A raíz del impago y de que el gobernador Alejandro García Padilla activara la cláusula conocida como “claw back”, ya el Gobierno recibió el golpe de una primera demanda de dos de sus acreedores.

Activan Comisión de Auditoría

Parece que, por fin, al menos el Presidente del Senado se ha dado cuenta de que ante la falta de un mecanismo para poder reestructurar la deuda, el país no puede pagar la deuda de $72 mil millones y de que es necesario una auditoría de la deuda.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, convocó para el próximo martes 19 de enero a una primera reunión de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, (CAICP), organismo creado a tenor de la Ley 97 de 2015. Al dar a conocer la convocatoria, Bhatia declaró que “el país y su estatus fiscal están en un momento crítico donde se tienen que tomar acciones determinantes con relación a su deuda. En ese proceso, la transparencia es indispensable para las partes y, sobre todo, para el pueblo de Puerto Rico. Ese es el espíritu de la creación de la Comisión de Auditoría Integral que se creó mediante la Ley 97 de 2015 y es mi compromiso que se tome acción para realizar las labores descritas en la ley”.

Ante la convocatoria por parte del Presidente del Senado, el Movimiento de Concertación Ciudadana VAMOS dejó en suspenso la acción legal que se proponía entablar para que se iniciaran los trabajos de dicho organismo tras más de cinco meses de retraso.

“Esta convocatoria es una demostración de que nuestro pueblo debe expresarse y requerir del gobierno que cumpla con sus obligaciones con la ciudadanía”, afirmó VAMOS en comunicado de prensa.

VAMOS advirtió que le tomarían la palabra al senador Bhatia, “pero nos mantenemos en alerta para que se cumpla con la Ley 97 (de julio de 2015) que mandata la constitución de la Comisión y se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública, se determine la cantidad que realmente nos corresponde pagar y se estructure un plan razonable y viable para el pago”.

Según informó la Presidencia del Senado, entre las funciones de la Comisión está examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación del endeudamiento público, el origen y el destino de los recursos, así como la ejecución de los programas financiados con deuda interna o externa.

De igual forma, le compete a la Comisión definir una metodología para llevar a cabo la auditoría que ordena la Ley, crear una base de datos que permita realizar toda clase de análisis en torno al proceso de endeudamiento, además de establecer un sistema de transparencia de la información tanto para el proceso investigativo y auditado como para futuros procesos de endeudamiento.

La Comisión debe rendir un informe de sus ejecutorias cada seis meses.

El organismo lo integran, además del líder senatorial, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló; el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres; los portavoces de minoría en ese cuerpo, Larry Seilhamer y María de Lourdes Santiago; el portavoz de la mayoría en la Cámara, Charlie Hernández; su similar de minoría, Jennifer González; la titular del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi; el economista José Alameda; el abogado y CPA, Juan Lorenzo Martínez; el portavoz del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán; el presidente del First Bank, Aurelio Alemán; Irma Hilario Arroyo, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas y el señor Frank Medina.

Estas designaciones están dispuestas en la ley aprobada y fueron hechos en noviembre pasado ya que ésta establece que: “Si el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no ha nombrado a los representantes del interés público enumerados aquí, a los diez (10) días naturales de la entrada en vigor de esta Ley, corresponderá a los presidentes de los Cuerpos de que se compone la Asamblea Legislativa, por mutuo acuerdo, realizar los nombramientos”.

Pero la acción del Presidente del Senado se produce al cabo de una semana de que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) incumpliera con el pago de más de $263 millones en bonos de deuda pública de varias instrumentalidades del estado.

A raíz del impago y de que el gobernador Alejandro García Padilla activara la cláusula conocida como “claw back”, ya el Gobierno recibió el golpe de una primera demanda de dos de sus acreedores. La cláusula “claw back” le permite al Gobierno retener parte de los ingresos de corporaciones públicas. En este caso se dispuso de la retención de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), y de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), para poder así cumplir con el pago de otras obligaciones gubernamentales.

De inmediato, las aseguradoras Assured Guaranty (AG) y Ambac Financial (AF) presentaron el jueves 8 de enero una demanda contra el gobierno del ELA en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, conocido como Tribunal Federal, en la cual alegan que la retención por conducto del “claw back” viola la Constitución de Estados Unidos.

La acción de AG y AF no debió haber tomado por sorpresa ni al Primer Ejecutivo, ni a los presidentes legislativos dado a que las casas acreditadoras de Puerto Rico han estado cabildeando activamente en el Congreso de Estados Unidos y en los medios de comunicación en Estados Unidos en contra de que el ELA pueda tener un mecanismo para renegociar su deuda. Por razones que no se han determinado, en el 1984 el Congreso de Estados Unidos eliminó al territorio de Puerto Rico de la aplicación de su Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

En el verano del 2014, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (LCDRCP), reconocida como la “ley de quiebra criolla”. No fue hasta junio de 2015 que el Primer Ejecutivo la firmó y no pasó un día para que los bonistas Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds radicaran una demanda en contra del Gobierno en el Tribunal Federal, alegando que la ley era inconstitucional. Como era de esperar, el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico declaró inconstitucional la ley de quiebra criolla, decisión que fue confirmada por el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston.

De no ocurrir algo antes de que el Congreso de Estados Unidos le provea a Puerto Rico la herramienta para poder reestructurar la deuda, tanto acreedores como el Gobierno de Puerto Rico tendrán que esperar porque este próximo mes de marzo el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebre una vista oral sobre el “certiorari” presentado por el Gobierno de Puerto Rico para defender la constitucionalidad de la “Ley de Quiebra Criolla”. Frente al hecho muy poco probable de que en tres meses se pueda realizar una auditoría de la deuda, del resultado de esa vista dependerá si al fin y al cabo el país sigue pagando a ciegas.