En Puerto Rico se agudiza la crispación social como resultado de la crisis, especialmente entre los grupos más vulnerables y la denominada "clase media", a cuyas puertas han tocado la precariedad laboral, la falta de empleos, la amenaza de perder su pensión de retiro o el recorte en los servicios de transporte público.

Esas limitaciones que por tanto tiempo fueron lo cotidiano para más del 46.2% de la población que vive bajo los niveles de pobreza, ahora se extienden a otros sectores económicos de la sociedad. Sin duda, el aeropuerto ha sido una válvula de escape para las frustraciones y la desesperanza.

Se trata de una crisis económica, fiscal, social y política, según se desprende del análisis de varios grupos de la sociedad civil consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En 2003, el mismo número de puertorriqueños, 3.8 millones, vivían en Estados Unidos y en la Isla. Sin embargo, en 2013, el año más reciente del que se dispone de datos, había 5.1 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos y 3.5 puertorriqueños en la Isla, lo que representa un cambio en la población de casi 1.5 millones en una década. Hoy las cifras muestran que 60% de los puertorriqueños residen en EE.UU y sólo el 40% en la Isla, divulgó el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York al revisar los datos del censo.

La crisis económica de Puerto Rico, que comenzó sus manifestaciones más obvias en 2006, tiene muchas particularidades, pero también encuentra similitudes con las crisis que se han visto durante la pasada década en Países como Argentina, Grecia, España y Estados Unidos.

Es difícil e incómodo nombrar la crisis. En Puerto Rico, el gobierno de Luis Fortuño evadía mencionar la palabra, corroboró el CPI al repasar comunicados de prensa enviados durante esa administración. De hecho, las pocas veces que la mencionaba, era para plantear que Puerto Rico estaba “saliendo de la crisis”. Por su parte, el actual gobernante, Alejandro García Padilla empezó a articular el discurso de la crisis a partir de abril de 2013, cuando comenzaron a mermar los fondos del Sistema de Retiro de Maestros.

En este contexto hay quien cree que la sociedad civil puede organizarse y crear alternativas a las políticas de austeridad que promueve el gobierno bajo la premisa de la crisis. Otros buscan soluciones colectivas a los problemas de siempre, que se han agudizado ahora que se le acabó el crédito disponible al País. También está quien busca soluciones individuales a su crisis inmediata.

Se han organizado grupos ciudadanos que buscan intervenir en la esfera pública sin vincularse necesariamente a los partidos. La falta de credibilidad de los políticos en general ha llevado a muchos al escepticismo y a la apatía. Algunos se distancian también de las organizaciones de izquierda tradicionales y sus estrategias -marchas, paros, huelgas- y buscan crear un nuevo lenguaje y usan las redes sociales como alternativa de comunicación.

¿Por qué se organizan?

El grupo Todos Somos Pueblo surgió de los diálogos con líderes comunitarios y de la sociedad civil, a raíz de las tensiones surgidas tras la aprobación  de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66 de 2014). El estatuto establece un estado de emergencia fiscal y requiere adoptar un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica. El Padre Pedro Ortiz ha sido uno de los motores de Todos Somos Pueblo y es parte de su Comisión Coordinadora.

“Se debía ampliar la participación, que la responsabilidad de lo que pasa en Puerto Rico la debemos asumir todos tanto en los deberes como en la denuncia de lo que no se está haciendo bien. Nos reiteramos en el sentido de la urgencia de que a los integrantes de la sociedad civil se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones de este llamado sistema democrático. Al día de hoy no ha sido así. Todos Somos Pueblo se organiza en ese contexto. Empezamos en la comunidad de las Parcelas del Barrio Navarro en Gurabo. Allí escogimos el nombre Todos Somos Pueblo y un lema: Por caminos de encuentro y solidaridad social. Somos un enlace, nos encontramos y somos solidarios. Más de 60 organizaciones han estado participando. Unas 30 han estado más permanentemente”, aseguró.

