El régimen de la Junta se prolongaría por tiempo indefinido y actuaría, según el propio Congreso, “en el interés de los acreedores”.

El proyecto HR 5278 cínicamente llamado “PROMESA”, (ver páginas sometido mediante consenso bipartito en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos la semana pasada, establece una Junta Federal de Control Fiscal (JCF) de carácter totalitario que usurpa y asume todos los poderes relevantes del gobierno constitucional electo de Puerto Rico.

De convertirse en ley, como se anticipa, la Junta compuesta por siete individuos propuestos por el Congreso y nombrados por el presidente de Estados Unidos, (de los cuáles apenas uno se requerirá que tenga residencia principal o negocio en Puerto Rico), tendra control directo sobre toda legislación local y toda acción del Ejecutivo e incluso le confiere autoridad para impedir que se pongan en vigor cualquier ley u Orden Ejecutiva que se intente implantar sin su aprobación.

“Esto es simple y sencillamente una dictadura del peor tipo. Es regresar a la epoca de los poderes omnímodos, igual al “direct rule” que era el modelo despótico británico de gobernar sus colonias, nos hacen lo que le hacían sus antiguos amos”, sostuvo Wilma Reverón Collazo, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH)

Según se destaca burdamente en el propio resumen ejecutivo publicado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que preside Rob Bishop, como uno de los puntos “mejorados” con respecto a la primera versión de la medida (HR 4900) presentada en marzo pasado, la Junta de Control Fiscal ahora tendrá la autoridad de “forzar la venta de bienes gubernamentales y establecer eficiencias que consoliden agencias y reduzcan la fuerza de trabajo”. (Entiéndase, la Junta podrá destituir todos los empleados públicos que estime conveniente).

Además, destaca “la reafirmación de que ‘PROMESA’ tiene supremacía sobre cualquier ley o regulación territorial que sea inconsistente con esta Ley o los Planes Fiscales”. Podría interpretarse que con esta cláusula de supremacía la “PROMESA” desplaza y suplanta todo lo que sea incompatible con dicha ley federal, ya que,como se verá, sólo reconoce la Constitución para efectos de su cláusula sobre la obligación y el orden de pago a los acrredores del Gobierno.

Es evidente también su propósito de eliminar el concepto de Estado Libre Asociado (ELA) ya que en todo momento alude a “gobierno territorial” leyes territoriales” y propone que se pueda aplicar en el futuro a los demás gobiernos territoriales de Estados Unidos que lo soliciten pero a Puerto Rico se le impone.

Un régimen para facilitar el cobro de la deuda

El régimen de la Junta, que en la nueva versión del HR 5278, fue producto de negociación y consenso entre el presidente republicano de la Cámara, Paul Ryan, la líder de la Minoría demócrata, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro Jack Lew, tiene como objetivo expreso asegurar que los acreedores, que incluyen de forma destacada a los infames Fondos Buitres, logren cobrar la mayor parte posible de deuda de unos $73,000 millones de Puerto Rico a expensas del bienestar de los puertorriqueños.

“Ésta es una imposición unilateral del Congreso de Estados Unidos actuando en representación de los acreedores de Puerto Rico para garantizar que éstos puedan exprimir hasta la última gota de jugo de la china”, dijo el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Fernando Martín. “No tiene otro propósito que asegurar que cobren el máximo posible aunque sea al costo de un deterioro aún mas dramático del que ya hemos vivido de las condiciones sociales y los servicios gubernamentales en Puerto Rico”, agregó.

Pero este objetivo cargado en contra del bienestar del pueblo puertorriqueño y a favor de los bonistas y los fondos buitres se desprende expresamente del contenido mismo de la ley y del muy revelador resumen ejecutivo que demuestra su intención legislativa.

En dicho resumen el Comité establece que “La Junta jugará un papel clave para hacer justicia a los acreedores en cualquier plan de ajuste de deuda”. También define que “cualquier propuesto plan de ajuste por parte de la Junta tiene que ser en el mejor interés de los acreedores”. En otra parte indica que “PROMESA se asegura de que Puerto Rico no tenga posibilidad de repudiar sus deudas.

Según el proyecto, la Junta le dará un plazo al gobernador para presentar un plan fiscal de no menos de cinco años, sujeto a ser aprobado por dicho organismo federal. El esquema de los planes fiscales establece una serie de requisitos que a primera vista parecerían razonables, si fueran establecidos por las autoridades elegidas por el Pueblo, como presentar presupuestos balanceados y asegurar el pago de pensiones, pero también incluye la obligación de “adoptar recomendaciones de la Junta”.

