En una acción que reafirma su histórica postura desde hace 63 años, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que el Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico no goza de soberanía.

Sin emplear el término, el procurador general estadounidense, Donald Verrilli, admitió que Puerto Rico mantiene su condición de colonia a pesar de la representación que Washington hizo en 1953 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La intervención de Verrilli como “amigo de la corte” en el caso judicial Pueblo de Puerto Rico vs. Sánchez Valle recurrido al Tribunal Supremo de Estados Unidos bajo el alegato de “doble exposición”, al ser acusado en el tribunal federal en San Juan y ante el foro puertorriqueño, ha desatado de inmediato un maremágnum político.

El gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, estableció que el ELA goza de una relación sin paralelo en el andamiaje constitucional estadounidense.

García Padilla reafirmó la postura tradicional del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que preside, que asumió como propio el Estado Libre Asociado (ELA) establecido el 25 de julio de 1952, mismo día que 54 años antes Estados Unidos invadió por el sur a Puerto Rico en 1898.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de contradecir este aspecto al sostener que la constitución del ELA hace poco más de seis décadas no transformó la relación territorial que Puerto Rico mantiene con Washington, al solicitar intervenir en el caso de doble exposición judicial, que se ventilará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Para el mandatario puertorriqueño esta isla del Caribe, como ELA, “goza de una relación sin paralelo en el andamiaje constitucional estadounidense”.

Anticipó que su administración “continuará insistiendo en su posición”, a través del Ministerio de Justicia de Puerto Rico, por lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá que “enfrentar definitivamente este asunto”.

“La pregunta planteada ante el máximo foro federal es si Puerto Rico posee un grado de soberanía propia que le permite acusar criminalmente a personas que han sido convictas por el mismo delito en un tribunal federal”, dijo el gobernador.

La diputada Jenniffer González, vicepresidenta del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), apostilló que la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que ha hecho es reafirmar los planteamientos de ese sector sobre la condición “territorial” de Puerto Rico.

La legisladora, quien aspira a ocupar en la boleta del PNP la candidatura a delegada de Puerto Rico ante el Congreso en Washington para las elecciones de noviembre de 2016, subrayó que “el gobierno federal nos dice lo que es evidente, el ELA es una colonia y no garantiza la ciudadanía americana de forma permanente”.

Atribuyó a esta situación que Puerto Rico reciba un trato injusto y discriminatorio con relación a los programas de asistencia federal y no permite ejercer el derecho al voto en la nación a la cual la Isla está subordinada.

Washington impuso en 1917, mediante la Ley Jones, la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños para reclutarlos como soldados durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que no está vinculada al establecimiento del ELA 35 años después.

“Es hora de que todos los que atesoramos nuestra relación permanente con Estados Unidos y la ciudadanía americana nos demos cuenta que solo la estadidad (anexión) garantiza la ciudadanía americana y el vínculo indisoluble, siendo el verdadero plan para que Puerto Rico salga de su crisis económica”, manifestó González.

En 1953, Estados Unidos alegó ante la Organización de las Naciones Unidas que Puerto Rico había alcanzado soberanía propia, por lo que no tenía que rendir más informes sobre su condición colonial.

“Curiosamente, el propio Procurador General señala en su escrito que ha decidido adoptar una posición reñida con las posturas previas de su oficina en cuanto a la soberanía del Estado Libre Asociado. Esa posición del Procurador General es también contraria a toda la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo federal”, observó García Padilla.

El gobernador insistió en que “Puerto Rico no es un mero territorio, sino que goza de una relación sin paralelo en el andamiaje constitucional estadounidense”.

Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene que “Puerto Rico pertenece a pero no es parte de Estados Unidos”, lo que ha llevado en el pasado a sugerir que, incluso, se le puede vender a otra nación.

El sector independentista ha sostenido históricamente que desde la invasión en 1898 Puerto Rico ha permanecido bajo la subordinación de Washington, por lo que no ha alcanzado ningún grado de soberanía, a pesar de tener un limitado poder para su administración interna.

En los últimos años, ha denunciado la izquierda boricua, Estados Unidos ha intensificado su presencia en el país y ha asumido jurisdicción en áreas que había quedado bajo el exclusivo dominio de las autoridades puertorriqueñas.

En la actualidad, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tiene una mayor actividad policial que en décadas pasadas y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos interviene cada vez más en asuntos que antes quedaban reservados a los tribunales puertorriqueños, lo que denota una pérdida de poder con relación a los conferidos hace 63 años.

(Tomado de Prensa Latina)