Para el economista Heriberto Martínez Otero, aun cuando la decisión del gobierno de Alejandro García Padilla de declarar una moratoria en el pago de la deuda es correcta, ésta resulta en una insuficiente y tardía.

La moratoria que fue solicitada por el Gobernador y aprobada por la Legislatura la semana pasada de manera expedita sin el proceso de vistas públicas responde directamente a la insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de poder cumplir con los pagos de la deuda, el más inminente este 1 de mayo. Según reveló la Prensa del país la semana pasada, para junio el BGF tendría una insuficiencia de $1,348 millones.

A preguntas de CLARIDAD sobre qué acciones se debieron tomar antes si la situación de insolvencia del BGF era una previsible el asesor en temas económicos y política pública, Martínez Otero, apuntó que lo primero que se debió haber hecho fue iniciar el proceso de reestructuración de la deuda en marzo de 2014, cuando las casas evaluadoras del crédito degradaron la deuda de Puerto Rico a nivel especulativo.

“La mayor parte de la deuda del País se tomó bajo expectativas de crecimiento económico y el desarrollo de la industria farmacéutica bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Por lo tanto, en el 2014, fue un grave error pensar que los sectores que luchaban por sobrevivir la recesión pudieran cargar con la deuda pública sin cambiar sus términos, sin reestructurarla”.

Martínez Otero, quien es miembro de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política dio crédito a la acción del gobierno de reconocer que la deuda es impagable bajos los términos en que se emitió, y que la propuesta de la moratoria va en la dirección correcta, pero tanto las decisiones del BGF de trasladar partes de sus cuentas a otras instituciones financieras y la moratoria son insuficientes y tardías.

Aun así destacó; “Todo esto debió hacerse hace dos años, y hoy deberíamos estar discutiendo en qué gastar la liquidez liberada por la moratoria”.

En cuanto al BGF Martínez Otero consideró que como ente público creado en la década del ‘40 del siglo pasado, éste pudiera necesitar cambios radicales hoy. Describió que el BGF pasó de ser el agente fiscal del gobierno a prestamista de corporaciones públicas (incluyendo municipios)- y privadas que tenían problemas de insolvencia. “Por lo tanto, pienso que el BGF se debe liquidar paulatinamente, a la vez que debemos crear otro agente fiscal, pero sin la facultad de prestar o tomar prestado”.

Dijo entender que ese nuevo ente no debe ser un retrato del BGF, sino, una corporación pública más ágil, y con restricciones fuertes para prestar y tomar prestado.

Cuestionado sobre hasta dónde o cómo pudiera afectar la declaración de la moratoria la negociación con los bonistas el economista planteó que los bonistas quieren cobrar el dinero invertido con intereses, por lo tanto, en la coyuntura actual, tienen que decidir si quieren cobrar parte de su deuda o si no cobran nada.

“No debemos olvidar que las inversiones en el sector financiero conllevan un riesgo, el cual lo cubre el interés. Por lo tanto, muchos acreedores se han acercado a los diferentes emisores de deuda del País para buscar la mejor negociación posible para sus intereses. Por lo tanto, propuestas como la moratoria, ponen al gobierno de Puerto Rico en una posición fuerte para negociar, porque le permite la posibilidad de posponer el pago del vencimiento si no se llegan a acuerdos en la mesa de negociación”.

Dado al hecho de que la moratoria ha sido una unilateral describió que es una medida financiera de emergencia, en la que se reconoce que ya no podemos pagar, y que no tenemos acceso a mecanismos de quiebra ordenada para negociar con los acreedores. “La moratoria nos permite acceder a una liquidez que ya no es posible obtenerla en el mercado de deuda internacional”.

Martínez Otero dijo estar definitivamente de acuerdo con la apreciación de que esta declaración trae consecuencias legales pero es mejor eso a que no haya con que pagar los servicios esenciales, sueldos, pensiones etc?

Además, señaló que dado a que Puerto Rico no tiene acceso a la Ley de Quiebra Federal, y se impugnó la Ley de Quiebra Criolla debido a que era campo ocupado federal, por lo tanto, estamos ahora en una situación en que la moratoria se convierte en una medida inevitable.

A la pregunta de que si en efecto el gobierno entra en una moratoria unilateral se auguran pleitos legales como los sufridos por Argentina, aclaró que en el caso de Argentina, el país logró la negociación con el 93% de los acreedores, pero a través de una cláusula especial (pari passu), el 7% de los acreedores pudieron impugnar la negociación en un tribunal en Nueva York.

“Argentina es un país soberano que apenas sale de un boom del precio de la soja, con el cual pudieron pagar parte de su deuda, y acceder a divisas para continuar su modelo de desarrollo con preferencia en el trabajo. En Puerto Rico, vendrán casos más difíciles debido a que somos territorio federal y llevamos en una crisis estructural una década. Por eso, por encima de pagar la deuda, lo fundamental es lograr desarrollo económico”, finalizó.