Muy al contrario de la impresión que pretende presentar la administración de Alejandro García Padilla, de que el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal (PCEF) va en progreso, la realidad es que el citado plan es uno abstracto y las políticas públicas implementadas lo que han hecho es estrangular al pequeño y mediano empresario y comerciante y favorecer a las grandes empresas. En resumen, que todavía se está lejos de ver una recuperación porque no se ha trabajado para eso.

Así se desprende del examen que economistas y científicos consultados por este semanario hicieron a declaraciones del secretario de la Gobernación, Víctor Suárez Meléndez, reclamando, entre otros aspectos, un progreso en el citado plan, incluyendo gestiones del gobierno en el Congreso de Estados Unidos (EE UU) con el objetivo de que Puerto Rico logre un marco legal para poder reestructurar la deuda pública, exenciones a las leyes de cabotaje, paridad en los fondos de salud y la otorgación de un crédito tributario por ingreso del trabajo (“earned income tax credit”).

Para el economista y profesor José I. Alameda, es muy pronto para “cantar victoria” sobre el plan fiscal aun cuando haya habido una leve mejora en algunos aspectos de la economía en el sector privado, pero no en el gobierno. Alameda comentó que hasta donde conoce, lo que hay es una propuesta de plan fiscal muy extensa, que no se va a terminar en este año porque hay aspectos que dependen de legislación que, a su juicio, son muy difíciles que se aprueben. Hablar de un plan fiscal, “está como medio en el abstracto, inconcluso. A mi modo de ver, uno no puede cantar victoria de que el Plan Fiscal sea el causante de esas condiciones aunque sean verdad”.

A renglón seguido recalcó “obviamente unas medidas de un plan fiscal no se ven en menos de un mes, no hay tal cosa como una recuperación de la situación que se está dando”. El economista identificó varias cosas que son positivas cuando se miran los datos económicos, como que ha habido un aumento en el sector de empleos, en educación y alojamiento de hoteles por el turismo, el campo de la salud ha ido aumentando los niveles de empleos, quizás por la misma característica de la población que es más envejecida, y en la agricultura ha habido unos aumentos positivos.

Otro elemento positivo que identificó es la reducción en el precio de la gasolina debido a la baja en el precio del petróleo. Aclaró que la baja del precio en el petróleo ocurre debido a la tendencia internacional de que la fuerza centrífuga que mueve el precio ya no la determina la OPEC, sino que se está moviendo a determinarse en Canadá y EE UU. La baja en el petróleo, recordó, alivia un poco la situación en el costo del kilovatio hora de electricidad y a la gasolina misma. En julio del 2014 el costo del barril de petróleo rondaba los $100 y hoy ronda los $45.00 a $43.00, lo que representa una reducción de 60% y eso se traduce en una reducción de precios en algunos productos, “no mucho, pero algo”, describió.

Frente a lo descrito, Alameda llamó la atención a que, “decir eso no es el resultado de un plan fiscal, especialmente cuando ese plan fiscal está como en el abstracto. En el caso de las agencias del gobierno, tienen una baja en el gasto público por el control, pero eso lo vienen haciendo hace tiempo por la misma presión”.

La negociación de la deuda

A las reclamaciones de la administración de García Padilla de avances en la negociación de la deuda pública, el experimentado economista apuntó a que las negociaciones no están concretadas para nada y que sólo son conversaciones.

Alameda hizo otras observaciones sobre aspectos del plan fiscal los cuales, sugirió, son contraproducentes y “nadie los va a respaldar”. Señaló, por ejemplo, la baja en el salario mínimo por la magnitud del impacto que ello tendría. Denunció que ya hay trabajadores de algunos sectores, como en la agricultura, los meseros, que han tenido una reducción en sus salarios. Acotó que el problema no es por el lado de la oferta sino por el lado de la demanda y que en efecto, debido a la inflación, el salario ya ha ido bajando y se coloca en $6.65 la hora, mientras el índice de precios bajó casi un punto porcentual, lo cual quiere decir que el poder de compra aumentó un centavo.

Otra de las propuestas que criticó es la idea de incentivar un preretiro voluntario. Reconoció que aunque ésta es una medida fiscal para reducir el gasto público, el resultado es que impacta el sistema de retiro y en el caso de la persona lo que va a recibir es una pensión de subsistencia.

“Todavía estamos lejos de ver una recuperación porque no se ha trabajado para eso. Una cosa es el sector privado y otra el sector gobierno. El gobierno es el que está más malo, las corporaciones, el gobierno central, es terrible y la empresa privada todavía no está a nivel del 2006”, resumió.

