Los que se creen el cuento de que hay que olvidarse de la historia de las relaciones de Estados Unidos con el Caribe y avanzar con entusiasmo hacia el capitalismo, deberían leerse este artículo que habla del plan del Congreso estadounidense para Puerto Rico. Si esto es lo que tienen montado para Puerto Rico, imagínense lo que le depararía a Cuba. La legislación que el Congreso de EEUU ha adoptado – con votos del Partido Demócrata – da una idea clara de cómo el neocolonialismo persiste en la política estadounidense.

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El Imperio está otra vez de moda. La crisis financiera que está destripado actualmente a la isla de Puerto Rico juega en el peor de los casos a nivel mundial a un fallido suicidio asistido. La venta de sus fondos municipales y su promesa de devolverle a los inversores lo que han gastado, garantizada por la Constitución, ha sumido a la isla en una situación muy precaria para sus millones de ciudadanos, mientras llega la oportunidad de sus vidas para los amantes de los fondos de cobertura. Es loable que la crisis económica actual en la isla haya generado algunos titulares, entre ellos una pieza muy bien pensada hecha por el el comediante John Oliver -Oliver dio una detallada explicación sobre la situación económica en la isla, que enfrenta una deuda de 70 000 mil millones que no puede pagar, ni se le permite acogerse a la ley de quiebra mientras se acerca la fecha del 1ro de mayo, término límite para el repago. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la instintiva reacción legislativa del Congreso ante el hecho.

El proyecto de ley, H. R. 4900, fue diseñado para imponer una Junta de supervisión destinada a administrar las funciones fiscales del pueblo de Puerto Rico y ha desatado una tormenta en la oposición política de la Isla, cuyas observaciones fueron ignoradas. La controversia en torno a este proyecto de ley ha servido como un catalizador que subraya la indiferencia profunda y el desprecio hacia la cuestión de la autodeterminación y la completa falta de soberanía otorgada a los isleños.

El intento de aprobación de esta ley fue una respuesta por parte del Congreso al inminente impago de Puerto Rico a los préstamos, y la insolvencia actual de la isla ha atraído un mínimo de atención en EEUU, una nación que por lo general está ajena al hecho de que Puerto Rico no es sólo una parte de los Estados Unidos, sino que sus habitantes son en realidad ciudadanos de Estados Unidos.

Los fondos de cobertura, buitres capitalistas, finalmente se han vuelto contra la Isla después de un frenesí de compra de bonos de décadas de duración que permitió a la clase dirigente de Puerto Rico hacerse de un capital enorme y condenar a la Isla a la precariedad económica en el futuro previsible. Ellos están de pie, con las alas extendidas, dispuestos ser el canal financiero de la isla. La aparente inevitabilidad del reembolso de los morosos el próximo primero de mayo y la incapacidad de declarar legalmente la quiebra debido a la condición colonial de la isla, son un verdadero regalo del cielo para los especuladores y capitalistas del desastre.

Bajo este clima de incertidumbre y la promesa de beneficios a los capitalistas del desastre, no parece muy apropiado que el proyecto de ley llegara a ser conocido como “PROMESA”. No debería ser una sorpresa para nadie que la H. R. 4900 es patrocinada por un republicano de Wisconsin de fuerte impronta neoliberal, el Representante Sean P. Duffy. Este proyecto de ley tiene toda la sutileza que se espera de un cirujano que opera un cerebro con un cuchillo de carnicero.

El asalto neoliberal contra la clase obrera es algo que, por supuesto, se espera, pero la agresión abierta contra cualquier deseo de Puerto Rico a la libre determinación y la insistencia en saquear la isla en beneficio de los inversores y especuladores, representa una escalada flagrante del colonialismo estadounidense, que no se veía desde los primeros años de su expansión imperial en el extranjero a finales del siglo XIX.

La ley HR 4900 afirma que su objetivo es “establecer una junta de supervisión para ayudar al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los instrumentos para el manejo de sus finanzas públicas, y para otros fines”. Este proyecto de ley se basa en la necesidad de regular no sólo las finanzas de la isla endeudada, sino también sus políticas económicas.

