A continuación publicamos la Declaración Final de la actividad.

Como contexto de la reunión, se reconoció que la deuda pública se está extendiendo por todo el mundo y afecta tanto a gobiernos locales como a los nacionales. En la región Interamericana, la caída de los precios del petróleo y otros productos ha disminuido la capacidad para pagar sus deudas e invertir en bienes públicos en países exportadores como Venezuela. Mientras en Estados Unidos las lecciones aprendidas de Detroit y Flint son más que elocuentes: la imposición de severas medidas de austeridad llevaron a que la población terminara bebiendo agua contaminada, y así los derechos humanos fueron sacrificados por el “ajuste fiscal”.

Igualmente, los impactos de una crisis de deuda interna que no se puede controlar son catastróficas: recortes presupuestarios, privatizaciones, desempleo, así como la profundización de la dependencia en instituciones financieras internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

También es fundamental destacar que en muchos casos las deudas públicas se generan de forma ilegítima y son alimentadas por intereses artificiales como algunos bancos que buscan mantener y profundizar la dependencia de los países.

Una de las medidas más peligrosas que las instituciones financieras imponen con el reajuste fiscal es la creación de las llamadas Alianzas Público–Privadas (APP) en el sector de infraestructuras y de servicios públicos. La APP no solo empuja la privatización de servicios públicos, sino que también se convierte en fuente de endeudamiento a largo plazo. Muchos ejemplos demuestran con evidencia este peligro y el silencio de las instituciones financieras sobre el tema es inculpador e inaceptable.

Muchas veces el endeudamiento público se debe a la corrupción, a recortes de impuestos para los ricos y a sistemas de impuestos injustos. Por lo que es importante que se desarrolle un proceso de auditoría riguroso y transparente para conocer el origen de la deuda pública e identificar, si existe, la parte correspondiente a una deuda ilegítima con el fin de renunciar a su pago.

Es en este contexto que se conoció que la deuda pública de Puerto Rico podría ascender a $167 mil millones, lo que evidencia que es imposible de pagar, como ha aceptado públicamente el gobernador Alejandro García Padilla.

Ante la monumental deuda, el presente gobierno, al igual que sus antecesores, ha aumentado los impuestos al pueblo, mientras le redujeron o eliminaron las obligaciones contributivas a las grandes empresas y a multimillonarios extranjeros.

Para pagarle a sus acreedores, los gobiernos que se han sucedido en el poder han impuesto medidas de austeridad extremas como el despido masivo de empleados públicos, el recorte dramático de servicios esenciales de educación, salud y servicios sociales.

Ante el franco deterioro de la situación económica y social se ha desatado una estampida migratoria especialmente hacia Estados Unidos. En el último año, más de 45 mil puertorriqueños han abandonado la Isla y ya suman sobre 218 mil quienes han emigrado en los últimos cuatro años por lo que, de continuar la tendencia, en el año 2050 Puerto Rico tendrá la misma población que en 1950.

Esa emigración en realidad los ha convertido en “refugiados económicos”, pero al estar concentrados en algunos estados norteamericanos, sus votos podrían ser decisivos en la elección presidencial.

Mientras tanto, en la Isla se siguen imponiendo políticas de austeridad, al punto de que es ampliamente reconocido que la crisis económica y financiera se ha convertido en una emergencia humanitaria. Irónicamente, mientras más sacrificios se le han impuesto al pueblo, la deuda, ¡en lugar de disminuir ha aumentado!

A lo anterior se suman las limitaciones que suponen la situación colonial de Puerto Rico que, según el Tribunal Supremo “pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos”. El colonialismo limita aún más la salida a la crisis que vive Puerto Rico pues, entre otras trabas, el Congreso de Estados Unidos que es la última fuente de poder, le niega a la Isla la posibilidad de acogerse a un marco jurídico de quiebra y restructurar de manera ordenada la deuda pública.

Ahora, la mayoría republicana en el Congreso amenaza con imponerle a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal que promete más medidas de austeridad, dependencia y subordinación. Por lo que repudiamos enérgicamente la imposición de esta Junta o cualquier otra que tenga las mismas consecuencias para el pueblo puertorriqueño.

Las y los participantes del Foro, habiendo examinado y discutido la experiencia internacional frente a la creciente deuda pública, declaran su apoyo resuelto al pueblo de Puerto Rico que enfrenta la voracidad de los fondos buitres y las medidas de austeridad que le han colocado al borde de una grave emergencia humanitaria.

Hacemos un llamado a las organizaciones de trabajadores, de la sociedad civil y otras no gubernamentales en todo el mundo a expresar su solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y endosar la ruta de la recuperación que exige una auditoría rigurosa y transparente de la deuda, una restructuración de la deuda que proteja los intereses locales; una reforma contributiva justa y progresiva que permita la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico solidario y sustentable.

También es tiempo de que el tema de la restructuración de la deuda pública vuelva a ser una prioridad en la agenda global, para que los objetivos de desarrollo sostenible no queden inconclusos.

San Juan, Puerto Rico – 30 de marzo de 2016.

