Hoy se cumplen 10 años de la  muerte de Filiberto Ojeda Ríos,  y  el  gobierno local no ha reabierto  el caso  para aclarar las interrogantes  sobre la intervención de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones  (FBI), tal y   como  recomendó  la  Comisión de Derechos Civiles (CDC) de  Puerto Rico.

“Esa recomendación duerme el sueño de los justos”,  dijo el director ejecutivo de la CDC, Ever Padilla.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabrieron la investigación. De esta manera, los eventos que ocasionaron la muerte de Filiberto Ojeda están impunes”, manifestó.

En el 2011, la CDC sugirió  a Justicia local y a Justicia federal  investigar  el grado de fuerza que usaron  los agentes del FBI en el operativo  contra el líder independentista, pues   una pesquisa de la CDC   reveló que esta muerte  se caracterizó  por el uso excesivo y abusivo de la fuerza.

El secretario de Justicia, César Miranda, explicó ayer  que durante el 2008 la agencia, bajo el entonces secretario Roberto Sánchez Ramos, investigó  los hechos y que, luego de evaluar todos los ángulos y solicitar y obtener información por parte del FBI,  concluyó que la prueba recopilada era  insuficiente, en términos de su derecho penal,  para establecer conducta  criminal. Ante ese hecho, dijo Miranda, Justicia  archivó   la investigación haciendo  la salvedad  de que el caso pudiera reabrirse    si se accede a  prueba adicional o distinta.

Disparo mortal

Fue el 23 de septiembre de 2005, luego del tradicional acto del Grito de Lares, que el FBI  realizó el operativo que terminó con la vida de Ojeda Ríos en el barrio Plan Bonito, en Hormigueros.  El líder de los Macheteros llevaba 15 años  fugitivo  tras ser  acusado por varios delitos, incluyendo el  robo  de $7.2 millones en la oficina de la firma Wells Fargo en la ciudad de Hartford, en Connecticut.

El FBI lo tuvo en su  lista de los  más buscados hasta que dio con su paradero. En  el operativo  participaron unos 100 agentes federales. Ese día, Ojeda Ríos recibió  un disparo en el pecho  y murió desangrado, según afirmó entonces Héctor Pesquera, médico y dirigente del Movimiento  Independentista Nacional Hostosiano, quien participó de la autopsia.

Siguen las dudas

Una de las interrogantes que ha trascendido con    su muerte es por qué los agentes federales no lo arrestaron.  Precisamente la pesquisa de la CDC, que según Padilla tomó tres años y recogió más de 40 testimonios, reveló que el FBI fue  el primero en dispararle mientras  estaba  solo en su hogar.

Ojeda Ríos estaba  al ladode una nevera cuando recibió el disparo mortal de un francotirador. “La investigación dice que el asalto fue de forma violenta con armas poderosas para una sola persona, cuando pudieron haber usado la mediación y otros recursos para que se entregara”, dijo.

Representantes del FBI en la Isla no contestaron ayer las llamadas de este diario, pero    una  pesquisa de la Oficina del Inspector General federal asegura que Ojeda Ríos inició la balacera y  los agentes  devolvieron el fuego.

Otro cabo suelto en este caso es la supuesta inacción de los agentes  al  no brindarle asistencia médica.  Pesquera  opinó  que a Ojeda Ríos lo querían matar, no arrestarlo, pues lo   pudieron llevar al hospital y no lo hicieron.

No permitir esa ayuda es  una violación de los derechos humanos, resaltó William Ramírez, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en la Isla. “Aun  si ellos pudieran justificar la muerte tenían la obligación de preservar esa vida”, dijo, al  destacar que el Gobierno tiene que   investigar más a fondo,   fijar culpas y  publicar la verdad de este caso.

Para la viuda Elma Rosado, la muerte de su esposo fue un  acto de terrorismo mediante la tortura y el asesinato, y “los  asesinos y  sus cómplices continúan  merodeando entre nuestro pueblo sin cumplir un solo día de cárcel”.

Fuente: El Nuevo Día