Tal como se preveía, no habían transcurrido doce horas desde su victoria electoral cuando en su conferencia de prensa de ayer Mauricio Macri ratificó su vocación de convertirse en un proxy de Washington en la región. En línea con los deseos de la Casa Blanca arremetió contra la República Bolivariana de Venezuela y confirmó que solicitaría la suspensión de ese país como miembro del Mercosur porque, según él, habría infringido la cláusula democrática al “perseguir a los opositores y no respetar la libertad de expresión”.

Derrocar al gobierno bolivariano es una vieja obsesión del gobierno de Estados Unidos, para cuyo efecto no ha reparado en límite o escrúpulo alguno. Hasta ahora su ofensiva sólo había encontrado un socio dispuesto a avanzar por ese escabroso sendero: el narcopolítico colombiano Álvaro Uribe. Juan M. Santos, que lo sucedió en el Palacio Nariño, no se prestó a tan peligroso juego. Es más, el conservador presidente colombiano no se ha cansado de agradecerle a Venezuela su colaboración en el proceso de paz en curso en La Habana. Macri parece ignorar estas sutilezas de la política internacional y ser un hombre temerario y de frágil memoria, combinación peligrosa si las hay. Habría que recordarle que la sumisión incondicional al imperio ya se practicó en la Argentina durante el menemato, con el nombre de “relaciones carnales”, y que este país pagó con sangre tamaña insensatez. No se entiende por qué habría de repetir ese desatino, salvo para dar cumplimiento a un acuerdo secreto con la Casa Blanca cuya contrapartida seguramente no tardaremos en conocer.

Macri parece no haber sido tampoco informado que el pasado 28 de octubre la República Bolivariana fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  La Asamblea General de la organización aprobó esa resolución con 131 votos, sobre un total de 192 miembros. Formular las acusaciones que hizo Macri pasando por alto un dato tan significativo como este, que ratifica la presencia de Venezuela en un organismo en el cual participan países como Francia, Estados Unidos, Alemania y Japón, es por lo menos un acto de llamativa irresponsabilidad o una muestra de peligroso amauterismo en el manejo de las relaciones internacionales. ¿Cree acaso que los países del Mercosur van a acompañar su arrebato antibolivariano? ¿Ignora que las decisiones del Mercosur requieren el consenso de todos sus miembros? Para empezar, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa se apresuró a declarar que su país “no ve razón para aplicar la cláusula democrática a Venezuela en el Mercosur.” Y lo más probable es que el gobierno brasileño siga el mismo curso de acción, en cuyo caso las amenazas de Macri caerían producto de su inviabilidad política.

Volviendo al caso de los opositores políticos en Venezuela,  ¿qué diría Macri si en los próximos días, siguiendo el ejemplo de Leopoldo López, Daniel Scioli hiciese público su desconocimiento del resultado electoral y poco después del 10 de diciembre intensificase esa campaña movilizando contactos internacionales e impulsando, cada vez con mayor fuerza acciones violentas exigiendo “la salida” extraconstitucional de un “gobierno ilegítimo” apelando a procedimientos vetados por la constitución y las leyes de la república? ¿Llamaría en tal hipotético caso a Scioli un “opositor político” o lo calificaría, en función de la normativa vigente, como un político incurso en el delito de sedición, que en este país tiene una pena que oscila entre los cinco y veinticinco años de prisión. La legislación venezolana es similar a la argentina y ambas a la de Estados Unidos, donde el delito tiene una penalidad que, en ciertos casos, llega hasta la prisión perpetua o la pena de muerte. En realidad López, cuya mujer estuvo la noche del domingo en los festejos del bunker de Cambiemos, no es un “disidente político” injustamente perseguido por el gobierno bolivariano. Es el cabecilla de un intento de alterar por la fuerza el orden constitucional vigente en su país y derrocar al gobierno surgido de elecciones en un sistema que el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter dijo que era “más confiable y transparente que el nuestro.” Para ello contó con la colaboración de Uribe, para reclutar un numeroso grupo de mercenarios que camuflados como heroicos “jóvenes universitarios” luchaban valientemente para restaurar las libertades conculcadas en su país. Lanzados a las calles para impulsar “la salida” de Maduro y el derrumbe del orden institucional vigente hicieron uso de cuanta forma imaginable de violencia pueda existir, desde incendios de escuelas y guarderías infantiles hasta la destrucción de medios de transporte públicos y privados, combinado con ataques violentos a universidades y centros de salud, erección de “guarimbas” (barricadas desde las cuales se controlaban los movimientos de la población y se apaleaba o asesinaba impunemente a quienes osaran desafiar su prepotencia) y asesinatos varios. Como producto de estos desmanes murieron 43 personas, la mayoría de ellas simpatizantes chavistas o personal de las fuerzas de seguridad del estado. Tiempo después se descubrió que buena parte de los “guarimberos” eran paramilitares colombianos y que casi no había universitarios venezolanos involucrados en esos luctuosos acontecimientos. La justicia de la “dictadura chavista” lo condenó a una pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de reclusión.

Disconforme con la transición posfranquista en España, el 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero Molina quiso también él alterar el orden constitucional tomando por asalto el Congreso de Diputados. En su cruzada restauradora el “tejerazo” no produjo ni una sola muerte ni hubo que lamentar pérdidas materiales de ningún tipo. Sin embargo, la justicia española lo sancionó con 30 años de prisión, expulsión del Ejército, pérdida de su grado militar e inhabilitación durante el tiempo de su condena. Nadie lo consideró un opositor político sino un militar sedicioso. Peor es el caso de López, por la mucha sangre derramada por su culpa y por la destrucción de bienes provocada por su apología de la violencia, pese a lo cual la sentencia de la justicia venezolana fue insólitamente benigna. Pero Macri no lo ve así y sigue considerándolo un opositor maltratado por un poder despótico. Mal comienzo en materia de política exterior. Y un paso preocupante  en el intento de avanzar en el “reformateo” neoliberal del Mercosur, otra vieja ambición de Estados Unidos, para hacerlo confluir con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea dominada por la Troika.