Hacía tiempo que no se veía en Puerto Rico un desfile tan seguido de altos oficiales del gobierno de Estados Unidos como en las pasadas semanas.

Tras la visita del secretario del Tesoro, Jack Lew, temprano este año, le han seguido en estos días las de notables miembros Republicanos del Congreso de Estados Unidos, como el Representante Rob Bishop de Utah, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y socio de Orrin Hatch, también de Utah y presidente del poderoso Comité de Finanzas del Senado; y la de Jim Sensebrenner, el decano de la delegación de Wisconsin en la Cámara de Representantes, socio de delegación del speaker Paul Ryan y su enviado a las conversaciones con oficiales del gobierno de Puerto Rico. Estos son los personajes que tienen en sus manos el presente y el futuro de la deuda fiscal de Puerto Rico, sobre la cual se proponen legislar próximamente.

Todos estos personajes vinieron con el mismo mensaje: notificarle al gobernador, Alejandro García Padilla, y a los demás oficiales electos, que la única opción que cuenta con apoyo mayoritario en el Congreso de Estados Unidos para intervenir en la crisis fiscal del gobierno de aquí es el establecimiento de la llamada Junta de Control Fiscal Federal. Sensebrenner, el último que vino y quien habla por el Speaker de la Cámara, fue aún más tajante. No hay ambiente en el Congreso para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal. No hay ambiente para un rescate financiero, ni tampoco lo hay para reconocer la llamada autonomía presupuestaria local. Si el liderato político de Puerto Rico no acepta la Junta de Control Fiscal con todas las garras, tal como ellos la proponen, entonces no pasará nada. Como tampoco pasará nada si los Demócratas en el Congreso intentan detener la legislación.

Según Sensebrenner, la propuesta para la que sí hay ambiente es para una Junta que tenga el control férreo del presupuesto de Puerto Rico, y que será la responsable por la reestructuración de la porción de la deuda que ellos entiendan posible reestructurar. Esta reestructuración no incluirá, de ningún modo, las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico. Un ultimátum firme y seco para una legislación a la medida de las grandes compañías emisoras de bonos y los llamados “hedge funds”, que deja muy poco espacio de maniobra al gobierno de Puerto Rico, y que constituye un chantaje con la intención de poner freno al menor asomo de rebeldía por parte del liderato político del País, o de sus llamados aliados en el Congreso de Estados Unidos.

Ellos no vinieron a discutir ni a consultar. Simplemente vinieron a informar, en una actitud de “lo tomas o lo dejas” típica de las relaciones históricas entre los poderes metropolitanos y sus colonias, sobre todo cuando, en este caso, la colonia se les ha convertido en una gran molestia que amenaza con afectar a los grandes tenedores de bonos que financian sus campañas políticas.

Puerto Rico, entonces, permanece en el mismo limbo en el que ha estado por los pasados 118 años, pero, en esta ocasión, sin dinero ni acceso a los mercados de capital; sin un mecanismo legal que le permita reestructurar una deuda de 70 mil millones de dólares; con la amenaza de una bancarrota inminente que siga precarizando aún más la prestación de servicios esenciales a nuestro pueblo, que ya carga el peso mayor por esta debacle.

Puerto Rico también se ha quedado a merced de un Congreso hostil, controlado por un Partido Republicano en desbandada y sumido en una primaria presidencial que lo tiene dividido, y con la opción de solo dos candidatos –a cuál de los dos peor- a la codiciada nominación: un embustero, desequilibrado, payaso y facistoide como Donald Trump, o un peligroso ideólogo del conservadurismo más recalcitrante y ultraderechista como Ted Cruz.

No creemos que el liderato Republicano del Congreso deba temer la rebeldía de los políticos del patio. Son tan débiles que, ante el atropello del Congreso, no sólo no han podido articular una respuesta coherente sino que se muestran tímidos, balbuceantes, apocados al hablar del asunto, como si les hubieran removido el suelo debajo de sus pies y pendiera de un hilo su propia existencia. Siguen apegados a la vana esperanza de que la tormenta que se avecina sea solamente un sueño del que pronto despertarán.

Tristemente no es un sueño y eso ya se sabe, porque los paños tibios se acabaron y el mito de la “metrópolis dadivosa” que quiere mucho a Puerto Rico se ha hecho añicos. Por eso, ha llegado la hora de actuar y hablar de frente: si los líderes políticos del PPD y el PNP aceptan la Junta de Control Fiscal Federal que nos quiere imponer el Congreso de Estados Unidos, que lo digan abiertamente y sin titubeos. Y si no la aceptan, que se unan a los que nos proponemos combatirla y enfrentar al “americano” con su responsabilidad como poder colonial sobre nuestro pueblo. Buena oportunidad tienen si se unen a la protesta “Junta de control fiscal, ¡No a la esclavitud colonial!”, que múltiples organizaciones patrióticas y de la sociedad civil han convocado para el martes 22 de marzo, a las 10 de la mañana, frente al Tribunal de Estados Unidos en la calle Chardón.

Con o sin la anuencia de sus líderes electos, Puerto Rico no puede regresar a los tiempos de la Ley Foraker. Sería demasiada la vergüenza y la indignidad. ¡No a la Junta de Control Fiscal yanqui!