En julio pasado, se autoconvocaron a una asamblea ciudadana “artistas, diseñadores, fiebrús de podcasts, gente de cine y vídeo independiente, trabajadores culturales de todo tipo, fotógrafos aficionados, agricultores experimentados y gente de todos los campos interesados en la acción directa, el trabajo creativo-político no-tradicional, los procesos colaborativos de-centralizados, y la oportunidad que nos da este momento de pensar y presentar la posibilidad de cambios radicales”. La convocatoria se hizo a través de Facebook. "Nos reuniremos todos en el Anfiteatro Tito Puente, ubicado dentro de un parque hermoso que alguna vez el gobierno privatizó y abandonó. Los portones están abiertos. Entremos", lee la convocatoria a la actividad que se denominó Asamblea 12 de julio.

En esa asamblea, unos 50 asistentes se dividieron en grupos de trabajo según sus preocupaciones. Se creó un grupo para trabajar con las estructuras abandonadas en el área metropolitana, otro sobre el tema de la medicalización y legalización de la marihuana y uno sobre la deuda que propone crear una auditoría ciudadana, entre otros.

De los grupos que surgieron de la asamblea, el de Auditoría Ciudadana es el que ha tenido continuidad, convocando a actividades posteriores y sumando a otros grupos al esfuerzo de auditar la deuda.

“La teoría que se está barajando es si en virtud de la relación colonial que hay con Estados Unidos, y la obligación bajo la cláusula territorial que tiene el Congreso de administrar el territorio, la deuda es fruto de una relación colonial o, si es legal, entonces responde al gobierno federal porque ocurrió bajo su mandato. Este concepto de auditoría ciudadana es, número uno, un proceso educativo, educar a la gente para que realmente sea la ciudadanía quien impulse el proceso porque distinto a otros países, en Puerto Rico el gobierno ya no cuenta con la legitimidad para liderar un proyecto como éste”, explicó Ataveyra Medina Hernández, abogada y consultora independiente que participa de este proceso.

Por su parte, otro colectivo, Acción de Pueblo, se gestó también desde las redes sociales. Es un grupo diverso de gente y organizaciones de distintos partidos y esferas ideológicas con la única premisa común de que “La gente antes que la deuda”.

“Y detrás de esa consigna es que se crea la primera actividad, el 24 de julio (frente al Capitolio), que básicamente era una reunión de iniciativas de base comunitaria para empezar a hablar del impacto de las medidas de austeridad sobre la gente”, explicó Ariadna Godreau, quien participa en Acción de Pueblo desde la iniciativa Mesa de Trabajo Vivienda Justa.

“Después de esa actividad inicial, Acción de Pueblo empezó a conformarse como un movimiento e intentar de darle algún tipo de estructura y componente programático”. Con ese fin se organizó Relatos del Hambre, que se llevó a cabo el 6 de septiembre, la primera de varias actividades en las cuales Acción de Pueblo se traza como objetivo crear un informe paralelo al Informe Krueger, “un informe que hable de las circunstancias reales y de las potencialidades reales y de las estrategias reales que tiene la gente en Puerto Rico y que no venga como el Informe Krueger a plantear estrategias de austeridad sin contar con la gente”.

Del encuentro de Acción de Pueblo surgió a su vez la convocatoria de Mujeres en resistencia a la crisis.

Llegaron alrededor de 40 mujeres al Parque Luis Muñoz Rivera. Acudían a un llamado a ponerle cara de mujer a las políticas de austeridad anunciadas por el gobierno, pero que en realidad ya están ocurriendo y afectando, principalmente, a muchas jefas de familia. Verónica Rivera Torres estuvo a cargo de la convocatoria.

“La naturaleza misma del encuentro reconocía que las mujeres estamos en resistencia. Estamos moviendo al País, desde la mujer que se queda en su casa cuidando sus hijos o a sus padres hasta las que salen a trabajar fuera de su casa. En ese encuentro surgió que sí, las mujeres estamos resistiendo, pero que estamos sintiendo un impacto brutal. Algunas mencionaron que estaban en estado de shock, pero que a pesar de eso querían juntarse y trabajar”, explicó Rivera Torres.

“Es interesante que por primera vez me parece que hay toda una generación que sabe que la vida que vivieron nuestros padres nosotros no la vamos a vivir. Era una vida bien estructurada la suya. Y ya eso no es posible. No hay planes de retiro, el derecho de los empleados públicos está en precariedad, no hay trabajo a pesar de que hay necesidades, y otra cosa es que es una generación de muchas profesionales”.

