El Complejo Industrial de Prisiones (CIP), que existe en Estados Unidos de América (EUA) está orgánicamente relacionado con la política neoliberal que comenzó a ser implementada por la Administración de Richard Nixon.

La campaña presidencial de Nixon se caracterizó por su discurso político demagógico, repleto de mensajes de odio y miedo, que pretendía criminalizar todo lo que no cuadrara o encajara con su política ultraconservadora. Con ello pretendía criminalizar al movimiento contra-cultura, al movimiento de derechos civiles, al movimiento contra la guerra de Vietnam y contra todos los movimientos anticoloniales, al movimiento de los nativos americanos y a los movimientos antiimperialistas y de liberación negra. Y subrepticiamente estaría criminalizando a los pobres, alegando que se estaba combatiendo el problema de las drogas.

Nixon no hizo más que entrar a la Casa Blanca para comenzar a criminalizar todo lo que quería criminalizar. Creó la Drug Enforcement Agency (DEA), la Law Enforcement Assistance Administration (LEAA) y el RICO Act, que era la infraestructura que necesitaba para comenzar su guerra contra las drogas. Su cínica guerra contra las drogas no era otra cosa más que una mentira, porque la verdadera meta era criminalizar a los pobres y erradicar la Guerra Contra la Pobreza que había iniciado el Presidente Johnson.

Con la creación de la DEA y la LEAA se comenzó a criminalizar a los usuarios de drogas y a los pequeños vendedores en los barrios más pobres de negros, latinos, nativos y blancos. Más y más policías entraron al servicio policiaco, más fiscales y más jueces fueron empleados. Y más y más jóvenes en los barrios antes mencionados fueron encarcelados. A la misma vez, miembros de movimientos antiiimperialistas y de liberación de negros también comenzaron a ser criminalizados. Para la ultraderecha nixoniana todo lo que representaba una amenaza a la política neoliberal que ellos pretendían implementar tenía que ser eliminado o neutralizado. Y la manera más eficaz para lograrlo era criminalizarlos a todos.

Mientras que los nixonianos implementaban su criminal guerra contra los pobres y las drogas, una agencia federal ayudaba a importar heroína al país para financiar la Operación Fénix que el gobierno estadounidense llevaba a cabo en Laos, Cambodia y Vietnam. La heroína fue a parar a los barrios latinos, negros y nativos causando la peor epidemia de adicción. Ello causó que el número de adictos creciera exponencialmente. Esa movida criminal practicada por una agencia del gobierno federal ilustra desde un principio que la guerra contra las drogas era una fatula.

Dos gobernadores estatales comenzaron a imitar la política neoliberal que Nixon estaba implementando. En California, Ronald Reagan (bloodbath Reagan) comenzó a aprobar leyes draconianas para criminalizar al nivel estatal a jóvenes negros, chicanos-mexicanos, nativos y asiáticos llenando las prisiones con ellos(as). Esto creó la necesidad de construir más y más prisiones, creando un boom que benefició grandemente a la industria de construcción.

En Nueva York, Nelson Rockefeller (responsable de la masacre de Attica) también comenzó a aprobar leyes draconianas contra las drogas. El resultado de esas leyes fue llenar las prisiones de jóvenes negros, boricuas y otros latinos, de asiáticos, nativos y pobres blancos, la mayoría de ellos de la ciudad de Nueva York. Y el Estado de Nueva York también comenzó a construir más y más prisiones.

En ambos Estados se construyeron prisiones siguiendo el mismo patrón. Las prisiones eran construidas en comunidades pobres de blancos. Así, después de que la prisión era construida, la mayoría del personal carcelero era de blancos y la mayoría de los(as) presos(as) venía de los guetos de latinos y negros. Y poco a poco todos los estados se fueron contagiando con la fiebre de construir más y más prisiones. La nación se llenó de prisiones.

Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, la política neoliberal tomó más impulso. Durante su administración comenzaron a aprobarse más leyes draconianas, se abolió la Junta de Libertad Bajo Palabra, se eliminaron muchos programas que ayudaban con la rehabilitación de los presos, se fomentó la privatización de prisiones, se comenzó a implementar la pena de muerte federal y comenzó el boom más grande de construcción de prisiones federales.