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A continuación publicamos la Declaración Final de la actividad.

Como contexto de la reunión, se reconoció que la deuda pública se está extendiendo por todo el mundo y afecta tanto a gobiernos locales como a los nacionales. En la región Interamericana, la caída de los precios del petróleo y otros productos ha disminuido la capacidad para pagar sus deudas e invertir en bienes públicos en países exportadores como Venezuela. Mientras en Estados Unidos las lecciones aprendidas de Detroit y Flint son más que elocuentes: la imposición de severas medidas de austeridad llevaron a que la población terminara bebiendo agua contaminada, y así los derechos humanos fueron sacrificados por el “ajuste fiscal”.

Igualmente, los impactos de una crisis de deuda interna que no se puede controlar son catastróficas: recortes presupuestarios, privatizaciones, desempleo, así como la profundización de la dependencia en instituciones financieras internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

También es fundamental destacar que en muchos casos las deudas públicas se generan de forma ilegítima y son alimentadas por intereses artificiales como algunos bancos que buscan mantener y profundizar la dependencia de los países.

Una de las medidas más peligrosas que las instituciones financieras imponen con el reajuste fiscal es la creación de las llamadas Alianzas Público–Privadas (APP) en el sector de infraestructuras y de servicios públicos. La APP no solo empuja la privatización de servicios públicos, sino que también se convierte en fuente de endeudamiento a largo plazo. Muchos ejemplos demuestran con evidencia este peligro y el silencio de las instituciones financieras sobre el tema es inculpador e inaceptable.

Muchas veces el endeudamiento público se debe a la corrupción, a recortes de impuestos para los ricos y a sistemas de impuestos injustos. Por lo que es importante que se desarrolle un proceso de auditoría riguroso y transparente para conocer el origen de la deuda pública e identificar, si existe, la parte correspondiente a una deuda ilegítima con el fin de renunciar a su pago.

Es en este contexto que se conoció que la deuda pública de Puerto Rico podría ascender a $167 mil millones, lo que evidencia que es imposible de pagar, como ha aceptado públicamente el gobernador Alejandro García Padilla.

Ante la monumental deuda, el presente gobierno, al igual que sus antecesores, ha aumentado los impuestos al pueblo, mientras le redujeron o eliminaron las obligaciones contributivas a las grandes empresas y a multimillonarios extranjeros.

Para pagarle a sus acreedores, los gobiernos que se han sucedido en el poder han impuesto medidas de austeridad extremas como el despido masivo de empleados públicos, el recorte dramático de servicios esenciales de educación, salud y servicios sociales.

Ante el franco deterioro de la situación económica y social se ha desatado una estampida migratoria especialmente hacia Estados Unidos. En el último año, más de 45 mil puertorriqueños han abandonado la Isla y ya suman sobre 218 mil quienes han emigrado en los últimos cuatro años por lo que, de continuar la tendencia, en el año 2050 Puerto Rico tendrá la misma población que en 1950.

Esa emigración en realidad los ha convertido en “refugiados económicos”, pero al estar concentrados en algunos estados norteamericanos, sus votos podrían ser decisivos en la elección presidencial.

Mientras tanto, en la Isla se siguen imponiendo políticas de austeridad, al punto de que es ampliamente reconocido que la crisis económica y financiera se ha convertido en una emergencia humanitaria. Irónicamente, mientras más sacrificios se le han impuesto al pueblo, la deuda, ¡en lugar de disminuir ha aumentado!

A lo anterior se suman las limitaciones que suponen la situación colonial de Puerto Rico que, según el Tribunal Supremo “pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos”. El colonialismo limita aún más la salida a la crisis que vive Puerto Rico pues, entre otras trabas, el Congreso de Estados Unidos que es la última fuente de poder, le niega a la Isla la posibilidad de acogerse a un marco jurídico de quiebra y restructurar de manera ordenada la deuda pública.

Ahora, la mayoría republicana en el Congreso amenaza con imponerle a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal que promete más medidas de austeridad, dependencia y subordinación. Por lo que repudiamos enérgicamente la imposición de esta Junta o cualquier otra que tenga las mismas consecuencias para el pueblo puertorriqueño.

Las y los participantes del Foro, habiendo examinado y discutido la experiencia internacional frente a la creciente deuda pública, declaran su apoyo resuelto al pueblo de Puerto Rico que enfrenta la voracidad de los fondos buitres y las medidas de austeridad que le han colocado al borde de una grave emergencia humanitaria.

Hacemos un llamado a las organizaciones de trabajadores, de la sociedad civil y otras no gubernamentales en todo el mundo a expresar su solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y endosar la ruta de la recuperación que exige una auditoría rigurosa y transparente de la deuda, una restructuración de la deuda que proteja los intereses locales; una reforma contributiva justa y progresiva que permita la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico solidario y sustentable.

También es tiempo de que el tema de la restructuración de la deuda pública vuelva a ser una prioridad en la agenda global, para que los objetivos de desarrollo sostenible no queden inconclusos.

San Juan, Puerto Rico – 30 de marzo de 2016.

