El abandono de la metrópolis del territorio colonial en esta etapa histórica forzó la creación de una deuda pública impagable por las autoridades coloniales desde el año 2000 al 2014.

He planteado en mis escritos previos, en este y en otros medios, unas teorías jurídicas, amparadas en el derecho internacional y comparado, bajo las cuales, la metrópolis colonial, controladora fiduciaria del territorio colonial, es la responsable de la deuda pública odiosa. He considerado litigios y foros en donde exponerlas. Pero en este escrito, como en otros previos, enfatizo en el foro más importante: la Asamblea Constitucional de Status.

Nadie anticipaba que el éxodo masivo -que no es ni remotamente la crisis humanitaria de Haití o Siria- sería la solución o "protesta " preferida de grandes sectores o masas de la nación puertorriqueña. Pero ahí está la variedad de acreedores y fondos buitres en fila agresiva, dando dentelladas, exigiendo el pago.

El gobierno actual del Estado Libre Asociado (ELA) ha participado como aliado con el Comisionado Residente Jorge Pierluisi del partido estadista, en ciertas limitadas gestiones en el Congreso como el proyecto de enmienda a la Sección 9 del Código Federal de Quiebras. Esto ante la ausencia total de otros líderes y miembros de la estructura del Partido Nuevo Progresista.

El gobierno de ELA ha optado por una variedad de movidas y estrategias: pagos considerables a los acreedores; complejas negociaciones directas con los acreedores con gastos innecesarios e improductivos como los "servicios" de Lisa Donahue, oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no han culminado, pero con poca fuerza de negociación, y sin el uso de teorías jurídicas efectivas que sirvan de palanca de negociación; impuestos a la población y recortes en el presupuesto; movilización a un cónclave controlado en Florida como facción del Partido Demócrata; cabildeo al Ejecutivo y Congreso Federal; y la creación de "esperanzas" con las comparecencias en los casos que excepcionalmente está acogiendo la Corte Suprema Federal.

Todo esto se ha canalizado desde arriba, en alegatos ante las cortes federales o vistas ante el Congreso Federal. Pero lo que más suena en éstos días, con congresistas, acreedores, gobierno colonial y sus cabilderos, es un coro, cada vez más unánime de: "Junta de Control Federal". Sin garantías de exoneración o reducción significativa de la deuda pública, y con toda probabilidad, una vez impuesta dicha Junta, recetas neoliberales de privatizaciones, impuestos, despidos y continuación del éxodo de nuestro pueblo.

No existe estrategia unificada del independentismo o sectores progresistas frente a la deuda pública. Se proclaman llamados a la auditoría ciudadana, transparencia e información, moratoria, reestructuración e impago, así como la Asamblea Constitucional de Status. Incluso se ha acogido por unos sectores la "auditoría gubernamental". Ninguno de los cuales han cuajado en un proceso definitivo y claro y mucho menos de masas; algunos de estos mecanismos con grado de razón y otros con mayor peso e importancia.

Pero para mí lo más importante de todos estos fenómenos es la Asamblea Constitucional de Status (ACS), como órgano representativo de la nación, unificándola con la participación política de la Diáspora, confiriéndole el derecho al voto en todos los eventos nacionales electorales en la isla. Y como punto principal en la agenda de la ACS frente a la metrópolis, y reclamación en todos los foros internacionales, la reparación de agravios por los daños coloniales y la asunción de la deuda odiosa, proscrita por el derecho imperativo internacional, por el poder colonial. La ACS es el órgano representativo, de unificación y fuerte, que puede lograr verdaderas conquistas, sobre todo frente a la deuda colonial odiosa.

Por eso debería ser una prioridad de éste momento y del futuro, en una agenda unificada de todos los sectores anti-neoliberales, progresistas, independentistas y soberanistas, la exigencia al actual partido de gobierno, que cumpla su compromiso programático y convoque una Asamblea Constitucional de Status.

Ni las acciones constreñidas en los órganos coloniales, incluida la participación enclenque en sus elecciones, o las tres ramas parcializadas del gobierno federal, pueden ser la ruta primordial.

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