Ponencia de Juan Camacho, portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente, sobre la evaluación del Programa de la Zona Costanera y el DRNA en relación al desarrollo del proyecto del paseo de bicicletas.

Muy buenas días. Mi nombre es Juan Camacho y soy portavoz de la organización de base comunitaria, Toabajeños en Defensa del Ambiente.

En la mañana de hoy decimos presente para presentar comentarios acerca de nuestras experiencias con la operación e implantación del Plan de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico (en adelante el Programa).

La organización que represento no cuenta con elementos suficientes para determinar si el Programa está cumpliendo o no sus tareas y funciones a nivel del país, sin embargo, en lo que respecta a nuestra Comunidad, sí tenemos señalamientos de incumplimiento de tareas y funciones, así como de indiferencia a las mismas leyes y postulados que representan, tanto el Programa como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

Si bien es cierto que los comentarios que en estas vistas se solicitan son sobre el funcionamiento del Programa de Manejo de la Zona Costanera y no sobre proyectos específicos, no es menos cierto que cualquier señalamiento de carácter evaluativo que hagamos, tiene que darse en el contexto de la experiencia de un proyecto.  De esa manera, quienes han logrado buenas experiencias así lo presentarán y por otro lado, los que no logramos esas buenas experiencias, tenemos la responsabilidad de notificarlo para lograr el cambio.  

Somos vecinos de la comunidad de Levittown del municipio de Toa Baja y desde hace tres años, la Autoridad de Carreteras y Transportación  pretendía construir un paseo de bicicletas de asfalto y concreto sobre y cerca de la zona marítimo-terrestre de nuestra Playa.  Nuestra Comunidad se opuso tenazmente a dicha construcción por las irregularidades y violaciones que representaba la misma.  Irregularidades y violaciones que tanto el  Departamento como el Programa conocían, pero que con la indiferencia, las permitieron.  

Eso hizo que nosotros tomáramos control de la situación y sacáramos la cara por la costa. Así, denunciamos las violaciones en nuestra comunidad y en otras comunidades.  Realizamos charlas,  piquetes, foros, marchas, y toda clase de manifestaciones, incluyendo la desobediencia civil. Y vencimos.  

A continuación, algunas de esas irregularidades y violaciones, enfatizando que cada una de ellas era razón suficiente para haber retirado el proyecto y hasta para multar al promotor.   

•    El proyecto se pretendía construir en un área ecológicamente sensitiva con alto riesgo de inundaciones costeras. Presentamos como evidencia el Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo de Inundación (Reglamento Núm. 13) del 7 de enero de 2010; los mapas de la Agencia Federal de Manejos de Emergencia-FEMA (los cuales se describe el Distrito como VE, que significa, según FEMA, “sujeto a inundaciones costeras” y es también un área denominada “tsunami ready  Así también, presentamos el Plan de Uso de Terreno del Municipio de Toa Baja, que describe el área desde Palo Seco como una “ecológicamente sensitiva”. (Precisamente en el 2007, la planificadora y asesora del grupo ambiental Coalición Piñones-Loíza, Sra. Carmen Guerrero, denunciaba en la prensa el peligro de construir en dicha área (inundable). Decía la planificadora: Todos los terrenos donde la compañía proponía la construcción de Costa Serena están clasificados como Zona VE, la cual es un área costanera de alta peligrosidad sujeta a la inundación base y a altas velocidades de la marejada ciclónica.”)

En estos momentos el Programa y el Departamento están circulando un formulario de encuesta con preguntas  redactadas para establecer posibles estrategias de conservación, manejo y uso sostenible. Dos de esas preguntas, de manera irónica, leen de la siguiente manera: ¿Cree usted que su residencia o la de alguien que usted conoce puede ser afectada por el aumento del nivel del mar o inundaciones costeras? (sí o no) ¿Qué estrategias favorecería usted para promover la protección de la vida y propiedad ante los riesgos costeros?  Las alternativas a seleccionar son: Acciones voluntarias;  Educación y Concienciación Ciudadana; Políticas Públicas y Reglamentación.  

