El Departamento de Justicia se está provocando a sí mismo un problema de credibilidad. La División de Integridad Pública, encargada de procesar a funcionarios por delitos como apropiación ilegal y malversación de fondos, ha mantenido un proceder bastante discreto, que más bien tiene visos de inactividad, mientras investiga el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) del Municipio de San Juan, que implantó el exalcalde Jorge Santini.

Este plan urbanista busca conservar tierras de valor ecológico, cultural o arqueológico, pero en su versión deformada se convirtió en el fiasco de ‘El impuesto secreto de Santini’. La pasada administración municipal cobró ilegalmente más de $11.4 millones de dólares a sobre 1,116  ciudadanos, entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, como parte del nebuloso e incomprensible proceso de otorgamiento de permisos de construcción en la capital, entre 2003 y 2012, según lo destapó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Ahora se le comienzan a llenar las manos a Justicia por los tropiezos de la administración Santini. La Legislatura Municipal de San Juan, apoyada en un informe de la Oficina del Contralor, acaba de hacerle un nuevo referido. Señala a la administración de Santini por su negligencia en el cumplimiento del deber: no cobró sobre $56 millones de dólares a deudores y mantuvo en sobregiro cuentas operacionales, pagando unos $3 millones en sobrecargos por emitir cheques sin fondo. Empleados municipales se apropiaron de más de $90,421.

A principios de este cuatrienio, en octubre de 2013, la agencia gubernamental recibía de parte de la nueva Legislatura Municipal de San Juan la petición de investigar el Programa de TDD. Pero el referido durmió casi año y medio en la canasta de trabajos por hacer: parecía que la agencia no consideraba importante exigir cuentas al alcalde que había gobernado por doce años la ciudad más importante del país. En realidad, el fiscal que tenía la responsabilidad del referido no lo atendió. Fue a principios de 2015 que la fiscal Carmen Padilla comenzó a leer sobre sobre el marco legal sobre el cual la pasada administración municipal montó el rompecabezas del “Santini tax”. Pero la fiscalía está mirando el problema con una visión limitada.

Justicia busca exclusivamente alguna clave que pueda probar que el ex alcalde o alguno de sus funcionarios se metieron dinero de los TDD en el bolsillo, aceptó al CPI el fiscal Alberto Valcárcel, director de la División de Integridad Pública, durante una conversación. Y la fiscalía está obviando el ángulo de negligencia crasa por parte de la administración municipal: usar fondos para un fin no autorizado y contrario a la ley, o depositarlos en una cuenta sin autorización o de manera contraria a la ley, lo que es un delito según el Código Penal. Cuando el Departamento de Justicia ponga el punto final a su investigación sobre los TDD, si viene con las manos vacías, tendrá que explicar por qué no habría investigado ese ángulo. Por esa falta de garras de parte de la fiscalía, la mayoría de las investigaciones que apuntan a malversación de fondos quedan impunes y son la orden del día en las finanzas municipales.

El Programa de TDD del Municipio de San Juan ilustra magistralmente lo que significa la negligencia crasa. Falló en su objetivo principal de conservar 684 terrenos privados en 3,000 cuerdas de valor ecológico en los barrios sanjuaneros de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, según lo mandaba el Plan de Ordenación Territorial. El CPI demostró que ninguno de los terrenos fue protegido con un gravamen en el Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia, lo que era una obligación del Municipio para asegurar que no se construyera en las tierras. La investigación demostró, con la ayuda de fotos aéreas, que una gran parte de esos espacios de valor ecológico fueron destruidos.

En la historia de principios de este siglo en la capital, el Programa de TDD de San Juan será recordado como una gran tomadura de pelo o como la incapacidad institucional para emprender novedosos proyectos de planificación. El supuesto esfuerzo de conservación estaba planteado para que dueños de esos terrenos recibieran legalmente una compensación.

Pero el dinero cobrado nunca se usó para pagar a los dueños de los terrenos de valor ecológico, ni se depositó en la cuenta especial del Banco Popular #030402719 que había sido creada para el Programa de TDD. La nueva administración de San Juan no puede dar cuenta del paradero de los más de $11.4 millones cobrados, aunque entiende que parte de estos se depositaron en el fondo municipal y fueron gastados.

Está claro que en el caso de los TDD, ciudadanos, empresas y organizaciones tienen la vía abierta para iniciar una acción civil contra el Municipio de San Juan y exigir una reparación por el cobro ilegal de dinero. Pero el Departamento de Justicia estaría dejando solas a las víctimas del tax Santini, demostrando que partes del Código Penal son letra muerta, y manteniendo la puerta abierta para que gobernantes sigan saliendo de sus estrados con impunidad total.

(Ángel Valentín/NotiCel)