La precariedad ha tocado a las puertas de la clase media, afirmó Rivera Torres. “Muchas de las mujeres que participamos del primer llamado reconocimos que teníamos muchos privilegios. La mayoría tenían estudios universitarios, doctoras, abogadas, profesionales. Se reconoció eso. Nos preguntábamos que si esto éramos nosotras, cómo lo estaría viviendo la que está peor, la que ha vivido esta precariedad todo el tiempo”.

“Por ejemplo, una mujer con un doctorado, con oportunidad de ir a una plaza fuera del país, no fue por lealtades con su familia y su país, y ahora está en una situación de inseguridad. Hubo mujeres de todas las edades. Algunas tienen cierta seguridad, pero sus hijos están en otra generación y están enfrentando la precariedad que les toca las puertas a ellas. Ellas tienen que asumir los gastos de sus hijos y a veces de los nietos también”.

“Es doloroso. Allí se lloró, pero también hubo historias de mucho arrojo y de mucha entereza”, relató.

Los  sindicatos también se han activado ante las medidas anunciadas, más allá de la reforma laboral, aunque no se ha constituido un frente sindical amplio y unificador.

En el caso de la organización sindical Prosol-Utier, su coordinador Luis Pedraza Leduc dijo que evalúan el plan de ajuste fiscal y el Informe Krueger, y están “proponiendo alternativas a lo que está presentando el gobierno: la austeridad. Esa política está desprestigiada”. Apuntó que el sector de los empleados jubilados es uno de los más afectados.

Otro grupo que ha estado activo es la Coalición Sindical, compuesta por varias centrales o coaliciones de sindicatos como la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, los Servidores Públicos Unidos, la Unión General de Trabajadores, la United American Worker, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Asociación de Maestros y la Federación Central de Trabajadores.

Aunque todavía no se ha presentado una propuesta formal de reforma laboral por parte del gobierno, el grupo manifestó que sobre el llamado plan fiscal anunciado por el Gobernador preocupan medidas que podrían representar el desmantelamiento de derechos laborales como la eliminación del pago de horas extras y la jornada de ocho horas, la reducción de beneficios de la ley de madres obreras, como la licencia de maternidad, el aumento del periodo probatorio, la reducción del salario mínimo y la extensión de la vigencia de la Ley 66.

Un asunto que ha resurgido como parte de la discusión de la crisis, aunque la trasciende, es la eliminación de las Leyes de Cabotaje, y ha logrado el consenso y acción concertada de muchos de los sectores del abanico político del País. No solamente se han sentado todos los partidos políticos en la mesa convocada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) para adelantar esta agenda, sino que los principales informes que usa el gobierno para justificar sus decisiones de política pública, como el Krueger, también identifican la derogación del estatuto como clave para la recuperación económica de la Isla.

Puerto Rico, Alaska, Hawaii y Guam comparten la exigencia de Estados Unidos de que todo transporte de bienes sea en barcos estadounidenses, lo que infla los costos de alimentos, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad en casi tres veces su valor. De eliminarse las Leyes de Cabotaje, se estima que en Puerto Rico los productos importados bajarían su precio en un 40%.

¿De dónde viene la crisis?

Una de las realidades que enfrenta Puerto Rico es que el Estado cada vez funciona menos a favor del interés público y delega esa función a compañías privadas mediante la privatización y contratos. Esa práctica, que se ha denunciado globalmente como parte de la ideología neoliberal, hay que tomarla en cuenta en la discusión de la crisis de Puerto Rico, comentó Erika Fontánez, profesora de Derecho que participa de la iniciativa denominada Democracia Ciudadana, que hasta ahora consiste de un manifiesto colgado en las redes sociales y suscrito por 172 personas.

"El neoliberalismo ya no se limita al control de las corporaciones, es mucho peor, es más profundo y es más difícil de combatir", planteó Fontánez. Para la profesora, el problema profundo del neoliberalismo radica en que se ha convertido en una forma de vida que convierte a cada individuo en mero consumidor que no le reclama cuentas al Estado.

Fontánez y la propuesta de Democracia Ciudadana ponen sobre la mesa la necesidad de una reforma electoral, argumentando que el diseño del sistema actual impide el surgimiento de nuevos partidos, coaliciones o alianzas.

