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Encendida la lucha de Arecibo contra el incinerador PDF Imprimir Correo
Escrito por Cándida Cotto / Claridad   
Miércoles, 02 de Septiembre de 2015 15:29

incinerador

Huelgas de hambre, vigilias, marchas, recursos legales ante los tribunales y agencias… De todo han hecho la comunidad de Arecibo y pueblos como Peñuelas, en su lucha en contra del establecimiento de la planta de incineración Energy Answers, en el barrio Cambalache de Arecibo.



Myrna Conty, portavoz de la Coalición de Organizaciones contra la Incineración (CCI), denunció en entrevista con CLARIDAD que la planta de incineración de basura de Energy Answers afectaría no sólo a los residentes de Arecibo, sino a toda la Isla debido a la emanación de partículas que impactarían a diferentes áreas de Puerto Rico y a que sus cenizas se pretenden depositar en el vertedero municipal de Peñuelas.

La Coalición se organizó en el 2010 ante los varios grupos que se encontraban luchando en contra de la incineradora. Conty señaló que éste es el tercer intento en que se trata de imponer un incinerador en Arecibo e incluso que el ex gobernador Luis Fortuño fue abogado de una de estas empresas. Al acceder a la gobernación en el 2009, Fortuño emitió la Orden Ejecutiva de emergencia energética lo que permitió la aprobación acelerada del proyecto de Energy Answers.

Respecto a la actual administración gubernamental, la portavoz de la Coalición contó en tono de indignación que estuvo presente en la reunión que miembros de la Coalición sostuvieron con el gobernador Alejandro García Padilla. Denunció que la petición se le hizo desde antes de éste entrar en funciones y no fue hasta que hicieron una demostración que incluyó una huelga de hambre frente a la Fortaleza en octubre de 2014 que se les concedió la entrevista. “A esos niveles tuvo que llegar la comunidad”.

Precisó que en la reunión entre los presentes estuvo, además del Gobernador el hoy Director Ejecutivo de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), dos asesores ambientales, y el ayudante Jorge Colberg. Víctor Suárez, el actual secretario de la Gobernación, no estuvo presente. No obstante, relató que vio a Suárez pendiente de lo que estaba pasando en la reunión.

Conty expresó y denunció sin reservas que: “Cuando Ingrid Vila se va, las cosas empiezan a ligerarse, pero una cosa increíble. Sospechábamos que Víctor Suárez es el que estaba detrás de esto. Todo empezó a coger un auge demasiado rápido”, reveló en referencia al acceso de Suárez a la Secretaría de la Gobernación, a raíz de la renuncia de Ingrid Vila Biaggi. Añadió que en la reunión le informaron al Gobernador que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) todavía no había emitido el permiso de aire por lo que él podía tomar una decisión dado a la información que le fue presentada. “Lo único que dijo García Padilla fue que él no gobernaba dando instrucciones a sus agencias”.

A esta reacción el grupo le insistió en que él era el Gobernador, dijo. “Nos fuimos con la esperanza de que nos volviera a llamar y hasta el sol de hoy no nos ha vuelto a llamar. Las decisiones fueron que la JCA dio el permiso de aire, empezaron a dar el permiso de desperdicios sólidos no peligrosos, que se mantuvo en secreto donde se iban a depositar las cenizas, aunque condicionado”, lamentó Conty.

La portavoz de la Coalición divulgó detalles de las reuniones que han sostenido con otras agencias, como con la ADS, cuyo director les planteó unos argumentos flojos que denotaban que alguien lo había mandado; que la anterior administradora de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) renunció por alegadas razones personales, pero la realidad es que su esposo está ligado a uno de los bufetes de Energy Answers; y hasta el Departamento de Salud, que hizo una carta de dos páginas sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favoreciendo el proyecto. Afirmó que con la actual administración ninguna agencia, a excepción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha querido revisar sus permisos.

La más reciente acción de la Coalición fue la radicación de un recurso contra la Junta de Calidad Ambiental ante el Tribunal de Apelaciones para exigir que se les dé participación en el proceso de permiso de aire de la megaincineradora. Entre otros señalamientos, en el recurso legal se expone que “la incineradora propuesta estará en funcionamiento al menos 30 años, periodo durante el cual se pretenden quemar no menos de 22,995,000 toneladas de residuos. La quema de 2,100 toneladas diarias de desperdicios sólidos implica que emitirá no menos de 27,600,000 toneladas de contaminantes atmosféricos, a razón de 920,000 toneladas/año, y generará 5,201,250 toneladas de cenizas, a razón de 475 (toneladas) diarias”.

Sobre el curso del permiso de la JCA, Conty detalla que: “El 12 de noviembre de 2012, la JCA celebró vistas públicas sobre el borrador del permiso de construcción para dicha fuente. El 30 de octubre del 2014, la JCA notificó su resolución número R-14-39 1, mediante la cual decidió aprobar una Solicitud para la Aprobación de Ubicación y la Solicitud para Construir una Fuente de Emisión de Energy Answers. Esta determinación autorizó la ubicación del incinerador y ordenó al Área de Calidad de Aire de la JCA a emitir y publicar electrónicamente el Permiso Final.

“En o alrededor del 7 de noviembre de 2014, el Área de Calidad de Aire notificó el permiso de construcción final a EA. La JCA incluyó en el apercibimiento de permiso que indicaba que si EA no presentaba comentarios a dicho documento, éste advendría final. Además, expresaba que una vez fuera final el permiso, la parte que solicitó el permiso, si no estaba conforme, podía iniciar un procedimiento adjudicativo para impugnarlo. Ninguna de las partes aquí comparecientes recibió notificación de este permiso”.

Conty expresó, que con el recurso legal, “pretendemos derrumbar este obstáculo que nos pone esta Agencia para lograr una participación ciudadana más efectiva. Estamos cansados de que comparezcamos a Vistas Públicas pro forma y que los permisos tomen muy poco en cuenta lo que exponemos; nos han demostrado que ya la decisión está tomada”.

Además de acusar que los permisos de la incineradora se “están negociando en cuartos oscuros, por los influyentes cabilderos de Energy Answers. Es un proceso corrupto. Personas que han estado dentro del gobierno lo han confirmado”.

De parte de las agencias federales, también reveló que la actitud que ha visto es la de procesos atropellantes.

 

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