¿Qué es lo que “no podemos”? Digámoslo de la manera más clara y sencilla posible: no podemos –o, hasta la fecha, no hemos podido- romperle el espinazo al bipartidismo que nos ha gobernado desde 1968.

Este se hunde y nos hunde en la crisis. Sin embargo, no se ha podido organizar una alternativa creíble, viable, pertinente, con presencia política continua y con afán y posibilidades de triunfo reales, independientemente de lo parcial o relativo que el mismo pudiera ser en la fase inicial.

No han faltado los intentos. Se ha recorrido un amplio campo con innumerables diferencias ideológicas y personales. Las organizaciones con franquicia electoral a partir de 1968 han sido muchas. También podrían añadirse organizaciones sin franquicia, que no han sido ni son pocas.

En esta explosión maltusiana han proliferado más las organizaciones que el número de afiliados. Las bajas abundan.

Ante la aparente invulnerabilidad del binomio PPD-PNP sus impugnadores toman rumbos diversos. No faltan los que sucumben al discreto encanto del sistema. Otros, como los trabajadores desalentados en las estadísticas del Departamento del Trabajo, “se alejan del mundanal ruido”.

Algunos se refugian en un cordón sanitario que les protege de las impurezas políticas. Se arriesgan a la soledad. Como dice el verso de Palés: “¡Oh soledad, que a fuerza de andar sola se siente de sí misma compañera!”.

También se cuenta con propuestas de alianzas que, a diferencia de coaliciones de movimientos políticos coherentes en sistemas parlamentarios, degeneran en endosos que de manera suicida se subsumen en el partido favorecido y terminan por fortalecer al bipartidismo. Se arriesgan a la desaparición. Parafraseando al poeta Jesús Tomé: “el que alegre se suicida ya sentenció no merecer la vida”.

No hay que ser tan duro al juzgar estos rumbos políticos. Más de medio milenio de coloniaje no es poca cosa. Ya se inició el conteo del sexto centenario colonial y el segundo siglo bajo Estados Unidos. Esto nos remite a un hecho definitorio: se trata de un país rico y poderoso que la mayoría de los puertorriqueños representa como abundante fuente de capital, imprescindible mercado, seguro destino de migrantes en calidad de ciudadanos y generoso proveedor de prestaciones sociales.

Estos cuatro factores pueden cualificarse críticamente, pero no pueden ignorarse ni negarse. Constituyen la base material en que se apoya el discurso de “progreso” y “seguridad” de los dos integrantes del bipartidismo gobernante. La “unión permanente” a que se refieren tanto el Partido Popular Democrático (PPD) como el Partido Nuevo Progresista (PNP), con las variaciones retóricas de rigor, es interpretada por los puertorriqueños como promesa de permanencia de los factores que definen dicha base material.

Toda gestión política orientada a romper el dominio del binomio PPD-PNP o, lo que es lo mismo, la trenza “colonia-anexión”, enfrenta una barrera difícil de salvar mientras el pueblo de Puerto Rico asocie su bienestar material, desde el que vive en la abundancia hasta el que subsiste en la precariedad, con la red institucional de la que dicho dúo funge como garante.

En las políticas de la administración gubernamental priva una continuidad que, a diferencia de lo que muchos aducen, no es interrumpida por el vaivén electoral característico del bipartidismo. Permítasenos algunos ejemplos. La política de privatización de las comunicaciones fue central durante el último cuatrienio del gobernador Rafael Hernández Colón: venta de la Autoridad de Comunicaciones, venta de Telefónica Larga Distancia y propuesta de venta de la Puerto Rico Telephone Co. La administración del gobernador Pedro Rosselló González la completó con la venta de la Puerto Rico Telephone Co.

Dos de las políticas emblemáticas de la administración de Rosselló fueron la Reforma de Salud y el Sistema de Retiro 2000, con el que se inició el tránsito del beneficio definido a la contribución definida. La Reforma de Salud ha sido muy criticada pero, luego de cuatro administraciones distintas, continúa intonsa. Y el alcance de la contribución definida en los planes de retiro se amplió con la Ley Número 3 del 4 de abril de 2013 bajo la actual administración.