"El diseño institucional es un diseño de trampa para que no puedan entrar más jugadores. Es un diseño que ha refrendado la alternancia en el poder del PNP y del PPD. Esto no es algo nuevo, el PPT lo ha dicho en muchas veces que ha tenido dificultades y que se le ha impedido directamente inscribirse".

Pedraza Leduc lo expresa de forma distinta. “En Puerto Rico están pasando veinte cosas, y todo se ve parcelado; no parece como una misma cosa. Todo tiene la misma raíz: hay un problema con el sistema económico, que es estructural. Y hay que entender lo que supone el sistema económico. Pero también la ausencia de poderes; ese es el tema que nadie quiere discutir. Cuando nos enfrentamos a la deuda, nos enfrentamos desde la colonia y le pedimos a los gringos que lo resuelvan; pero no nos planteamos qué es lo que hay que hacer para tener el poder. La deuda es uno de los instrumentos del capital para aumentar sus ganancias. Endeudar al país  es la forma en que el capital produce ganancias”, opinó.

“En una economía tan dependiente, con unos servicios básicos con infraestructura tan deficiente en educación y salud, no es aceptable la respuesta que está dando el gobierno a la crisis. El problema es que en Puerto Rico no estamos atendiendo las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza. Mientras no se resuelvan los problemas de los pobres, no se va a resolver ningún problema, sentenció el Padre Pedro Ortiz.

¿Qué hacen los grupos de la sociedad civil?

Alcanzar una participación plena en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas, entender que la crisis trasciende la deuda, resistir las medidas de austeridad y afirmar que hace falta perspectiva de género para enfrentar la encrucijada del país, son apenas algunos de los retos que se plantean estos grupos de la sociedad civil.

“Sí creo que hay unos focos de movilización, unos focos de acción. Hay muchos movimientos de base comunitaria, Barriada Morales, Caño Martín Peña, lo que está pasando en Río Piedras con la Ley 65, la comunidad Vietnam, que sigue en resistencia. Esos son focos de acción, pero no los hemos podido traducir en focos de acción más amplios todavía en parte por el discurso criminalizador de la pobreza, que nos impide extender esas solidaridades”, dijo Ariadna Godreau, participante de Acción de Pueblo.

“La organización no es fácil. Estamos reconociendo que se nos hace difícil organizarnos políticamente; requiere mucho esfuerzo. La misma precariedad dificulta hacer trabajo político”, añadió Rivera Torres.

“La situación nos deprime como país y como pueblo. Hay una carga emocional muy fuerte ahí, tanto en el que se va como en el que se queda. Pero nosotras estamos en resistencia, no estamos derrotadas. No nos van a derrotar ahora. Estoy convencida de que como país podemos orquestar una resistencia fuerte. Partimos de la esperanza, de nuestra humanidad y de la experiencia del día a día, porque las mujeres estamos en pie de lucha”, aseguró.

En el encuentro de mujeres surgió la idea de hacer distintas actividades. “Queríamos entender la deuda del país para hacer frente a las políticas de austeridad. Que cuando Melba Acosta se parara a hablar, la pudiéramos entender. Hicimos una charla para las mujeres que tenían esa curiosidad. Hicimos también un piquete ante la reunión del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico nombrado por el Gobernador, para hacer presencia y dejarles saber que estamos pendientes. En el aire acondicionado, los funcionarios se olvidan de que el pueblo está pendiente y toman decisiones. Y fuimos allí a decirles "sabemos que están ahí; nos tienen que tomar en cuenta".

“Hicimos además un foro con Alejandro Torres y Martha Quiñones. Fue mucha gente y el tema era La deuda y las medidas de austeridad. Participamos también en los Relatos del Hambre, organizado por Acción de Pueblo en la Plaza de Armas. Algunas de nosotras leímos relatos”, contó la abogada.

“Ahora viene esa parte y es la más complicada. ¿Qué vamos a hacer? Las propuestas siempre han estado ahí, lo que pasa es que nunca las escuchan. Desde la economía feminista siempre se han hecho propuestas con sentido. Llevamos años haciéndolas. Tenemos que tomar ese plan fiscal y ver lo que afecta directamente, y eso estaría en el tope de la lista; lo que afecte la seguridad de las mujeres. Los recortes, el que quieran enmendar la ley de madres obreras. Ahí se ve la importancia de la perspectiva de género en las políticas públicas. Hay que exigir esto cuando se plantean recortes, por la vulnerabilidad que tienen las mujeres”, añadió Rivera Torres.

