En vísperas de las elecciones del 6 diciembre, Venezuela vive el momento de máxima tensión política desde el golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.

En aquel momento, un grupo de militares, la oposición política, la jerarquía de la Iglesia Católica, la central sindical y la cámara de empresarios desalojaron del poder al Gobierno Bolivariano. Estaban insatisfechos con un conjunto de medidas redistributivas aprobadas en 2001, en especial con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se proponía democratizar el acceso a la propiedad en beneficio de los trabajadores rurales, afectando a la clase terrateniente. Entonces, se negaron a reconocer la nueva ley y de inmediato comenzaron a preparar un golpe de Estado.

El plan estaba muy bien armado: el 11 de abril de 2002 promovieron una movilización masiva de la oposición, luego desviaron su ruta hasta hacerla chocar con una marcha en defensa del Gobierno, a pocas manzanas del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia.

En los edificios de la zona estaban apostados francotiradores, quienes dispararon a los asistentes de ambas marchas, matando a varias personas de uno y otro lado. Con ayuda de los medios privados, acusaron al Gobierno de esas muertes, encarcelaron al presidente y disolvieron las instituciones, pero no contaban con un actor inesperado. El pueblo salió a las calles y se enfrentó a la represión, exigiendo el regreso de Chávez. Mientras tanto, militares leales asumieron el control y restablecieron la democracia.

A partir de 2002, comenzó una etapa caracterizada por la amplia participación popular, proceso que, al mismo tiempo, no tuvo más remedio que lidiar en forma permanente con los sectores económicamente más poderosos, aliados a Estados Unidos y Europa y representados políticamente por la oposición, que unifica a una diversidad de partidos que van desde el centro a la ultraderecha. Estas formaciones son las que rechazan la creación y el creciente protagonismo de las comunas, argumentando que afectan la democracia, al desplazar de sus competencias a las gobernaciones y las alcaldías, órganos de poder regional desde una mirada liberal.

«Esto solo pretende darle más poder al Gobierno central y no al pueblo», fue la opinión del Gobernador de Miranda y referente de la oposición, Henrique Capriles Radonski, cuando se debatía la ley de las Comunas, en 2010. En diciembre de 2012, otro referente opositor, Tomás Guanipa decía: «Se trata de una especie de comunismo que desconoce gobernaciones y alcaldías, en el que una sola persona toma todas las decisiones. Es una copia del modelo cubano». Comparando con la opinión del campesino Retaco, son dos miradas diametralmente opuestas sobre cómo se relacionan las comunas con la democracia. Pero… ¿qué son las comunas?
La democracia «participativa y protagónica»

Es imposible comprender el proceso político denominado Revolución Bolivariana sin conocer y reflexionar sobre el concepto de democracia que sustenta las diferentes posiciones. En medio de una crisis económica y social extendida al sistema político venezolano, el 6 de diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías fue elegido sorpresivamente con el 56,20% de los votos.

«Con Chávez manda el pueblo» era su consigna de campaña. La propuesta principal: convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de reformar el ordenamiento jurídico para hacer «una revolución política pacífica y democrática», incluyendo a los pobres, que en ese momento alcanzaban al 70% de la población. Su primera medida en el Gobierno fue convocar un referéndum –el primero en la historia venezolana–, en el que el 82% de la población apoyó la convocatoria a «refundar el país».Después del trabajo de los constituyentes, se convocó una nueva consulta, donde el 71% de los votos aprobaron la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El texto de la nueva Carta Magna incluía numerosos cambios, entre ellos la introducción de la revocabilidad de todos los cargos y el concepto de la democracia «participativa y protagónica».