Los argumentos declarados y los silencios notorios que se encuentran en la redacción de este proyecto de ley son clave, como en todas las partes de la legislación, en la comprensión no sólo de su objetivo declarado, sino también su intención ideológica y económica final. En el caso de la HR 4900 la verdadera intención de establecer una junta de supervisión es evitar por completo todas las formas de acción política autónoma en Puerto Rico y someter a la isla a la más dramática reversión histórica de su relación con el gobierno federal desde la concesión de la Commonwealth a Puerto Rico como Estado (Libre Asociado) en 1952. Esta junta económica a su vez reducirá sus poco más de tres millones de habitantes a una fuente de mano de obra barata sin voz.

Un examen de la letra de este proyecto de ley revela cuán corrosiva es esta propuesta para cualquier forma de proceso democrático que la población podría utilizar para resistir o derogar esta junta económica impuesta por decreto imperial. Por ejemplo, la Sec. 104 sobre los poderes de la junta de supervisión afirma que “puede, con el propósito de llevar a cabo esta Ley, celebrar audiencias, reunirse y actuar en momentos y lugares, tomar declaraciones y recibir pruebas que la Junta de Supervisión considere apropiado. El Consejo de Supervisión puede administrar juramentos o afirmaciones de testigos comparecientes”.

Entre las medidas propuestas por este proyecto de ley está el sometimiento de los funcionarios elegidos de la isla a los caprichos de la junta, que puede presionar para aprobar una legislación específica. Incluye un proyecto que penaliza los sindicatos, limitando severamente el derecho a la protesta y la huelga, y para reducir el salario mínimo en la isla, que no tiene que subordinarse a la disposición del salario mínimo federal.

Una amenaza aún mayor para la autonomía democrática es la exención de responsabilidad: “la junta de supervisión, sus miembros, y sus empleados no serían responsables de cualquier obligación o demanda contra la Junta de Vigilancia o de sus miembros o empleados o del gobierno territorial, derivados de las medidas adoptadas para llevar a cabo la presente ley”. La Junta reemplaza a la ley existente y crea su propio estado de excepción que opera fuera de la responsabilidad judicial y electoral.

Puerto Rico siempre ha estado plagada de problemas económicos. Durante los cuatro siglos de ocupación española de la isla, Puerto Rico fue visto solo como un productor de cultivos comerciales, en particular el azúcar y el tabaco, plantados y recogidos por el trabajo esclavo y los pequeños agricultores. La transición a la economía estadounidense después de que Estados Unidos invadió la isla, consolidó las plantaciones de azúcar y la expropiación de las tierras de los pequeños agricultores, que se redujeron a niveles mínimos de indigentes precaristas. Los beneficios procedentes de la industria del azúcar fluyeron hacia afuera con muy poca reinversión en la economía de la isla.

El cambio a una economía industrializada comenzó con la Operation Bootstrap de 1948, que condujo a una fuerte urbanización de la isla. Esta segunda fase de expansión capitalista condujo a un tipo diferente de escape de capitales encarnado en las grandes tiendas por departamentos y un proceso algo desordenado de rápida industrialización, en lugar de los magnates de las plantaciones de azúcar. Mientras tanto las opciones económicas para la isla fueron severamente restringidas por la Ley de la Marina Mercante de 1920 (véase la Ley Jones) que limita estrictamente cómo y con quién Puerto Rico puede comerciar. Puerto Rico no puede negociar acuerdos económicos de cualquier tipo sin el consentimiento del Congreso.

Puerto Rico vacilaba entre la competencia y el conflicto de modelos de desarrollo económico que intentaban lograr un equilibrio casi esquizofrénico entre el desarrollo de las industrias pesadas, las compañías farmacéuticas (después de la década de 1970) y el turismo, en una limitada forma de estado niñera marcada por la burocracia pública. Este gigantismo gubernamental constituyó una medida populista a medias que sólo sirvió para hinchar la burocracia gubernamental durante décadas y convertir un gran número de la población dependiente del empleo público.

El gobierno de Luis Fortuño (2009-2013), del Partido Nuevo Progresista, dio paso a la primera legislación neoliberal agresiva con un amplio recorte de puestos de trabajo en el gobierno y en el gasto público, sin proporcionar capacitación para el trabajo o incentivar la creación de puestos de trabajo equivalentes en el sector privado. Esta ola de despidos, popularmente conocida como la “Ley de los 7 disparos”, fue aprobada por el Senado de Puerto Rico y firmada por el gobernador Fortuño durante el primer mes de su único mandato, y marcó un golpe significativo a la estabilidad económica de la población y comenzó una nueva ola de una siempre creciente emigración de los isleños.