Para nosotros, las contestaciones son obvias; sí, conocemos muchas residencias que pueden ser afectadas por el aumento del mar o por inundaciones costeras.  Así también, si tenemos que escoger una estrategia para promover la protección de la vida y propiedad de la gente ante los riesgos costeros, escogemos las “acciones voluntarias” de la comunidad, porque las “políticas públicas y reglamentación” no funcionan en el Departamento.

•    El proyecto no se podía construir en la zona marítimo-terrestre porque no era un proyecto dependiente del agua. Las bicicletas no necesitan del agua para moverse ni las personas necesitan del agua para montarlas.  El reglamento establece que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por aquellas actividades o instalaciones que se determinen son dependientes del agua y que, por su naturaleza, no puede tener otra ubicación.”

•    La construcción de este paseo recreacional pretendía remover dunas, y deforestar parte de la vegetación natural playera que protege parte de nuestra Comunidad de tormentas, ciclones, marejadas y tsunamis.  Esa vegetación consistía de mangle botoncillo, uva playera, emajagüilla,  palmas, árboles y diversos arbustos

•    Comenzaron la construcción del proyecto sin haber radicado una solicitud de concesión al Departamento.  Luego la presentaron fuera de fecha y el Departamento la aprobó (90 días después) fuera del tiempo reglamentario.

•    Para la concesión, el promotor nunca presentó un Memorial Explicativo completo que explicara y justificara el proyecto. Obvió la siguiente información: descripción detallada del aprovechamiento que se propone, la relación de las obras necesarias, la maquinaria a utilizarse y la forma y manera en que se realizarán dichas obras; los fundamentos que sustente que el aprovechamiento propuesto responde al interés público y que sus beneficios son mayores que los derivados del uso presente para el pueblo de Puerto Rico; descripción y análisis del impacto ambiental del aprovechamiento propuesto o existente; medidas que se utilizarán para evitar, minimizar, reducir y/o mitigar el impacto de la acción en los recursos; indicación de susceptibilidad a inundaciones de la zona a tenor con los mapas a tales fines preparados por la Junta de Planificación, FEMA, o cualquier otro organismo público; estudios de corrientes marinas, movimiento de sedimentos y contornos batimétricos.

•    En el proceso de otorgar la concesión no se tomó en cuenta el criterio del Interés Público Afectado, que significa colocar en balance los beneficios del proyecto para la comunidad vis a vis las consecuencias en detrimento del mismo.

•    Nunca colocaron un rótulo para el deslinde.  El rótulo de la construcción lo colocaron 13 meses después.

•    El deslinde fue aprobado el 5 de noviembre de 2012, por lo cual nunca fue válido. La validez del deslinde es de un año.

•    No empece el impacto ambiental del proyecto, lo procesaron mediante una exclusión categórica, como si fuera una “acción predecible o rutinaria” más.

•    El proyecto nunca presentó una Certificación de Compatibilidad Federal con el Programa, aunque los fondos del mismo eran federales, tenía  impacto en la erosión costanera, en las dunas de arena y en toda la zona costanera.

•    Desde mayo de 2014 tanto el contratista como el promotor permanecían en los vagones y en las estructuras de manera ilegal.

•   Nunca contaron con permisos completos de Extracción Incidental de la Corteza Terrestre, de Autorización de Corte y Poda de Árboles y de General Consolidado.

•    Fragmentaron el proyecto para el proceso de evaluación en violación a la exclusión categórica.

•    El  movimiento de la maquinaria pesada era ilegal, porque no tenían permiso para ello.

Todas estas irregularidades y violaciones de reglamento y de ley fueron aceptadas por el Departamento y por el Programa. No obstante, la comunidad asumió la responsabilidad de proteger no solamente el recurso natural playa, sino la vida y la seguridad de las personas afectadas.

El promotor, como el contratista, se fueron, sin que nosotros podamos cobrarle todo el daño que nos hicieron. Una vez más la impunidad se alza con el visto bueno oficial del gobierno y de sus agencias. Pero nosotros seguimos. Nosotros seguimos.

Muchas gracias.

2 de septiembre de 2015