Nada de pretender trabajar con la situación económica del país. La Junta de Control Fiscal (JCF) que se propone imponer el Congreso de Estados Unidos a su posesión, Puerto Rico, a lo que viene es a supervisar, a monitorear las actividades del poder ejecutivo con la potestad de tomar decisiones que al final lo más probable es que tendrán un impacto negativo sobre el crecimiento económico de Puerto Rico.

Las críticas al proyecto del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no se limitan a su carácter político, sino también a lo económico. A preguntas de Claridad el profesor de Economía de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIA), Recinto Metropolitano, Antonio Fernós Sagebién, coincidió en señalar  que hasta cierto punto la JCF obvia la situación económica de Puerto Rico.

“El borrador de proyecto de ley solamente trabaja con la parte de control fiscal. Sin embargo, no trabaja con ninguna iniciativa de reactivación a la economía de Puerto Rico”.

Además coincidió con el señalamiento de que el proyecto sólo se limita a ajustes y no tiene un plan de recuperación económica. “No solamente no trabaja con ninguna iniciativa de reactivación a la economía de Puerto Rico, es un golpe de estado nombrando una Junta de tres miembros (hay dos que tiene voz pero no voto) con “facultades omnímodas” a la usanza del Capitán General bajo el gobierno militar español”, denunció.

En otros aspectos aunque Fernós Sagebién, dijo que le parece algo sensato que el proyecto proponga una moratoria de un año para la deuda reparó en que un año no es suficiente. A su juicio la moratoria debería ser por lo menos de cinco años, toda vez que se necesita tiempo para trabajar, esbozar, ejecutar cualquier estrategia de desarrollo económico y ver cuáles desaciertos hay que atender.

En ese aspecto trajo a la atención que es importante mencionar que, hasta la fecha, solamente David Bernier, (candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, PPD) es quien único ha propuesto algo más o menos concreto de una moratoria por cinco años en la porción de pago al principal mientras se continúan los pagos de intereses según el calendario de amortización del “bond covenant”.  

“Entiendo que esa porción del pago a principal (aunque no sé de cuánto dinero estamos hablando) puede convertirse en financiamiento interno de obras de proyectos capitales. Lo que necesitamos es inversión, no gasto. Una peculiaridad importante de esto es que, de esta forma, el bonista no pierde su ganancia sobre el capital invertido. Los pagos de interés es el rendimiento del capital invertido. Habrá que ver si el principal no pagado por ese espacio de cinco años cuándo se repaga porque una moratoria no implica condonación ni de intereses ni de principal. Y así debe ser”, declaró.

Al planteamiento de que desde el punto de vista meramente de economía la isla necesita un plan de desarrollo, no una JCF, el profesor de la UIA reafirmó; “Todo lo que básicamente viene a ejecutar la JCF lo puede hacer cualquier administración de gobierno. Pero la clase política del país ha sido incapaz de hacerlo”.

Por su parte para el también profesor de Economía Alfredo González Martínez, no hay dudas de la tarea que desempeñará la JCF.

“Desde que comenzó a gestarse la idea de un organismo fiscalizador fiscal en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hace más de un mes, en la opinión pública se inició un discurso especulativo sobre su naturaleza y funciones. En los comentarios expresados por el máximo liderato gubernamental de Puerto Rico, se observaba un vago espectro de significados sobre la naturaleza, poderes y alcance de la referida junta. Sus conceptos variaban desde uno de carácter asesor, de control “con absoluto o moderado respeto a la autonomía de Puerto Rico” y de “supervisión” en el sentido laxo del término en español, de observar”.

González Martínez, trajo a la atención el hecho de que cuando el congresista James Sensenbrenner, visitó Puerto Rico les abrió el sentido -, en referencia a los políticos- sobre el alcance de la misión del Comité en desarrollo y, por implicación, el significado oficial de un “oversight committe”.

Expuso que la definición de “oversight committe”, contiene elementos específicos de gran precisión, muy distinta a la ambigüedad semántica usada en los círculos oficiales o informales en la isla.

Añadió que las fuentes oficiales del Congreso (el Congressional Research Service, el más reciente Congressional Oversight Manual, 2014) contiene elementos específicos de gran precisión, muy distinta a la ambigüedad semántica usada en los círculos en Puerto Rico.

“De su lectura se deriva que es una función legislativa de “revisión, monitoreo y superintendencia de las operaciones y actividades sobre el poder ejecutivo”. La función supervisora en su significado legislativo presupone un proceso adversativo donde los “padres fundadores” incorporaron mecanismos de contrapesos entre las tres ramas del Estado. Es una gestión fiscalizadora e intervencionista del poder legislativo. La labor de “oversight” no es  de intención cooperadora”.

A la luz de esta definición González Martínez recalcó sobre el verdadero propósito de la JCF.

“La intención inmediata y propósito principal al crearse esta “Junta de Supervisión” no es ni compartir el supremo poder del Congreso de EE. UU. ni forjar un programa de fomento del desarrollo económico de Puerto Rico. Buscar estructuras organizativas cónsonas con una ampliación de poderes autonómicos para Puerto Rico  es ilusorio e ignorante del contenido y tono de las deliberaciones en el trámite congresional. Buscar en el diseño sometido de la Junta   medidas para aliviar el ajuste fiscal (que no sea los recursos remanentes de una severa reestructuración del pago de una deuda) es tergiversar la voluntad legislativa predominante en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de EE.UU”.