Para fortalecer la guerra contra las drogas, Reagan nombró a un zar. Y para financiar a los CONTRAS, la misma agencia federal que había traído la heroína a EUA para financiar una operación militar en Asia, comenzó a traer cocaína al país para derrotar al gobierno Sandinista en Nicaragua. Con la entrada de cocaína en las comunidades pobres fue que comenzó la epidemia del crack. Hasta ese momento la cocaína era una droga que solo la podían consumir gente con dinero. Pero al inundar el mercado de drogas con la cocaína, esta se hizo más barata y el consumo creció muchísimo. Este es otro ejemplo que ilustra que la política neoliberal ayudó a aumentar la drogadicción y a criminalizar más y más a los pobres.

La llegada de las administraciones de George H. Bush y William Jefferson Clinton marcaron el crecimiento más grande de leyes draconianas. Las sentencias pasaron a ser tan largas que les garantizaba que las prisiones estuvieran llenas de presos con sentencias de por vida. La criminalización de las drogas y los pobres llegó a su máximo nivel. Al comenzar el Siglo XXI, el Complejo Industrial de Prisiones (CIP) había alcanzado un crecimiento monstruoso.

Para el 2012, el CIP tenía más de 2.4 millones de mujeres y hombres presas(os). Bajo la jurisdicción del sistema federal había un total de 102 prisiones. Al nivel estatal había 2,259 prisiones. La cantidad de presos jóvenes adolescentes era de más de 60,000 y de ellos había 2,500 con sentencias de vida. Había 3,283 cárceles locales. El costo de un complejo de prisiones llegó a medio billón de dólares. Y la nación está llena de complejos de prisiones que han sido construidas durante los últimos 46 años, incluyendo las monstruosidades de aislamiento con programas de privación sensorial. La cantidad de prisiones privadas también ha crecido muchísimo y es donde está almacenada casi toda la población penal de indocumentados. Cada día aparecen más casos de abusos en esas prisiones.

Cuántos de esos seres humanos que han pasado la mayor parte de sus vidas encerrados, humillados, deshumanizados hubieran podido ser seres productivos si no hubiera habido una llamada guerra contra las drogas, contra los pobres. Ha sido con la creación del CIP que los(as) presos(as) han sufrido su más grande transformación en una utilidad o mercancía y que han experimentado más explotación de su fuerza laboral.

Las empresas privadas se han beneficiado económicamente de esa explotación, hacen dinero contratando servicios con las prisiones. Las compañías de teléfono, las de energía eléctrica, las de agua, las de equipo de seguridad y vigilancia y las que suplen a las comisarías dentro de las prisiones obtienen grandes ganancias. Una llamada telefónica le puede costar a un preso hasta diez veces lo que paga un usuario afuera. En muchos estados de la nación hay comunidades que dependen principalmente de las prisiones que están construidas en ellas. Para estas comunidades, las prisiones son una mina de oro. Se estima que el costo de un(a) preso(a) oscila entre los $40,000 y los $60,000 al año, casi lo que cuesta la matrícula en una universidad prestigiosa.

Los programas de rehabilitación casi no existen. Hay una diferencia entre lo que se le ofrecía a la población penal antes de la creación del CIP y lo que se le ofrece en el presente. El nivel de deshumanización y hostilidad es cada día más grande. Y aún peor es la cantidad grande de presos(as) con problemas mentales que crece más y más cada día. Son esos presos los que ilustran lo destructivo que es el CIP.

Después de más de 46 años de estar existiendo el CIP, su único logro es el enorme daño que les ha hecho a millones de seres humanos, especialmente a la población afroamericana, a la latina y a la nativa americana. La mayoría de ellos(as), después de haber salido de la prisión, ni siquiera pueden ejercer los derechos que el resto de la ciudadanía ejerce. Solo la ultraderecha con su política neoliberal se ha beneficiado de la creación del CIP.

Especial para Claridad

* El autor es un organizador comunitario y activista puertorriqueño, que Estados Unidos ha mantenido encarcelado en prisiones federales por 34 años, condenado de conspiración sediciosa por luchar por la independencia de Puerto Rico. Es el prisionero político más antiguo del hemisferio occidental.