La decisión de la Corte Suprema de Guatemala de abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina como cabeza principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto de inflexión en la grave crisis política que sacude al país. El gobierno, paralizado hace semanas, ya se desmoronó.

El escándalo estalló en abril de este año y desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a multitudinarias protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a las que se han sumado crecientes sectores de la población, incluyendo a las combativas comunidades indígenas y campesinas.

La investigación de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha evidenciado delitos de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se vio forzada a renunciar y ya está presa y es juzgada por un tribunal.

Pero estos hechos no comienzan con el actual gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en sus profundas raíces en la historia guatemalteca, en las consecuencias socio-política de la grosera injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de este país y directamente relacionado con ello, la aplicación, a partir de los ochentas, de las  criminales, superexplotadoras y depredadoras políticas neoliberales.

Sin ir más atrás, a partir del golpe de Estado orquestado en 1954 por la CIA y las más altas instancias de Washington, que derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por una estrecha alianza formada por la embajada estadunidense, las cámaras empresariales y los militares de ultraderecha, huevo de la serpiente de la genocida actividad contrainsurgente de las fuerzas armadas hasta la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla en diciembre de 1996. Según los cálculos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU el genocidio maya arrojó un saldo de 200 000 muertos y desaparecidos de esa etnia, además de un número considerable de opositores políticos y bases de apoyo de la guerrilla.

Aunque el genocidio terminó, no así la impunidad de sus autores, entre ellos Pérez Molina, ni las masacres eventuales de indígenas, ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron relativamente el espacio político con elecciones a la gringa pero apenas tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. Grandes empresarios, jefes militares y la gran mayoría de los políticos se subordinan a la Embajada de Estados Unidos y son cómplices de aquella en el control sobre la sociedad civil. Igualmente, manejan grandes negocios nacidos durante la guerra sucia y desarrollados en los años posteriores, incluyendo una jugosa participación en el tráfico de drogas, en el contrabando y en otras actividades criminales.

De hecho, de los años de guerra nacieron dos grupos criminales en el seno del ejército: El Sindicato y la Cofradía, cuyas actividades han continuado después, casi siempre con la complicidad del Ejecutivo.

Teñidas por las características de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en el paneta entero y no solo en América Latina y el tercer mundo, al estimular la prevalencia del individualismo, el egoísmo, el consumismo, el edonismo, la pobreza, el desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado. Redes de corrupción y compadrazgo entre empresarios, políticos y militares, las hay también y muy tupidas en el mundo “desarrollado”, comenzando por Estados Unidos. Remember el monumental e impune fraude financiero de 2008.

Causa hilaridad cuando se lee u oye a los loros amaestrados del sistema llenarse la boca para decir: “esto no pasa en las democracias consolidadas. ¿Cuáles? ¿Esas donde se compran las elecciones? Y es inevitable volver a pensar en el vecino del norte.

La calle pide la renuncia y el enjuiciamiento de López Molina y es muy probable que lo consiga pues ya logró asustar a las cámaras empresariales, que de la noche a la mañana, exigen lo mismo. Y a la embajada gringa, que a través de aquellos y de la CCIG tira de los hilos para impedir que el país se le vaya de las manos, que las elecciones neoliberales “resuelvan” el problema para que todo siga igual. Los horroriza el fermento de indignación popular desatado, que si logra organizarse puede eventualmente pelear por cambios democráticos verdaderos que desemboquen en una Asamblea Constituyente ciudadana, no de los partidos políticos del sistema.

(Tomado de La Jornada)