«Ya es más que evidente el carácter colonial de nuestra relación política con Estados Unidos. No es posible lanzar más cortinas de humo para tapar que el Congreso de Estados Unidos controla las riendas del país, que el Tribunal Federal puede detener cualquier intento de reestructuración de la deuda y que puede eliminar cualquier impuesto que el gobierno local quiera intentar en contra del capital absentista y millonario».

El tema de la Junta de Control Fiscal ha levantado pasiones en  los pasados días. Al parecer el ciudadano al fin anda entendiendo que los principales partidos políticos (PNP y PPD), han llevado al colapso no solo las finanzas, sino todos los servicios públicos. Cortes de prensa nacional nos revelan la suma de más de nueve mil millones de dólares en contratos por la administración de Luis Fortuño durante el cuatrienio 2008 – 2012. De igual forma, los más de catorce mil millones de dólares en contrato por las administraciones populares (2000 – 2004 y 2004 – 2008) de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vila.

No hay duda, que gran parte del problema ha estado enmarcado en la politiquería imperante en nuestro país, el amiguismo, las deudas por fondos levantados para las campañas políticas, la falta de conocimiento en planificación económica y por supuesto las políticas neoliberales implantadas por los dos gobiernos. Es de esta forma que sectores de la ciudadanía ha abierto los brazos a la Junta de Control Fiscal como herramienta para poder poner la casa en orden. La incapacidad de proveer soluciones efectivas a los problemas diario ha causado que muchos/as prefieran una junta de control a escoger por quienes nos han llevado al desmadre económico/social que nos agobia. El problema fundamental de dicho planteamiento es que no adjudica culpas a un socio principalísimo de los partidos políticos, el gobierno de  Estados  Unidos.

Ya es más que evidente el carácter colonial de nuestra relación política con Estados Unidos. No es posible lanzar más cortinas de humo para tapar que el Congreso de Estados Unidos controla las riendas del país, que el Tribunal Federal puede detener cualquier intento de reestructuración de la deuda y que puede eliminar cualquier impuesto que el gobierno local quiera intentar en contra del capital absentista y millonario. En la cara nos ha dado esta realidad las pasadas semanas, esto a pesar de años de denuncia por el sector independentista. A pesar de lo antes expuesto, muchos/as siguen creyendo a Estados Unidos como salvadores, esto sin ponderar que gran parte del problema es causado por la falta de poder para crear una economía nacional al servicio de nuestros intereses como país.

Cuando miramos nuestra historia podemos observar que desde el primer momento, Puerto Rico le ha servido a Estados Unidos como un gran peñón en el Caribe para producir materia prima, servir de sostén de sus carreras armamentistas y aumentar sus ganancias. La historia nos cuenta que para 1899, el gobierno militar de EU ordenó devaluar la moneda de Puerto Rico en un 60%. Se recogieron 5,750,000 pesos los cuales eran equivalente al dólar en el mercado mundial, lo que tuvo como efecto neto hacernos 60% más pobres. La intención de esta movida fue bajar el precio de las tierras y así comprar gran parte de las mismas a su vez pudieron reducir  los salarios de los/as trabajadores puertorriqueños para el beneficio de las compañías estadounidenses.

En los primeros 31 años de gobierno estadounidense en Puerto Rico, el 51% de las riquezas pasaron a manos de ellos. Para 1940, Estados Unidos tenía 53 mil cuerdas de tierra dedicadas a bases militares, incluyendo  2/3 partes de Vieques. Es importante señalar que para finales del Siglo XIX, España atendía sus asuntos internos, lo que provocó el desinterés total en sus últimas dos colonias en América, lo que a su vez trajo que Puerto Rico y Cuba tuvieran que crear condiciones para crear una economía sustentable y productora de su necesidades.

Al poner fin la Guerra Hispano/américo/cubana, e iniciar el gobierno colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico eso cambió. La necesidad de azúcar en Estados Unidos, destinó a que en la isla se generara el monocultivo de la misma para solventar la necesidad de la nueva metrópolis. Esa situación tomó partida hasta inicios de la década de 1940, cuando comenzó el interés por parte de las autoridades federales en ser parte del conflicto bélico.

La economía de Puerto Rico giró de una eminentemente agrícola a una precaria industrialización. Las estadísticas de empleo nos muestran cómo en menos de dos años hubo una merma en los empleos agrícolas de alrededor de 100,00 puestos (1940 había 226 mil empleos agrícolas, mientras en 1942, bajó a 130 mil). El intento por industrializar el país, llevó a que el Partido Popular Democrático instaurara la política de Operación Manos a la Obra. Esta política tenía como pilar incentivar la instalación de empresas a cambio de generar empleos. Dicha política fomentó el mantengo corporativo, brindando la inversión de capital nacional en la construcción de edificios, pavimentación de carreteras, alambrado eléctrico, construcción de acueductos y la no tributación, lo que desembocó en altas acumulaciones de ganancia para las empresas mayormente estadounidenses.

En cambio no resultó en ningún beneficio para el país, ya que estaba supuesto a crear empleos los cuales nunca llegaron. La merma de empleos (1950, empleos industriales 596 mil, mientras que para 1960 fueron 543 mil), provocó la salida masiva de puertorriqueños a los Estados Unidos, llevándolos a condiciones precarias fuera de las redes de solidaridad conocidas. Una vez desgastado el interés de la metrópolis en la instalación de industrias, pasaron a usar nuestras tierras para sembrar gigantescas máquinas (petroquímicas) en el área sur de país destinadas al refinamiento del petróleo.

Este invento duró apenas una década dejando así suelos altamente contaminados, en los cuales su maquinaria nos persigue cincuenta años después. Ante el fracaso de las petroquímicas, en la década de 1970, había que encontrar una nueva fase de explotación a las tierras boricuas. Ya habiendo destruido gran parte de la producción local, iban por el comercio. Junto con las farmacéuticas, armaron todo el andamiaje para eliminar el comercio local, dejándolo en manos de las megatiendas, las cuales al día de hoy se llevan más de 35 mil millones de dólares en ganancias producidas por manos boricuas. Este ciclo ha llevado a que hoy vivamos con el 85% de la producción y el 80% de comercio en manos de empresas absentistas, añadiéndole que no pueden ser tocadas por impuestos mayores del 4%, ya que gozan de la protección del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Después de haber destrozado nuestra economía, impidiendo generar las condiciones para atender nuestras formas de vida, nos pretenden imponer una junta de control fiscal, la cual implementará un paquetazo neoliberal, el cual solo busca recuperar las ganancia que generaron préstamos cogidos por el gobierno de Puerto Rico para satisfacer sus necesidades.

Entonces parecería que los culpables de la deuda son los politiqueros puertorriqueños. Esta es la mejor forma  para empujar una junta de control fiscal, buscando librarse de cualquier acusación o señalamiento a la condición colonial en la cual han sometido nuestro pueblo por más de un siglo. Ante eso, la propuesta debe ser el total rechazo a la Junta de Control Fiscal, auditar y renegociar la deuda pública, la eliminación de las leyes de cabotaje, la Convocatoria urgente a una Asamblea Constitucional de Estatus.

Reconocemos que en momentos como estos, el diálogo no será la única vía de presión, por lo que proponemos la desobediencia civil como la herramienta idónea para deslegitimar cualquier proceso impuesto desde Estados Unidos. Una vez más, seguir acusando a los puertorriqueños/as de las culpas totales es un error. La crisis es crisis, porque somos colonia.