“Fuera el sabotaje del cabotaje”, leía uno de los letreros que cargaban bajo un intenso sol algunos de los manifestantes. Eran tal vez poco más de un centenar los que hacían el reclamo de flexibilidad en el trasiego de la carga marítima. La objeción iba dirigida al Congreso de los Estados Unidos.

Salieron poco después de las 10:00 de la mañana de las inmediaciones del Centro de Convenciones de Ponce. La ruta los llevó por la avenida Santiago de los Caballeros y terminaba en una de las esquinas del paseo tablado de La Guancha en Ponce. Muy cerca de allí se ven las grúas inutilizadas del Puerto Las Américas Rafael Cordero Santiago. Llevan allí desde hace años, esperando que finalmente haya un renacer del área portuaria de Ponce. Precisamente, uno de los impedimentos de ese renacer es la imposición de las llamadas leyes de cabotaje, o el “Jones Act”, como se le conoce en inglés.

Este estatuto, convertido en ley federal en el 1920 (dos años después de terminada la Primera Guerra Mundial), básicamente obliga a que el movimiento de barcos entre puertos estadounidenses sea usando barcos construidos y que lleven la bandera de los Estados Unidos. Además, exige que sean tripulados por estadounidenses. En esencia era una medida que buscaba proteger la marina mercante de EE.UU. la cual, se estimaba, podría ser usada para la defensa del territorio en casos de guerra.

De la aprobación de esta ley, ya han pasado 95 años. Según la senadora Rossana López León, ese valor militar de la marina mercante estadounidense ha cambiado. De hecho, los dos barcos y las restantes barcazas que llevan bienes entre los Estados Unidos y Puerto Rico, no pueden ser usados en tiempos de guerra. Simplemente son naves anticuadas para este tipo de operación, afirmó la senadora.

Por eso, afirmó, el estatuto ya no tiene vigencia y solo sirve como una medida proteccionista que afecta significativamente la economía de Puerto Rico y las demás jurisdicciones que ahora mismo dependen de la marina mercante estadounidense para su tráfico comercial con los estados continentales de los Estados Unidos.

El traslado de un vagón entre el puerto de Jacksonville en Florida y San Juan puede costar como $7,500 por las leyes de cabotaje. Ese mismo furgón cuando es trasladado a los puertos de las islas vecinas por otra marina mercante, que no sea la estadounidense, puede costar unos $1,500. “Esto encarece todo lo que importamos y exportamos. Esto es una camisa de fuerza para el desarrollo económico que necesitamos”, dijo López León.

Junto a ella había decenas de políticos de diversos partidos, organizaciones profesionales, sindicatos y asociaciones comerciales. Según el presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, el reclamo de la eliminación de las leyes de cabotaje une a los puertorriqueños de todas las ideologías políticas y económicas. Ante ese consenso, lo lógico es comenzar a fomentar y proyectar esa unidad en el reclamo por la derogación, aunque sea parcial de ese estatuto.

“Con esta manifestación, que es  la primera que estamos haciendo, lo que queremos es llevarle un mensaje al Congreso de que esto es un reclamo que une a todos los puertorriqueños”, dijo Bimbela. Además, afirmó, se pretende crear conciencia en torno al asunto, ya que, según explicó, muchas personas no entienden el impacto que tiene esta ley en el acarreo de mercancía entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

La senadora López, indicó que un estudio legislativo estimó que debido a las leyes de cabotaje, una familia puertorriqueña podría estar pagando hasta $500 en exceso por la comida que compra durante un año.

El representante Víctor Vasallo, por su parte, indicó que este estatuto también limita enormemente la competitividad industrial de Puerto Rico. Explicó, por ejemplo, que el acarreo de materia prima desde los Estados Unidos a Puerto Rico puede ser hasta tres veces más alta que la de los competidores industriales en países vecinos. Y en medida que esta materia prima resulte cara, el producto final tiende a ser más costoso, limitando las probabilidades de éxito del producto.

“Yo, como industrial sufrí el efecto y como consumidor sufro el efecto de estas leyes”, dijo Vasallo al ilustrar su oposición al estatuto.

Foto: Jorge Ramírez Portela

Fuente: El Nuevo Día