Para dar operatividad a este principio, desde los inicios el Gobierno legitimó e impulsó la creación de diversas formas de participación, ligadas a la lucha por el acceso a la tierra, el agua y otros derechos económicos y sociales. Después del golpe revertido en 2002, el Gobierno radicalizó progresivamente su acción. En 2004, Chávez declaró el carácter antimperialista de la revolución bolivariana y pocos meses después, a principios de 2005, proclamó que se orientaba a la construcción del socialismo. En 2006, se sancionó la primera ley de los consejos comunales, espacios comunitarios donde las vecinas y los vecinos pudieran organizarse para decidir sobre aspectos locales, de su barrio o comunidad rural. «Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social», expresaba la ley.

A la normativa le siguió una verdadera explosión del poder popular. A principios de 2010 se encontraban conformados 31.000 consejos comunales y a fines de ese año, cuando se sancionaron las «leyes del poder popular», muchos de ellos ya se estaban agrupando por proximidad territorial, impulsando la formación de unas 200 comunas. Cada comuna, entonces, es la articulación de una serie de consejos comunales, una nueva instancia política.

​L​a Comuna Agropecuaria Negro Primero, por ejemplo, reúne a 42 consejos comunales, ubicados en un territorio de 39.000 hectáreas, en una zona montañosa de gran belleza, ubicada al sur del estado Carabobo, en el límite con Guárico y Cojedes, otros dos estados del centro-norte del país. Hasta el siglo XXI, la mayoría de sus habitantes estaban desposeídos de la tierra, en su mayoría en manos de latifundistas, que las tenían ociosas o con un bajo grado de utilización. Pero con la ley que enfureció a los empresarios y detonó el golpe de 2002, se organizaron para ocuparla. Luego, comenzaron a impulsar proyectos comunitarios que van desde la educación y la salud hasta la construcción de viviendas y proyectos productivos cooperativos

«Aquí lo que se cambió es la concepción del territorio, una nueva geometría de poder, donde estos nuevos ámbitos se piensan y definen a partir de las necesidades de la gente», explica Retaco. Y agrega: «Nosotros nos venimos organizando desde el 2003, mucho antes que existiera una ley de las comunas, un marco legal que nos reconozca. Comprendíamos que teníamos que forjar una nueva organización, que en un proceso revolucionario todo debe nacer desde lo nuevo. En estos años de revolución, lo más importante que hemos logrado en este territorio es la organización que tenemos. Por ejemplo, aquí, de 1.200 familias, nosotros estamos construyendo viviendas dignas para 420, pero vamos rumbo a ‘rancho cero’ en 2017. Por medio del autogobierno y la autoconstrucción vamos a lograr que ninguna familia viva bajo un rancho, como vivía toda esta población cuando comenzó la revolución».

Confrontando lo que sostiene la oposición, los comuneros y las comuneras explican que no hay una persona que las dirija, sino que se trata de una construcción colectiva. Cada consejo comunal, en asamblea, elige un portavoz. El conjunto forma el Parlamento Comunal, que se reúne como mínimo una vez al mes –en la comuna Negro Primero la frecuencia es semanal– y a su vez elige un consejo ejecutivo . Además, existen comités de gestión –de Tierra y Vivienda, Salud, Educación, Economía y Producción Comunal, Igualdad de Género, entre otros–, que son ámbitos colectivos encargados de articular proyectos y propuestas con las organizaciones sociales de la comuna relacionadas con la temática.

Retaco sostiene que esta propuesta política se fue construyendo no solo con la oposición de la derecha venezolana, sino tensionando el interior del propio chavismo. «A veces hubo forcejeos dentro de las mismas filas revolucionarias con respecto a las comunas. Hay dos Estados, el viejo Estado burocrático y liberal y el nuevo Estado comunal. El camino al socialismo es un camino duro, intrincado. El viejo Estado tiene que estar al servicio del pueblo organizado, para poder demolerlo y recoger solo lo que pueda ser provechoso para la construcción de un nuevo Estado Comunal. La ley es algo que complementa, pero la legitimidad está en lo que hace el pueblo cuando se organiza».