En el Plan de Desarrollo Económico y Transformación de Gobierno para Puerto Rico (octubre de 2006) de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, se destaca el concepto de “Gobierno Facilitador” y, junto al mismo, la reducción del aparato gubernamental y la promoción de “sociedades público-privadas”. ¿Acaso no fue ésta, precisamente, la política que luego siguió la administración de Luis Fortuño?

Quizás las leyes más citadas de la administración del gobernador Fortuño han sido la Ley 7 de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal) y Ley 154 de 2010 (Ley del arbitrio sobre compras realizadas por empresas no residentes a empresas radicadas en Puerto Rico y afiliadas con el comprador). La primera, orientada a la austeridad y al menoscabo de derechos laborales y convenios colectivos, tiene su homóloga en la Ley 66 de 2014. A la segunda, cuyo objetivo es la recaudación fiscal, se le extendió su periodo de vigencia con un arbitrio fijo de 4 por ciento.

Además, las leyes 20 y 22 -una para proveer beneficios tributarios a negocios de exportación y otra para concederles privilegios tributarios a nuevos residentes- aprobadas por la administración Fortuño, han sido acogidas con entusiasmo por la administración de García Padilla como elementos medulares de su estrategia de desarrollo económico.

En resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia entre “such is life” y “born loser”? ¿Cuál es la diferencia entre el que favorece la Asamblea Constitucional de Estatus pero no la convoca y el que no la favorece pero dice que participa si se convoca? El problema no es la inestabilidad del vaivén partidista; el problema es la estabilidad de su orientación política. Es tal y como dice una canción de Silvio Rodríguez: “No es lo mismo pero es igual”.

Este binomio sabe muy bien que la estabilidad del orden vigente es función del entrejuego de los factores que sostienen la base material. Se trata de un sistema que, como si fuera una olla de presión, permite que la tensión dialéctica o potencial explosivo se vaporice y escape por las válvulas que conforma dicho entrejuego.

La industrialización por invitación, que tiene el efecto de reducir la urgencia de generar ahorro interno, ha logrado montar un enclave económico apoyado eminentemente en privilegios fiscales provistos por Puerto Rico y en el libre acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense. La actividad gubernamental que le acompaña es financiada, aparte de la venta de servicios que realizan algunas corporaciones públicas, mediante el sistema impositivo, la emisión de deuda colocada en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos y las aportaciones federales al sector público. Además, también se recurre a dos válvulas de escape definitorias del orden vigente: la emigración o válvula de escape de los que se van, y las prestaciones sociales o válvula de escape de los que se quedan. Como mecanismo de compensación hay que sumar la incalculable economía informal o subterránea que cobija tanto a innumerables gestiones productivas, socialmente útiles, como a la industria criminal, en la que sobresale el trasiego de drogas.

Sobre tal andamiaje institucional se monta un relativamente alto nivel de consumo, acompañado del consecuente bajo ahorro y creciente endeudamiento. Esto nutre a un amplio, diverso y moderno sector comercial crecientemente compuesto por grandes cadenas de Estados Unidos.

El grueso del excedente que se genera o declara en la economía de Puerto Rico se desborda hacia el exterior casi al instante de realizarse. Esto deja al país con hambre constante de fuentes de inversión.

Ni las condiciones materiales ni los marcos institucionales son permanentes. La concepción de Puerto Rico como bastión militar en una torcida polarización dictada por la Guerra Fría ha sido superada. El “privilegio” de acceso al mercado de Estados Unidos se lo han estado tragando los tratados comerciales tanto bilaterales y regionales como multilaterales. Las concesiones fiscales, como la Sección 936, han quedado sepultadas bajo las prioridades tributarias y políticas de Washington. El atractivo de Puerto Rico como parque industrial para la inversión directa externa es cada vez menor debido a su incapacidad de ajuste institucional y a su asincronía con la economía global. La insuficiencia fiscal del gobierno y sus limitaciones para acceder a financiamiento son cada vez más acusadas. Mientras tanto, la economía de Puerto Rico languidece: la base productiva se estrecha, el empleo disminuye, la deserción del mercado laboral se torna espantosa, la emigración aumenta, la población se reduce y envejece, la seguridad social se debilita, el ambiente se degrada, la incertidumbre se profundiza, la convivencia se deteriora y la corrupción florece. La sociedad puertorriqueña se desdibuja ante nuestros ojos.