Tras el término de Fortuño, el próximo gobernador, candidato de la oposición, Alejandro García Padilla del pro-statu quo Partido Popular Democrático, continuó las políticas neoliberales de Fortuño. En este sentido, al igual que los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos, los intereses de los capitalistas neoliberales y el apaciguamiento de Wall Street siempre dominaron el escenario  en la gobernabilidad. Este enfoque cuestionable para el crecimiento económico llevó a fluctuaciones económicas, exacerbadas por una crisis económica precipitada durante la década de 1990, que condujo a la eliminación de los subsidios federales para las industrias y a la pérdida de miles de puestos de trabajo, bajo el impacto de los efectos de la recesión mundial y de la indolencia colonial de la clase política.

No hay ninguna ninguna duda de que la HR 4900 dañará la narrativa predominante de la relación política bilateral en el status quo actual. El “Estado Libre Asociado” es solo una satrapía imperial para presentar a Puerto Rico como un país con un gobierno elegido democráticamente, pero que en realidad está ensillado en una autonomía política y económica muy limitadas, mientras la clase media está desapareciendo debido a la contracción económica o ha remontado vuelo a la parte continental, en números son espantosos. Un análisis reciente del Pew Research Center sobre la base de cifras de la Oficina del Censo calcula que la población actual de la isla de 3,2 millones se prevé que caerá a 2,98 millones en 2050. La crisis económica actual tiene los ingredientes de crear potencialmente una crisis política para la élite gobernante de la isla que podría reflejarse en lo económico. Esta Junta económica propuesta, no democráticamente elegida y que tiene poderes invisibles en la isla desde los primeros días del colonialismo estadounidense, está destinada a enriquecer a capitalistas carroñeros del desplome de la clase trabajadora de Puerto Rico, ya fuertemente gravada y que carga con una economía estancada, en la más profunda esclavitud salarial.

Nadie se equivoque, Puerto Rico necesita alivio, y lo necesita ahora. Pero la H. R. 4900 no es la solución. Puerto Rico se está convirtiendo en un laboratorio neoliberal diseñado para probar uno de los múltiples puntos de ataque que se montan cada vez más a finales de capitalismo neoliberal. La propia idea de bajar el salario mínimo en una isla ya empobrecida y sub-empleada no sólo es ridícula, sino también francamente criminal. La imposición de una Junta del Congreso para eliminar cualquier responsabilidad política a los puertorriqueños y aplastar los derechos laborales es una indicación abierta de que Estados Unidos no tiene intención de cumplir la ficción de una relación bilateral por más tiempo.

Las respuestas locales a esta agenda neoliberal han sido, por desgracia, terriblemente fragmentadas. Las diatribas entre las partes pro-statu quo y pro-estadidad han sido golpeados duramente y sin piedad por la completa indiferencia del Congreso. La gente es intrascendente para el capitalismo en el gran esquema de las cosas, y sólo tiene valor de reembolso.

Una izquierda reformulada se necesita ahora más que nunca para romper el dominio del colonialismo en Puerto Rico. Nuevos enfoques que trasciendan las cansadas ortodoxias ​​deben ser presentadas y discutidas en serio. El aumento de la popularidad de los ideales socialistas entre muchos votantes jóvenes apunta hacia los ingredientes de un cambio de paradigma en la política electoral estadounidense, y esto también puede ser visto en algún grado en la cultura política de Puerto Rico con una base de apoyo creciente hacia plataformas amplias con un perfil como el de Bernie Sanders. Este cambio incluye elementos del movimiento independentista que han sido tradicionalmente hostiles a la política tradicional.

La ausencia de una verdadera democracia, reducida a una simulación -elecciones cada cuatro años-, y a décadas de administraciones coloniales han llevado a los puertorriqueños a perder toda su fe en las instituciones políticas locales. Hay una postura autocolonial, una desconfianza, un sentimiento de culpabilidad en el puertorriqueño que enmascaran la naturaleza patriarcal del imperialismo. Y es este sentimiento de castigo merecido el que sirve en bandeja de plata a los buitres capitalistas y los neocolonialistas.

Cubadebate ha traducido fragmentos. Usted puede encontrar el artículo completo, en inglés, “Puerto Rico: A Junta By Any Other Name”, de Miguel A. Cruz Díaz, en Counterpunch.