Otros relatos y experiencias similares pueden encontrarse a lo largo y a lo ancho de Venezuela. En estos momentos, al menos 1.200 comunas se encuentran organizadas. Casi todas fueron impulsadas durante los últimos años, y paradójicamente ganaron en articulación e influencia en los últimos dos años y medio, cuando la confrontación política se agudizó y Venezuela volvió a ocupar los titulares de los periódicos del mundo, en un marco de crisis que abre interrogantes sobre la continuidad –y la viabilidad– de la revolución.
Una nueva etapa

Con la desaparición física de Chávez, el 5 de marzo de 2013, un nuevo escenario político se abrió en Venezuela. Cuarenta días después, Nicolás Maduro fue elegido por mayoría (50,61%), aunque con un estrecho margen sobre Henrique Capriles, el candidato opositor, que obtuvo 49,12%, en un marco de gran polarización. Otras cuatro candidaturas lograron, de conjunto, el 0,24%. Los votos blancos y nulos, sumados, apenas alcanzaron el 0,44%. De inmediato, las fuerzas de derecha se negaron a reconocer los resultados y Capriles llamó a «descargar la arrechera» en las calles. Los grupos de choque destruyeron centros de salud, misiones educativas y de alimentación, transportes, edificios públicos y atacaron a grupos identificados con el chavismo, matando a once personas. No lograron encender la mecha de la explosión, pero un año después lo intentarían nuevamente.

A principios de 2014, un sector de extrema derecha de la oposición, liderado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, convocó a desconocer el orden constitucional para lograr «la salida» del presidente Maduro. Durante tres meses, la violencia se generalizó en 18 municipios gobernados por la oposición, con predominio de sectores de clase media y alta. El saldo: al menos 49 personas muertas, entre ellos ocho efectivos de seguridad del Estado, la mayoría alcanzados por disparos de francotiradores.

Mientras tanto, se desataba una ola especulativa por el control de los productos de consumo, en su mayoría provenientes de la importación. La receta, casi un calco de lo sucedido en 1973 en Chile, era «hacer chillar la economía», controlada en su mayoría por grandes empresas importadoras y distribuidoras. Así, los productos de primera necesidad comenzaron a desaparecer de los supermercados, apareciendo en los mercados de venta informal (llamados buhoneros) a precios más altos, o directamente eran dirigidos al contrabando hacia Colombia. Esto generó una espiral inflacionaria que aún se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con la oposición, la causa se debe a las medidas regulatorias, que impactan en la disposición de los empresarios a invertir y, por lo tanto, afectan la producción. Desde esta perspectiva, requiere cesar la intervención estatal, acabar con los subsidios y liberar los mercados. Desde el Gobierno se argumenta que estas medidas implicarían volver a la década de los 90, con graves consecuencias sobre la población. Y responsabiliza a los empresarios por los miles de toneladas de productos que casi todas las semanas se incautan en almacenes clandestinos.

Lo cierto es que, a pesar de las medidas encaminadas a asegurar el normal abastecimiento y a proteger los ingresos a través de sucesivos aumentos de salario, el Gobierno no acierta a controlar la situación. El dólar en el mercado negro se ha disparado hasta valores astronómicos, creciendo cada semana, y la inflación reduce progresivamente el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos fijos. Justamente, los sectores populares, la base social del chavismo. Esto tiene implicaciones profundas, en un contexto donde el próximo 6 de diciembre se renueva la totalidad de la Asamblea Legislativa.

Colombia, contrabando y desgaste. A este escenario debemos sumarle el conflicto fronterizo con Colombia. Venezuela y Colombia comparten 2.200 kilómetros de frontera, desde las costas del mar Caribe, en la península de la Guajira, pasando por la cordillera de los Andes y los llanos del Apure y el Arauca, hasta la espesa Amazonía, donde el Orinoco delimita la frontera sur. Aprovechando el diferencial cambiario entre ambos países, se ha organizado un gigantesco negocio de contrabando de gasolina, alimentos y productos de primera necesidad, que en Venezuela se venden a precios muy baratos. Se calcula que durante 2014, al menos un 40% de los productos producidos o importados con subsidios públicos en Venezuela entraron de contrabando en Colombia. Esto no puede suceder sin la complicidad de funcionarios estatales y militares, quienes se benefician individualmente de estas operaciones, acordando con quienes controlan el negocio, en poder de grupos paramilitares. De tal manera, el cierre de frontera decidido por Nicolás Maduro entre agosto y setiembre de 2015 busca terminar simultáneamente con dos problemas: el contrabando y el paramilitarismo.