El sistema vigente luce agotado. Sin embargo, la mayoría del pueblo apuesta por las válvulas de escape de la olla de presión porque, mal que bien, más para unos y menos para otros, todavía les resultan funcionales o, al menos, las perciben como tales. Muchos, con la esperanza de que se expandan, insisten en profundizar o culminar la relación política que las hace posibles. A todo esto resulta útil la cultura política, -aquí y allá- de “minoría étnica”. No olvidemos que el propósito fundamental de ésta es la integración, la no discriminación, el pleno disfrute de los derechos y deberes de que goza la mayoría. Una de las vías de conquista es, precisamente, la participación política vía el bipartidismo dominante (Republicanos y Demócratas) al que los líderes del bipartidismo PNP-PPD se adhieren.

En tales arreglos no hay lugar para movimientos políticos alternos. Domina la lógica de la integración. Aparte de las políticas de austeridad y de precarización del trabajo, ¿no es así que se pretende enfrentar la crisis fiscal? Extensión cabal de programas federales, capítulo 9 de Ley de Quiebras, garantías del Departamento del Tesoro Federal y hasta “federalización” de la deuda… Así las cosas, en lugar del movimiento “Podemos” prevalece el movimiento “Pedimos”. El único que parece resistirse a esta agenda de la “minoría étnica”, dividida entre los de aquí y los de allá, es el gobierno de Estados Unidos.

Esto resume, sin pretensiones de ser exhaustivos, los factores que obstaculizan el paso a terceras fuerzas ante el dominio del bipartidismo. Cabe entonces transitar de la pregunta “¿Por qué no podemos?” a su secuela lógica: ¿Qué hacer?

La contestación a tal interrogante no puede ser más sencilla: no sabemos. De saberlo, sospechamos que esta reunión no se hubiera convocado.

Pero por algún lado hay que comenzar. Comencemos por ser honestos con nosotros mismos. ¿Cómo ve el pueblo de Puerto Rico a los que han intentado e intentan ser alternativa? ¿Con el interés que suscita toda actividad folclórica? ¿Con la curiosidad que despierta la conducta excéntrica? ¿Con el desprecio que genera la gestión que se juzga impertinente? Estos ingredientes no están ausentes del tubo de ensayo. No se deben pasar por alto.

Nunca se debe ceder la realidad y reservar para sí la ficción. No se debe partir de espejismos. Sé parte de aquí y ahora. Se trata -qué duda cabe- de una realidad compleja y cambiante cuyas coordenadas hay que aprender a leer para no sucumbir a la siempre tentadora enajenación.

Sin los cambios tecnológicos que han alterado la gestión naval y militar, sumados al fin de la Guerra Fría, ¿hubiese la Marina desocupado a Vieques y cerrado Roosevelt Roads? La contestación es no. Si en la relación de costos y beneficios el gobierno de Estados Unidos hubiese concluido que era imperativo que la Marina continuara con sus abusivas prácticas en Vieques, ¿se habrían marchado de la Isla? La contestación es no. Por otro lado, aun estipulándose la obsolescencia de dichas instalaciones militares, ¿se hubiese ido la Marina sin la lucha para sacarla? También, y esto es lo importante, la contestación es no.

Estamos rodeados de numerosos cambios institucionales. Hay tratados de todas clases: buenos, regulares y malos. Las redes de intercambio internacional se multiplican. También se multiplican los adelantos tecnológicos que propician nuevos procesos de producción, nuevos órdenes en las esferas de la transportación y la comunicación, nuevos retos en la organización del trabajo y nuevas concepciones de la escala, la distancia y el tiempo. De todo esto hay que tomar nota.

Puerto Rico, como ahora dramatiza la crisis, no puede continuar hablando de globalización dándole la espalda al mundo; no puede invocar la economía del conocimiento mientras la educación se derrumba; no puede insistir en políticas de inversión que desbordan el excedente hacia el exterior y que erosionan la base fiscal; no puede privilegiar el espacio privado en menoscabo del espacio público; y no puede tolerar mucho más la profundización de la desigualdad. No obstante, podría continuar haciéndolo si las válvulas de la olla de presión se lo permiten. No son pocos los que abogan por la más plena apertura de tales válvulas. ¿Se abrirán? Ésa es la pregunta.



* El autor es catedrático jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Junta Directiva de CLARIDAD. Ponencia presentada el 7 de noviembre de 2015 en un conversatorio organizado por CLARIDAD.