Llevamos 28 años de política neoliberal. El enunciado dominante de esta política se expresó claramente con el nuevo modelo económico de Pedro Rosselló: que el mercado decida.

Pues bien, el resultado de la versión colonial del neoliberalismo nos trajo la depresión económica actual. Sin embargo, el sector empresarial dominante en Puerto Rico, ante la profundización de la crisis, insiste en mantener el mismo marco de acción neoliberal. Estamos obligados a reflexionar.

La situación actual del movimiento obrero, con su acentuada desmovilización y desmoralización, contrasta con la capacidad de lucha manifestada al comenzar la oleada neoliberal. El paro nacional del sector público el 28 de marzo de 1989, en oposición a la venta de La Telefónica, fue el primero de un conjunto de manifestaciones multitudinarias, de amplios sectores populares contra la política privatizadora propia del neoliberalismo. El segundo paro nacional, el primero de octubre de 1997, durante el segundo gobierno de Pedro Rosselló, fue todavía más  contundente. La enorme manifestación de octubre contra la política neoliberal impulsada por un partido político que había arrasado en las elecciones de noviembre de 1996, fue el preámbulo de la movilización social más grande en la historia de Puerto Rico, que se desplegó en las 48 horas de la huelga del pueblo, en el verano de 1998, en oposición a la venta de La Telefónica. El paro y la protesta se extendieron e incluyeron destacadas actividades del sector privado, incluido entre ellas el cierre del aeropuerto Luis Muñoz Marín y Plaza Las Américas.

La fuerza social expresada durante  la huelga del pueblo no fue derrotada ni debilitada. Mantuvo su vigor y se manifestó posteriormente en las enormes movilizaciones a favor de la libertad de los presos políticos puertorriqueños y en contra de la presencia de la Marina de Estados Unidos en Vieques. La muerte de David Sanes fue el detonador que puso en marcha la diversidad de energías que obligaron al aparato de guerra estadounidense a retirarse.

Todavía en 2009, después de aprobada la Ley 7 por el gobierno de Luis Fortuño, el movimiento obrero fue capaz de poner en acción grandes movimientos de protesta. El primero de mayo de ese año fue uno de los más concurridos y combativos de la historia de Puerto Rico. Meses más tarde se dio una gran protesta contra la Ley 7, el 15 de octubre de 2009, aunque en esta actividad se expuso con inequívoca visibilidad la división del movimiento, con la existencia de dos tarimas distanciadas en el mismo corazón de Plaza Las Américas. Desde entonces se ha acentuado la fragmentación, la debilidad en la acción conjunta y la desmoralización. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ante los ataques sistemáticos que ha sufrido la AEE en la actualidad, con propuestas de re-estructuración que apuntan descaradamente hacia la privatización, no se ha dado una respuesta organizada ni remotamente parecida a la del 28 de marzo de 1989 o la del 1 de octubre de 1997?

Es urgente explicar la ausencia de una amplia acción organizada. El movimiento obrero debe estudiar y conocer el terreno en que se mueve. Sin negar la importancia de los errores cometidos en la dirección, las divisiones y la incapacidad de elaborar puntos comunes para la acción conjunta, es imprescindible entender los cambios cualitativos que se han dado en la economía con sus inevitables efectos en la vida social. Varios de estos cambios de gran alcance ocurrieron durante los dos gobiernos de Pedro Rosselló (1993-2000). El más significativo fue la eliminación de la Sección 936 en diciembre de 1995, con un período de gracia de 10 años para su desaparición definitiva. El gobierno propició la eliminación y no fue capaz de negociar una estructura alterna que evitara una caída dramática del empleo industrial. El resultado ha sido que desde 1996 a 2016 se han perdido alrededor de 100,000 empleos industriales. Estamos frente a una verdadera catástrofe. La pérdida de más de la mitad de los puestos de la manufactura puede considerarse como un agudo colapso desde el punto de vista del empleo.

A este desastre del empleo en el sector privado se le puede añadir el vigoroso ataque al llamado gigantismo gubernamental, con su oleada de privatizaciones, desreglamentaciones y alteraciones a las leyes laborales. Se esperaba que una parte sustancial del empleo del gobierno se trasladara a actividades empresariales privadas. Eso decía, por ejemplo, Luis Fortuño cuando impuso la Ley 7 y despidió decenas de miles de empleados públicos. No pasó de ser un deseo sin agarre en la realidad. Una vez concluido el período de gracia dado a la Sección 936, se manifestó la recesión que todavía no ha abandonado el escenario. Entre el 2006 y el 2014, la economía local perdió 259,000 empleos. Unos 80,000 de esos puestos de trabajo perdidos pertenecieron al gobierno. Mientras tanto, aunque parezca una contradicción, el consumo personal aumentó de 50,148.8 millones en 2006, a 62,324.4 millones en 2014. No viene al caso explicar ahora cómo se dio este fenómeno.

Me interesa destacar el impacto que puede haber tenido la relación de la caída acentuada del empleo, tanto en el sector industrial privado como en el sector gubernamental, sin que se manifestara una actividad correspondiente en el consumo personal. Aun cuando la presencia sindical se haya debilitado progresivamente en el sector privado, desde la década del setenta del siglo pasado hasta hoy, no debe subestimarse el declive decisivo que ha sufrido la conciencia laboral con el cierre masivo de unidades productivas y la reestructuración de otras que se han mantenido. El resultado ha sido que tanto en el sector privado como en el público, con la eliminación de industrias y de miles de empleos, se han debilitado los lazos solidarios que se sustentan en una unidad colectiva de trabajo.

Mientras las bases laborales de la conciencia colectiva se han deteriorado sustancialmente, con el cierre de industrias y la pérdida del empleo público y privado, sin contar las transformaciones técnicas del proceso de trabajo, la sociedad de consumo no ha sufrido el mismo descalabro. Por consiguiente, la tensión entre estos dos factores, la base económica del trabajo colectivo y el consumo individual, se ha desplegado favoreciendo ampliamente las actitudes individualistas y egoístas. No debe sorprender, entonces, que los valores de solidaridad y acción conjunta se hayan debilitado relativamente frente a los valores del individualismo, la competencia y la fragmentación promovidos por la sociedad de consumo.

Ante estos cambios dramáticos, ocurridos en las últimas dos décadas, el movimiento obrero, como una fuerza social democrática, necesaria, debe imponerse superar sus divisiones, abrir un amplio espacio de diálogo inter-sindical, profundizar los procesos educativos y de formación, y elaborar con otros sectores afines una amplia estrategia ante la crisis actual. Las clases empresariales no van a proponer algo realmente nuevo. Sus intereses están enraizados en la estructura existente. Por consiguiente, una tarea imprescindible del movimiento obrero debe ser elaborar un nuevo proyecto de País, con una amplia base inclusiva y democrática. Podría convertirse otra vez en el núcleo poderoso de un verdadero movimiento de pueblo.


Especial para CLARIDAD
El autor es Catedrático de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.