración de la deuda el cual requiere el aval de la JCF si al final todavía el juez del Tribunal de Estados Unidos que va hacer el análisis de ese plan considera que los acreedores salen mejor bajo otras leyes ordinarias de quiebra del territorio tienen la oportunidad de volver a litigar.

“Podemos concluir que este proyecto obviamente no respeta las instituciones políticas de Puerto Rico  ni tampoco cumple con el principio de que el poder final de las decisiones de gastos recaiga sobre los oficiales electos del pueblo de Puerto Rico vuelvo y digo sabemos que se ha hecho un trabajo malísimo durante los últimos años pero eso no significa que no lo podamos hacer es irónico en el sentido de que  cualquier  persona que conoce la historia de Estados Unidos conoce lo importante de este asunto.  Este asunto en la historia americana”, manifestó Marxuach.

El economista recalcó que al hacer el balance entre los costos y beneficios el proyecto no favorece en nada a Puerto Rico, ni siquiera hay un balance justo y está totalmente inclinado hacia el lado de la supervisión en vez de proveer el alivio fiscal que se necesita para que el país vuelva a crecer; “por eso es que estamos ahora diciendo esto no lo podemos endosar, hay que cambiarlo sustancialmente cosa que dudo… creo que la mayoría de los puertorriqueño no debería estar de cuerdo con algo así, pero en mi opinión personal es que esta oferta del Congreso no es aceptable y no la podemos endosar”.

El CNE envió con fecha del 24 de mayo una extensa carta al presidente del Comité de Recursos Naturales, el representante Robert Bishop en la que expone su análisis sobre la medida.