Trabajan para los bonistas

Por su parte, la economista Martha Quiñones Domínguez denunció que lo que está haciendo el gobierno es trabajar para los bonistas y dejó ver que las medidas que se han tomado y las que se pretenden tomar son para asegurar el pago del nuevo préstamo que el gobierno pretende hacer para saldar algunas deudas y hacer política.

Reparó en que el gobierno no presenta datos para respaldar sus alegaciones de progreso pero necesita probarles a los próximos bonistas que se está mejorando. En esa línea, denunció que en el fondo, la reorganización del Departamento de Hacienda (DH), que la administración presenta como un logro, se necesita para que pueda cobrar los impuestos que serán la razón de prestar de los bonistas pero no van a perseguir a los evasores contributivos.

En ese aspecto, trajo a la atención que el interés en la creación de una junta de control fiscal, que le quita poder al gobierno y se lo da a un ente privado, es parte de la negociación con los acreedores de la deuda del país para convencerlos de que se les asegura el pago. Más aun, sobre las supuestas negociaciones de la deuda señaló que lo que el gobierno negocia “es un bono que hipotecaría el futuro del país sin beneficios para el pueblo y sí para los buitres”. Reiteró que el pago a los acreedores se asegura a costa de que el pueblo va a pagar con políticas neoliberales, de la privatización o venta de activos, disminución de servicios del Estado y desregularización del mercado laboral, ambiental y otras.

En el caso de la privatización de varias tareas del estado, como lo es el proyecto de reforma educativa que se aprobó en el Senado y está pendiente en la Cámara, así como colocar la mayoría de los servicios en línea, censuró que lo que se busca es reducir la nómina y los procesos burocráticos. “Lo que no dice es que eso tiene efectos en el empleo privado, que se ha montado en torno a todo ese proceso de permisos y de solicitudes. En el gobierno, pierden los empleos”, acotó.

Al igual que Alameda, rechazó que una reducción en el salario mínimo y quitar derechos laborables puedan conseguir un aumento en la participación laboral y mejoras en el empleo. En el caso de la salud, previó que cada vez habrá más personas enfermas, en especial de salud mental, lo que aumentará los costos de salud, “en un sistema que se traga todo el dinero y no provee mejores servicios. Y a eso le añadimos un aumento en los costos de salud geriátrica, que es de las más costosas, y proveedores que no quieren dar los servicios. No se ve solución, pues no hablan de Sistema de Salud Universal”.

A juicio de la economista y planificadora ambiental, en todo lo presentado por el secretario de la Gobernación Suárez Meléndez “lo que se ve es que favorecen al poder económico y a las elites asociadas y no que reducen costos”.

También calificó de contradictorio el proyecto de ofrecer un prerretiro voluntario a los empleados públicos e hizo la salvedad de que éste es uno que se articula en las agencias que tienen la capacidad económica para pagarlo. Cuestionó que si ya el gobierno no puede pagar las pensiones actuales pues le queda poco dinero, y si hasta ahora no ha podido negociar la deuda que tiene con el sistema de retiro, cómo entonces puede negociar eliminar puestos de trabajos por medio del retiro. “Si siguen eliminando puestos de trabajos, no habrá dinero para pagar las pensiones, pues el trabajador de hoy es el que paga la pensión del de ahora”.

Estados Unidos espera por alternativas viables

Quiñones Domínguez afirmó que Estados Unidos sabe que lo que presenta el Gobierno de Puerto Rico no son las soluciones que sacarán al país del problema económico, y espera porque le ofrezcan alternativas viables. “Pero aquí mandan los acreedores y sus elites políticas que negocian para ellos y le importa poco el pueblo”, expresó.

Destacó que el Gobierno de Puerto Rico tiene sus esperanzas en que Estados Unidos le conceda un marco legal para poder reestructurar la deuda pública, le dé exenciones a las leyes de cabotaje, (que es parte de la solución al abaratar los costos pero que tiene enemigos fuertes en EEUU), le conceda paridad en los fondos de salud y le otorgue un “earned income tax credit”. Ésta última opción requiere que los empleos sean reconocidos en una economía donde es más rentable estar sin reportar empleos, que es un derecho por pagar por los mismos.

“Todas estas medidas no son la solución pues la misma debe surgir de un estudio detallado de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y retos que enfrentamos para crear un Plan de País que le ofrezca oportunidades por igual a todos en una economía diversificada y con enlaces económicos. Un Plan de País con visión y misión para dirigir a Puerto Rico y provea objetivos sociales a ser logrados que se puedan medir. Eso es lo que espera Estados Unidos para poder comprometerse con el futuro de Puerto Rico y saber que invierte los recursos apropiadamente”, manifestó de manera enfática.

