Sectores de la sociedad puertorriqueña continúan expresando su rechazo a la imposición de una Junta de Control Fiscal por parte del gobierno de los Estados Unidos. La más reciente es la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP), una organización integrada por profesores de economía.

“Una junta de control fiscal impuesta desde el gobierno federal anularía el estado de derecho vigente sobre Puerto Rico desde la implantación de la Ley 600 y la entrada en vigor de la Constitución del Estado Libre Asociado”, expresó el economista Heriberto Martínez Otero, miembro de APEP, respecto al impacto que podría tener la implantación de la presunta Junta.

“El Estado de Derecho en la sociedad occidental es aquel que garantiza la convivencia social entre ciudadanos iguales ante la ley, con los mismos derechos y responsabilidades. Una junta con poderes plenarios, incluyendo la confección del presupuesto, sería degradar la posición de ciudadanos que tenemos los habitantes de Puerto Rico”, destacó el profesor de economía.

En tanto, Joely Román, otra de las portavoces de APEP, advirtió que la Junta tendría un impacto negativo sobre el desarrollo económico del País. “El gasto público es parte esencial de las variables económicas en un país como el nuestro. Una junta que venga a recortar servicios, empleos y aplicar políticas de austeridad, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico en el corto y mediano plazo”.

Ante la posibilidad de que la imposición de una junta federal pudiera mejorar la confianza de los inversionistas para establecerse en la isla, la portavoz sugirió que las políticas de austeridad están teniendo impacto en la migración de miles de puertorriqueños a territorio continental, lo cual pudiera profundizarse con la implantación de más austeridad.

“Si la población sigue disminuyendo, los inversionistas no tendrían incentivos para establecerse en la isla debido a la pérdida acelerada de capital humano”, subrayó la economista, quien también es candidata al grado doctoral en negocios internacionales.

Otro miembro de la APEP, el economista e historiador Iyari Ríos González, expresó que ésta no es la primera vez que Puerto Rico se encuentra ante una grave crisis económica y fiscal. “En la década del 30, Puerto Rico sufrió los efectos de la Gran Depresión que afectó la economía mundial. En ese momento había también un déficit fiscal y una deuda pública significativa. Durante esta crisis, el gobernador era nombrado por el gobierno de los Estados Unidos y adoptó medidas de austeridad para el presupuesto insular.”

Cuestionado sobre cuál podría ser la base para volver a la recuperación económica, Ríos recordó que la crisis del 30 culminó a principios de la década de 1940 con la elaboración e implementación de un proyecto económico para el país donde el aumento en el gasto público tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico resultó fundamental. “El problema de fondo es que las políticas de austeridad, sean impuestas por el gobierno local o por una junta de control fiscal, no están funcionando. Llegó el momento de reconocer que hacen falta medidas progresistas que garanticen los recursos del estado y el mejor vivir de los puertorriqueños en general”, puntualizó.