En el caso de los sindicatos, Pedraza Leduc informó que han estado “organizando asambleas regionales; provocando reuniones con comunidades, sindicatos y organizaciones, hacia una asamblea general de pueblo. Hay que salir a la calle, eso es lo que estamos promoviendo. Sin prisa pero sin pausa. No podemos desesperarnos, hay que escuchar a la gente primero”.

La Cumbre Social es otro grupo que ha estado desarrollando foros y actividades sobre el tema de la deuda pública. “Llevamos dando diálogos multisectoriales y foros sobre la crisis desde la degradación del crédito, la participación ciudadana en la reforma contributiva y ahora específicamente sobre alternativas ciudadanas para atender el problema de la deuda pública. Entre los acuerdos o consensos identificados están la falta de participación ciudadana y transparencia en el proceso como el principal error del gobierno. Entre las alternativas para atender la crisis, proponemos la creación de un Pacto Social Fiscal para atender el problema fiscal del gobierno de una forma amplia y participativa, reestructuración de la deuda, la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda, e interpelar al gobierno federal y su responsabilidad de atender la situación”, informó Eva Prados, coordinadora de la organización.

Mientras, el grupo convocado por la derogación de las Leyes de Cabotaje reclama algunos aciertos. "Hasta ahora, logramos hasta la reacción de los navieros. Anuncios de dos páginas defendiendo la Ley Jones, cuñas de televisión a precios costosísimos, para tratar de defender lo indefendible. Tienen los recursos para contratar cabilderos y hacer gestiones en el Congreso para evitar darle entrada al pueblo, pero nosotros tenemos el recurso más valioso que es un pueblo con dignidad que no está de rodillas y no tiene miedo", expresó Bimbela.

Auditar la deuda

¿Tendría una auditoría ciudadana de la deuda del gobierno un efecto político real o sería un acto simbólico de la sociedad civil?

“En el caso de Ecuador el gobierno lo pudo usar a su favor y lo utilizó para degradar la deuda y la degradó a tal punto que la compró, o sea, que ahí hubo una estrategia que le funcionó. Pero hay que hacer las distinciones. Primero, que son países soberanos con deuda soberana cuyos acreedores son homogéneos”, destacó Medina.

“La auditoría es importante porque nos va a dar un panorama claro de esa multiplicidad de deuda, que hace falta definirla y tener un mapa. Lo segundo es que nos va a ayudar a definir cuánto es lo que se debe, ese número no está claro. La deuda de las corporaciones  públicas no se ha cualificado en términos globales, el gobierno no sabe quiénes son los acreedores, tampoco se sabe claramente cómo se ha usado ese dinero”, añadió la abogada.

Se moviliza la diáspora

La diáspora puertorriqueña en Estados Unidos también ha reaccionado a la crisis con manifestaciones públicas, denuncias de la influencia de inversionistas millonarios de ese País que tienen intereses en la deuda del gobierno local o con la creación de foros y actividades de discusión.

La organización Hedge Clippers ha estado publicando informes sobre la influencia de los fondos buitre en Puerto Rico y han denunciado que algunos de los donantes políticos del gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, son manejadores de fondos buitre con intereses en la deuda de Puerto Rico. En agosto, Hedge Clippers y otras organizaciones que colaboran con el grupo, como Call to Action, Make the Road New York y la Comisión de Salud Pública, se manifestaron frente a las oficinas principales de John Paulson, el multimillonario presidente de Paulson & Co. quien ha invertido en propiedades de la Isla.

En octubre, en la Universidad de Nueva York (NYU) habrá un foro sobre el tema de la crisis de Puerto Rico y luego otro en  la Universidad de Columbia donde participará el economista Joseph Stiglitz. También en octubre se llevará a cabo una actividad de la diáspora en Florida, que abordará, entre otros asuntos relacionados con la crisis fiscal, la derogación de las Leyes de Cabotaje.

Fuente: Centro de Periodismo Investigativo