Aunque a juicio de la profesora de economía Martha Quiñones Domínguez, la alternativa del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras no resuelve el problema de falta de recursos fiscales, pues lo que hace es colocar las esperanzas en una herramienta que solo estructura el proceso de renegociar la deuda y no evalúa la raíz del problema, por otra parte la resistencia del Gobierno de Estados Unidos a que Puerto Rico pueda acogerse a esta ley lo que está haciendo es enviando un mensaje de que “ustedes no tienen un plan de País que ofrecer y están improvisando”.

En entrevista sobre la interrogante de si se debe insistir en el Capítulo 9, Quiñones Domínguez planteó que se debe ser “serio y más científico” al abordar el problema de la deuda, por lo que apuntó que primero había que estudiar el problema en todas sus vertientes multidimensionales, con todas sus causas y efectos, para luego diseñar estrategias apropiadas. Por el contrario, consideró que con la ley de quiebras lo que se está haciendo es improvisando y buscando salvavidas temporeros.

En ese sentido, favoreció que se audite la deuda y se le explique al pueblo en qué se utilizó ese dinero. Después, hay que clasificarla y estudiar causas de acción en cada hallazgo para determinar las alternativas de moratoria, reestructuración, pago y no pago.

“Explicar al pueblo y pedir opinión sobre cómo se va a usar el dinero que se logre de las economías y que se establezcan prioridades sociales, con objetivos sociales. Que el pueblo conozca lo que se hace con el dinero para que tenga claro el uso eficiente y efectivo del dinero”, reclamó.

La economista afirmó que el problema de la deuda es la corrupción y cómo se desaparece el dinero sin lograr los objetivos sociales y económicos establecidos y que no produce crecimiento. Hasta que no se reconozca ese problema y se controle, no hay alternativa valida para EE UU. “Ellos, al negarse asumir responsabilidad, envían ese mensaje y por eso responden con una Junta de Control Fiscal. Administramos desde allá y aseguramos que se pague.”

En ese aspecto, criticó las medidas propuestas por el Congreso de Estados Unidos para atender la situación. En el caso de la asignación de $3,000 millones para resolver el problema de liquidez a corto plazo, reconoció que esa cantidad puede resolver el problema a corto plazo, pero no se puede estar resolviendo todo a corto plazo pues se pierde la dirección de hacia dónde dirigir el país.

La profesora de Economía del Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico (UPR) advirtió que hay un peligro eminente en la propuesta del senador Orrin Hatch que pretende desmontar lo que ha sido construido para el beneficio del pueblo para satisfacer las ansias de ganancias económicas de ciertos sectores económicos y lo disfrazan de ayudas.

Expuso que la propuesta de Hatch tiene tres partes principales. La primera propone una reducción de los pagos que se hacen al Seguro Social por parte de los empleados. La segunda parte propone una reforma de las pensiones sin discusión. La tercera parte propone la Junta de Control Fiscal, que es algo que devuelve a Puerto Rico a su condición colonial que tenía en 1900 con la Ley Foraker y que el pueblo de Puerto Rico denunció como una falta de democracia y de soberanía.

Sobre la reducción de la aportación que hace el trabajador al Seguro Social, expuso que ésta es una que pesa en contra del empleado ya que estimularía el consumo pero reduciría los beneficios que esos empleados podrían recibir en el futuro. Acotó que esto aplicaría a empleados y trabajadores independientes y el requisito básico es que el que reclame la reducción debe ser residente de una de las posesiones de Estados Unidos.

“Y aquí nuevamente notamos que es un asunto que nos devuelve a la condición de colonia, como ciudadano de segunda clase y diferente, del cual no se deben preocupar. Si actualmente el Seguro Social no da para vivir dignamente, entonces la propuesta es llevar a los retirados del futuro a niveles de pobreza obligándolos a comprar un seguro privado y desmontar poco a poco el Seguro Social federal”, denunció. También hay que notar que esta medida en el fondo lo que pretende es que haya más recaudos al fisco para poder pagar a los bonistas.

Prosiguió que la medida está atada a la segunda propuesta de reformar el sistema de pensiones con el objetivo de reducir el impacto público del sistema de retiro de los gobiernos municipales y estatales, pero en realidad se pretende hacer más pobre al retirado, con lo que obliga al empleado a contemplar un plan de retiro privado.