Estas “recomendaciones”, de carácter obligatorio para cumplir con la ley, pueden estar relacionadas con cualquier asunto financiero o de reducción de gastos, con la reorganización de agencias gubernamentales, la modificación de estructuras contributivas o establecimiento de impuestos adicionales; “alternativas” para cumplir con las pensiones de los jubilados del servicio público (o sea pueden reducir pensiones ya adjudicadas); también incluye “recomendaciones” relacionadas con el efecto de las leyes y órdenes judiciales de los tribunales de Puerto Rico sobre las operaciones del gobierno territorial, y sobre “la privatización y comercialización de entidades del gobierno territorial”.

Utiliza el término “recomendaciones” para aparecer menos totalitario e indica que si el gobernador no adopta éstas tendrá que dar explicaciones al Congreso y al Presidente de Estados Unidos. (sec 205, pág 63 del HR 5278) No obstante, en otra parte deja claro que uno de los “requisitos” que debe cumplir un Plan Fiscal sometido por el gobernador para que la Junta se lo apruebe es “adoptar las recomendaciones apropiadas sometidas por la Junta de Control bajo la sección 205”. (sección 201 (B) (1) [K] pág 37)

El organismo federal totalitario tendría el poder de aprobar o rechazar los presupuestos anuales sometidos por el “gobierno territorial” según los encuentre compatibles o no con el Plan Fiscal de 5 años que esté vigente. La alusión a posibles planes fiscales de cinco años recalca la idea de que el régimen de la Junta, previsto para un “mínimo de 4 años” tiene duración indefinida, que según plantea, terminaría cuando Puerto Rico tenga al menos cuatro presupuestos balanceados consecutivos y tenga acceso a los mercados de capital para recibir financiamiento y contraer nuevas deudas.

Toda legislación que apruebe la “legislatura territorial” tendrá que ser sometida a la Junta en un plazo de siete días para iniciar el proceso de aprobación o rechazo por parte de la todopoderosa entidad colonial. El proyecto HR 5278 también le confiere a la Junta el poder de revisar contratos, normas, regulaciones y órdenes ejecutivas del gobernador o cualquier jefe de agencia y la Junta podrá impedir la ejecución de cualquiera de éstos si entiende que contravienen el Plan Fiscal que esté vigente.

En el área de reestructuración, el proyecto establece una moratoria hasta mayo de 2017 para dar paso a negociaciones y conlleva que si no se logran acuerdos, la Junta, con la aprobación del voto de 5 de sus 7 miembros, puede obligar a un grupo de acreedores de cualquier entidad espeífica del gobierno territorial a someter la controversia ante un juez federal de Quiebras que tomaría las decisiones en un proceso de ajuste de deuda. Sin embargo, todas esas determinaciones estarían fuera de control de Puerto Rico y bajo la autoridad de la Junta.

La Ley ordenaría que se observe la jerarquía de deudas que establece la Constitución de Puerto Rico, de manera que la única disposición constitucional de PR que menciona y valida expresamente es la que la ordena pagarle en primer lugar a los acreedores de las Obligaciones Generales del Gobierno Central por encima incluso de los pagos de nómina de los empleados públicos y de gastos necesarios para la prestación de servicios al Pueblo.

Opresión laboral y peligro ambiental

La Junta Federal, según el proyecto, autoriza al gobernador a eximir a los patronos de la obligación de pagarles salario mínimo a sus empleados de 25 años de edad o menos –podrían pagarle $4.25 la hora en vez del mínimo de $7.25, cifra que el gobierno de Obama intenta aumentar, pero que dejaría fuera al sector más joven de nuestra fuerza laboral.

Asimismo, la Ley federal eximiría a los patronos de tener que cumplir con la normativa ejecutiva aprobada en Estados Unidos que les oblige a pagar horas extra a todos los trabajadores que devengan menos de $47,476 anuales. Ahora sólo hay que pagar horas extras por ley federal a los que ganan menos de $23,660 al año pero ese nuevo beneficio excluiría a los empleados boricuas.

Estas medidas patronales han sido repudiadas por todo el espectro sindical de Puerto Rico, por los sindicatos y algunos políticos demócratas de Estados Unidos, incluyendo al precandidato presidencial Bernie Sanders. Se ha planteado por estos sectores que la exclusión del salario mínimo hasta la edad de 25 años es otro incentivo para que los jóvenes boricuas abandonen la Isla al ser condenados a recibir la mitad del saalario que obtendrían en Estados Unidos por trabajos de por sí mal pagos. Ante la resistencia de los demócratas en el Congreso, la mayoría republicana optó por dejar la disposición pero pasándole la “papa caliente” al gobernador y no fuera otra de las tantas imposiciones federales directas de la medida.

Por otra parte, la propuesta entra en el área de la permisología y ha levantado banderas rojas en el sector ambientalista ya que habla de “acelerar significativamente el proceso de permisos para proyectos de infraestructura”, lo que se anticipa se traducirá en obviar las reglamentaciones que dan alguna protección a la ciudadanía para poder evitar daños ambientales que afectan la salud de la población y la calidad de los recursos naturales.

Especial para CLARIDAD