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A continuación publicamos la Declaración Final de la actividad.

Como contexto de la reunión, se reconoció que la deuda pública se está extendiendo por todo el mundo y afecta tanto a gobiernos locales como a los nacionales. En la región Interamericana, la caída de los precios del petróleo y otros productos ha disminuido la capacidad para pagar sus deudas e invertir en bienes públicos en países exportadores como Venezuela. Mientras en Estados Unidos las lecciones aprendidas de Detroit y Flint son más que elocuentes: la imposición de severas medidas de austeridad llevaron a que la población terminara bebiendo agua contaminada, y así los derechos humanos fueron sacrificados por el “ajuste fiscal”.

Igualmente, los impactos de una crisis de deuda interna que no se puede controlar son catastróficas: recortes presupuestarios, privatizaciones, desempleo, así como la profundización de la dependencia en instituciones financieras internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

También es fundamental destacar que en muchos casos las deudas públicas se generan de forma ilegítima y son alimentadas por intereses artificiales como algunos bancos que buscan mantener y profundizar la dependencia de los países.

Una de las medidas más peligrosas que las instituciones financieras imponen con el reajuste fiscal es la creación de las llamadas Alianzas Público–Privadas (APP) en el sector de infraestructuras y de servicios públicos. La APP no solo empuja la privatización de servicios públicos, sino que también se convierte en fuente de endeudamiento a largo plazo. Muchos ejemplos demuestran con evidencia este peligro y el silencio de las instituciones financieras sobre el tema es inculpador e inaceptable.

Muchas veces el endeudamiento público se debe a la corrupción, a recortes de impuestos para los ricos y a sistemas de impuestos injustos. Por lo que es importante que se desarrolle un proceso de auditoría riguroso y transparente para conocer el origen de la deuda pública e identificar, si existe, la parte correspondiente a una deuda ilegítima con el fin de renunciar a su pago.

Es en este contexto que se conoció que la deuda pública de Puerto Rico podría ascender a $167 mil millones, lo que evidencia que es imposible de pagar, como ha aceptado públicamente el gobernador Alejandro García Padilla.

Ante la monumental deuda, el presente gobierno, al igual que sus antecesores, ha aumentado los impuestos al pueblo, mientras le redujeron o eliminaron las obligaciones contributivas a las grandes empresas y a multimillonarios extranjeros.

Para pagarle a sus acreedores, los gobiernos que se han sucedido en el poder han impuesto medidas de austeridad extremas como el despido masivo de empleados públicos, el recorte dramático de servicios esenciales de educación, salud y servicios sociales.

Ante el franco deterioro de la situación económica y social se ha desatado una estampida migratoria especialmente hacia Estados Unidos. En el último año, más de 45 mil puertorriqueños han abandonado la Isla y ya suman sobre 218 mil quienes han emigrado en los últimos cuatro años por lo que, de continuar la tendencia, en el año 2050 Puerto Rico tendrá la misma población que en 1950.

Esa emigración en realidad los ha convertido en “refugiados económicos”, pero al estar concentrados en algunos estados norteamericanos, sus votos podrían ser decisivos en la elección presidencial.

Mientras tanto, en la Isla se siguen imponiendo políticas de austeridad, al punto de que es ampliamente reconocido que la crisis económica y financiera se ha convertido en una emergencia humanitaria. Irónicamente, mientras más sacrificios se le han impuesto al pueblo, la deuda, ¡en lugar de disminuir ha aumentado!

A lo anterior se suman las limitaciones que suponen la situación colonial de Puerto Rico que, según el Tribunal Supremo “pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos”. El colonialismo limita aún más la salida a la crisis que vive Puerto Rico pues, entre otras trabas, el Congreso de Estados Unidos que es la última fuente de poder, le niega a la Isla la posibilidad de acogerse a un marco jurídico de quiebra y restructurar de manera ordenada la deuda pública.

Ahora, la mayoría republicana en el Congreso amenaza con imponerle a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal que promete más medidas de austeridad, dependencia y subordinación. Por lo que repudiamos enérgicamente la imposición de esta Junta o cualquier otra que tenga las mismas consecuencias para el pueblo puertorriqueño.

Las y los participantes del Foro, habiendo examinado y discutido la experiencia internacional frente a la creciente deuda pública, declaran su apoyo resuelto al pueblo de Puerto Rico que enfrenta la voracidad de los fondos buitres y las medidas de austeridad que le han colocado al borde de una grave emergencia humanitaria.

Hacemos un llamado a las organizaciones de trabajadores, de la sociedad civil y otras no gubernamentales en todo el mundo a expresar su solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y endosar la ruta de la recuperación que exige una auditoría rigurosa y transparente de la deuda, una restructuración de la deuda que proteja los intereses locales; una reforma contributiva justa y progresiva que permita la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico solidario y sustentable.

También es tiempo de que el tema de la restructuración de la deuda pública vuelva a ser una prioridad en la agenda global, para que los objetivos de desarrollo sostenible no queden inconclusos.

San Juan, Puerto Rico – 30 de marzo de 2016.

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