Frente a las tres recientes decisiones adversas contra la compañía Energy Answers (EA), la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), se dispone a renovar sus fuerzas para “continuar nuestra lucha contra esta peligrosa propuesta”, expresó la portavoz de la Coalición, Myrna Conty.

La Coalición dio a conocer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por sus siglas en inglés) y el Tribunal de Apelaciones (TA) emitió cada uno una decisión adversa a EA, lo que consideran un logro para toda la comunidad.

En el caso del DRNA, la agencia reafirmó su determinación de negarle a la incineradora de basura un permiso de franquicia de uso de agua del Caño Tiburones. El mes pasado la Coalición había dado la voz de alerta de que EA había impugnado la determinación del DRNA. De acuerdo a la Coalición, entre otros aspectos el DRNA encontró que EA presentó números falsos en su solicitud de franquicia y que además incumplió otros requisitos que le había impuesto la agencia.

“La extracción de 2.1 millones de galones de agua diariamente del Caño Tiburones, causaría un impacto sobre el mismo que afectaría el nivel de saturación y condiciones de suelos para sustentar los humedales, pantanos y ciénagas de la Reserva Natural”, detalla la resolución del DRNA.

La portavoz de la Coalición llamó la atención a que el Caño Tiburones es “el humedal más importante de nuestro país” y, más aun, censuró que “Energy Answers, demostrando su avaricia y codicia, pretende pagar 42 centavos diarios por esta cantidad de agua”.

En el caso de EPA, la agencia desaprobó el Plan de Implementación Estatal de Plomo (PIE) de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), lo que dificulta que EA logre un permiso de operación de esta agencia federal. La Coalición reveló que en el Federal Register del Gobierno de EE UU se informa que la EPA se propone desaprobar el PIE propuesto en 2015 por la Junta.

Según expuso la Coalición, el sector Cambalache, en Arecibo, fue declarado “área de no logro” para plomo por la EPA desde 2011. La contaminación que se extiende por cuatro kilómetros a la redonda, incluyendo la ciudad de Arecibo, fue originada por la compañía recicladora de baterías Battery Recycling con su fundición de plomo. “Los empleados de la fábrica cargaban polvo de plomo a sus vehículos y a sus hogares y contaminaron sus familias, incluyendo niños, que son más vulnerables a este tóxico”, describió Conty.

La EPA le ha exigido a la JCA que diseñe un PIE para plomo que implemente medidas que lleven a Cambalache a “área de logro”. “La Coalición participó de las vistas públicas de este plan y criticó que se pretenda aprobar una nueva fuente de emisión de plomo como es la incineradora a menos de un kilómetro de Battery Recycling”.

La tercera victoria para los defensores ambientales fue la determinación del Tribunal Apelativo (TA) de negar a la Junta de Planificación una petición de reconsideración sobre una decisión anterior que le ordenaba celebrar una vista sobre la consulta de ubicación de EA o justificar porque no la concede.

Conty reiteró la denuncia de que “la ciudadanía ha solicitado por años sin éxito a la Junta de Planificación que lleve a cabo una Vista Administrativa para demostrar porqué se debe anular la Consulta de Ubicación del proyecto de Energy Answers”. Los opositores han denunciado de forma reiterada que EA presentó a la JP datos falsos sobre cambios demográficos, datos inflados de producción de empleos, los efectos en las finanzas municipales, entre otros. “Son cambios significativos que no fueron considerados al aprobar en 2010 a toda prisa este documento”, denunció.

Ante estas tres decisiones, la Coalición manifestó que “Las instrumentalidades gubernamentales están empezando a reconocer que nuestros planteamientos y objeciones a esta mega incineradora son correctos”.

Por su parte, la ingeniero Ingrid Vila, ex secretaria de la gobernación, quien también ha advertido sobre los peligros de la operación de la incineradora, se expresó soibre las derrotas administrativas y judiciales sufridas por EA. “Estas tres decisiones son victorias importantes para las comunidades y para todos los que nos oponemos al incinerador de Arecibo”.

Sobre la reiteración del DRNA de negar el permiso de uso de agua, Vila reclamó que ello reafirma su postura del efecto detrimental que tendría extraer 2.1 millones de galones diarios de agua del Caño y permite continuar con los esfuerzos de protección de ese valioso recurso natural.

De igual forma indicó que el rechazo de EPA al PIE confirma que el área de Arecibo todavía no cumple con niveles aceptables de plomo en el aire y que, por ende añadir otra fuente contaminante como el incinerador tendría efectos adversos para la población.

Por último, Vila describió que la decisión del TA “es un paso afirmativo en los procesos de democracia y de participación amplia que todos debemos defender”.

Vila adelantó que estas decisiones se estarán compartiendo con la agencia federal que actualmente evalúa financiar el incinerador (Rural Utilities Services), “pues entendemos que todas reafirman lo que se lleva exponiendo en torno a la no viabilidad económica, social y ambiental del incinerador. Continuaremos promoviendo que se adopten alternativas sustentables de reducir, reusar y reciclar con la misma fuerza que continuaremos la lucha en contra de este incinerador”.

Por su parte, el representante legal de la Coalición, licenciado Pedro Saadé Lloréns, aclaró que aunque el DRNA dejó la puerta abierta para que EA presentara otra solicitud de franquicia ello estaría condicionado a que se cumpla con todos los requisitos. Puso en duda de que se pueda cumplir con todos los requisitos, en particular dado a que los terrenos de donde se extraería el agua se encuentran en zona inundable.

En lo que respecta a la decisión del TA, Saadé Lloréns indicó que tanto la JP como EA pudieran acudir al Tribunal Supremo (TS), acción que de momento ve poco probable. Mientras, la JP tiene que decidir qué hacer, o dar la vista o fundamentar su negativa a no concederla. Adelantó que en caso de que la JP no conceda la vista, volverían al tribunal, aunque consideró que lo más sensato es que la JP la conceda.