«La guerra económica impuesta desde hace más de tres años ha mermado las bases del proceso revolucionario, producto de la confusión generada en la psiquis del pueblo venezolano», dice con preocupación Edwin Useche, integrante de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. «El 6 de diciembre se juega la supervivencia de la revolución bolivariana y la transición hacia el socialismo del siglo XXI, además de todos los avances políticos y sociales de estos años», añade. Useche, al igual que gran parte de la militancia chavista, no se priva del espíritu crítico al señalar aspectos centrales que obstaculizan el proceso. «Aún somos víctimas de la burocracia atornillada en las instituciones del Estado, de los sistemas de privilegios que rondan en las altas y medias esferas del poder». Sin embargo, sostiene que continúa apoyando a Maduro: «Mantiene una postura clara frente al imperio estadounidense y en defensa de los pueblos oprimidos, y nosotros y nosotras, junto a él, somos un pueblo convencido de que no hay otra salida sino la de defender –hasta con nuestras vidas, si es necesario– este legado de Chávez».

Estas elecciones, por lo tanto, constituyen un momento clave. Si logra triunfar la oposición, es previsible que la Cámara sea utilizada como plataforma de desestabilización, al estilo de lo sucedido en Paraguay, en 2012, con el Gobierno de Fernando Lugo destituido en un juicio exprés. Si gana el chavismo, se habilitaría la profundización de la revolución, impulsando la construcción del Estado comunal.

Esto implicaría un grado de tensión mayor con sectores poderosos, respaldados por EEUU, que ansía recuperar el petróleo venezolano, del que disfrutó durante todo el siglo XX. Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo, posee enormes cantidades de gas, agua y minerales y una posición geopolítica estratégica. Pero también puede agudizar las contradicciones en el seno del chavismo, donde coexiste una diversidad de opiniones sobre el rumbo a seguir. «La situación económica ha creado un clima de tensión que atenta contra la revolución. Lo que se escucha en la calle es malestar, rabia y desespero. No hay nada claro y siento que el pueblo espera una respuesta firme de parte del Gobierno. En estos últimos dos años la gente se ha desgastado muchísimo con el tema de la comida y los productos básicos. La derecha lo supo hacer bien», analiza Francis Monterola, una joven militante feminista oriunda del estado Monagas, al oriente, justo arriba del mítico río Orinoco.

Ante este escenario crítico, señala que «es necesario que el pueblo comunero avance rápidamente en su consolidación como pueblo-gobierno, capaz de planificar y administrar sus necesidades y proyectos con completa autonomía, incluyendo la producción y la distribución de bienes. Tenemos claro que no todo lo que está dentro de la Asamblea Nacional en este momento, ni quienes vienen –incluso si gana el chavismo–, están a favor de la organización comunal, pues no les conviene. Muchos están ligados al poder de las gobernaciones y alcaldías, y saben que si se consolida el Estado comunal perderán su poder», manifiesta.

De modo que, sea cual sea el resultado electoral, los antecedentes, los intereses en juego y el grado de confrontación política dan pie para imaginar una situación de crisis política general, donde nada será fácil. «Seguro que nada es fácil», parece decir José Retaco cuando se le pregunta por el devenir del proceso. Mira sereno y concluye, pensativo: «Si en cada una de nuestras luchas, en cada una de nuestras contradicciones, hemos triunfado y avanzado, la causa es la unidad del pueblo».

(Fuente: teleSUR)