La economista insistió y llamó la atención a que hay que fijarse que lo que se propone no impone el tipo de plan a crear, sino que dispone que los sistemas de retiro privados tengan un tratamiento contributivo particular y así estimular el uso de dicho plan. Esto queda envuelto en la tercera propuesta de la Junta de Control Fiscal.

“Todo esto lo une al problema actual que tiene el gobierno con los sistemas de retiros y lo ata a la tercera propuesta de la Junta de Control Fiscal donde establece la responsabilidad de informar sobre las pensiones actuales y futuras de los empleados públicos de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal. Tratando de que se pueda asegurar la sostenibilidad de los planes de pensiones por los próximos 20 años, y dice que si no se aseguran habría que proponer las alternativas entre las cuales se contempla congelar futuros beneficios de los pensionados, reducir beneficios o establecer un nuevo plan de retiro privado”.

Quiñónes Domínguez denunció y advirtió sobre el plan congresional de que la propuesta de crear un nuevo tipo de plan de retiro manejado por las compañías de seguros que no comprometerían ni implicarían un seguro federal o estatal lo que busca es proveer la vía para eliminar o hacer inoperante el SS Federal y crearle un mercado a las aseguradoras privadas.

La economista y planificadora cuestionó “¿Cuál es el deber contractual del gobierno con sus constituyentes, legislar para mejorar la calidad de vida de las personas asegurando un sistema de retiro, o legislando para crear negocios a los privados sin asegurar beneficios a los ciudadanos? Es complicado pues el gobierno de Estados Unidos ha dejado de ser un gobierno para el pueblo y se ha vuelto un gobierno para los intereses económicos”.

En cuanto a la junta de control fiscal, expresó que ésta “es reconocer que siempre hemos vivido en una farsa de tener una colonia democrática con soberanía. La Junta envía el mensaje de que las élites de poder político y económico no han sabido administrar la colonia como la metrópolis entiende y que han llevado el tema de la dependencia a unos niveles que no se sostienen. Así que ellos vuelven a tomar el control y administrar la colonia para lo que sirve, darle riquezas a la metrópolis sin importarle las personas que viven en ella”.

Bajo la junta, denunció, se podrá seguir explotando la colonia sin importar si contaminan, destruyen, expolian y explotan al ser humano, lo que importa es obtener riquezas. Reparó en que la Junta administrará todo, desde el uso de los fondos públicos hasta las corporaciones públicas, para generar ganancias y pagar la deuda con los de afuera. En la Junta, dijo, no se contemplan como bonistas ni a los retirados (pues deben dinero al Sistema de Pensiones, sobre lo cual observó que no lo piensan pagar) ni a los cooperativistas, ni los bonistas locales.

“Es reconocer que el problema de Puerto Rico no es una crisis fiscal, sino que son múltiples crisis económicas, sociales y ambientales, con connotación fiscal que se manifiesta en el déficit fiscal. Déficit que se crea cuando no se cobran los impuestos, o se dan muchas exenciones sin evaluar y se mal usan los fondos públicos desviando sus usos en deudas que no se justifican”, insistió respecto a la propuesta de la junta de control fiscal.

Por parte de las medidas del gobierno de Puerto Rico, coincidió con que la exclusión de especialistas en el tema económico y planificación fiscal en el anunciado grupo para la “recuperación fiscal del país”, una vez más lo que se proyecta es que no hay análisis y estudio científico del problema desde la perspectiva de estudios enmarcados en la sociedad. Y como no hay análisis, no se buscan soluciones verdaderas para resolver los problemas, no existen planes ordenados de reestructuración económica y social que dirijan los procesos, no hay diseño de políticas públicas con objetivos sociales y económicos establecidos que establezcan las prioridades en los usos de los fondos públicos y no hay un Plan de País a donde dirigir la nave.

“Estamos en medio de un huracán con una nave sin rumbo, así que lo que vamos es camino a destruirnos. Por eso lo proyectan como un problema político de mala gestión y administración pública y que lo que van es hacer política de dependencia y no de autogestión. No pretenden resolver los problemas, sino buscar dinero para pagar a los bonistas, sin importar si el pueblo sufre las consecuencias. Y como los que gestionan el asunto luego regresan a las grandes compañías donde trabajan y desde sus puestos gestionan los contratos que recibirán de algún préstamo que el gobierno tome, no les interesa lo que le sucede al pueblo. La pregunta nuevamente es dónde está la democracia”, finalizó.