Por el contrario, atribuyó que todas las medidas presentadas por Puerto Rico a Estados Unidos lo que hacen es fomentar la dependencia y la venta del País a los buitres. “Lo que pretenden es poder seguir tomando prestado sin resolver el problema estructural de la Isla. Caemos en la trampa de la dependencia al creer que sólo podemos salir del problema si nos envían fondos, si nos rescatan, si nos ayudan y no ven la alternativa en crear un modelo alternativo”.

En tanto, lo que nos dice la realidad, expresó Quiñones, es que cada día la economía se sigue estrangulando y que cada política pública sigue estrangulando y matando la esperanza de lograr un mejor país. “En vez de articular políticas públicas cónsonas con lo que queremos lograr como País, estimular al pequeño y mediano comerciante y empresario para generar mayor producción, lo que tenemos son una serie de políticas públicas que destruyen estas iniciativas, que no las protegen y que favorecen a los grandes, además de seguir comprometiendo los ingresos del país en proyectos que no generan beneficio social, que no responden a sanos procesos del buen uso de los fondos públicos y que le quita recursos al Estado”.

Dijo que un ejemplo de ello es la ley que pretende dar más ganancias a los constructores y banqueros por medio de incentivar la construcción y la venta de vivienda con el proyecto de la Cámara 2504, que extenderá los incentivos para la compra de vivienda nueva por segunda ocasión, flexibilizando algunos requisitos para que proyectos de vivienda que se encuentran en etapas iniciales de construcción también puedan ser elegibles para los beneficios de la Ley 216.

Frente a lo expuesto y en la línea de la planificación tanto económica como social y ambiental, Quiñones Domínguez insistió en que el gobierno tiene problema en definir cuál es la prioridad, si dar los servicios necesarios en el país o darle incentivos a la compra de vivienda.

En esa dirección llamó la atención a que mientras se pretende regular la construcción mediante el Plan de Usos de Terrenos (PUT), por el otro lado se le promete a los constructores permisos expeditos, fáciles, irrevocables y firmes, lo que es todo lo contrario a una planificación juiciosa del país con evaluaciones prudentes y sabias para el beneficio del pueblo. Además, el gobierno les promete a los constructores un Comité de Reforma de Permisos, sin criterios de validación científica, y centrados en planificación estratégica que proteja el interés público y escoja lo que sea mejor para el país en su conjunto.

“Hay que dejar de despreciar a la planificación, a la ciencia y a las estadísticas para hacer un País manejable y con criterios de validación de las políticas públicas donde el manejo y uso de los fondos sea basado en objetivos sociales establecidos. Que podamos medir y establecer lo mejor para nuestro pueblo, que redunde en desarrollo, crecimiento y calidad de vida”.

Cuestionable la modernización

Las reclamaciones de la administración de que como parte del plan fiscal se han modernizado los procesos gubernamentales también fueron cuestionados por conocedores del campo científico ambiental.

El planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, a preguntas de Claridad confirmó que la figura o concepto de “evaluación ambiental concurrente”, anunciada por el Secretario de la Gobernación, no existe en ley, y por lo tanto, en reglamento alguno.

En cuanto a la modernización del sistema de permisos, acotó que a lo que el Gobierno le debe prestar atención no es si se han incorporado herramientas tecnológicas, sino a determinar si los cambios realizados han convertido el proceso de evaluación en uno más efectivo y eficiente.

La respuesta a esto último, dijo, es “definitivamente no. Todavía escuchas sobre el suplicio que tienen que pasar, sobre todo, los pequeños y medianos comerciantes para obtener permisos que yo llamo ‘operacionales’, es decir, los que se requieren para que sus empresas inicien función, como el permiso del Departamento de Bomberos, del Departamento de Salud, etc., los cuales deberían otorgarse con bastante rapidez dado que ya la decisión para ubicar la actividad en el lugar propuesta ha sido autorizada”.

Mientras eso sucede con los pequeños y medianos comerciantes, acusó a que se puede notar cómo se continúa otorgando endosos o autorizaciones para ubicar proyectos en lugares vulnerables, lo que pone en peligro vida y propiedad, así como la inversión pública y aquella hecha por los propios empresarios y sus colindantes. Dos de los casos que ejemplarizan esta situación y de mayor relevancia en estos momentos son la extensión del Hotel Marriott en terrenos públicos del Balneario de Isla Verde, así como varios edificios de hotel y condohotel en la península del Condado.

“Por lo tanto, resulta cuestionable la inversión de fondos públicos que se ha hecho en lo que funcionarios han denominado ‘modernización del sistema de permisos’ cuando aun con estas nuevas herramientas tecnológicas, sumado a información especializada con la que no contábamos anteriormente, todavía continuamos cometiendo los mismos errores del pasado, lo que constituye realmente una aceptación sobre mal uso de fondos públicos en medio de la grave situación fiscal y económica que enfrenta el País”.