Las evaluadoras de crédito, los acreedores, y aseguradoras de la deuda, entre otros, se han encargado largo y tendido de comentar sobre los $72,000 millones que debe el gobierno y que ya ha admitido no puede pagar.

Las condenas por el impago de la Corporación para el Financiamiento Público alimentaron el fuego de las amenazas de degradaciones y el cabildeo de los tenedores de bonos. A su vez, las comparaciones con Grecia -rescatada financieramente por tercera vez- surgieron espontáneamente.

Sin embargo, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el exoficial del Tesoro federal bajo la Administración Clinton, Mark Medish, dejan claro en una columna de opinión del Wall Street Journal que aunque Grecia y Puerto Rico comparten una deuda externa insostenible y un mal manejo fiscal, las situaciones no se equiparan. La diferencia fundamental estriba en que Grecia escogió pertenecer a la Eurozona, mientras Puerto Rico nunca escogió ser una territorio no incorporado de Estados Unidos.

Los economistas criticaron que Washington quiere los beneficios de un paraíso fiscal extranjero sin las responsabilidades de tener que rescatarlo en tiempos de necesidad. De igual modo, condenan que los puertorriqueños sean tratados como ciudadanos de segunda, con beneficios recortados arbitrariamente, exenciones contributivas dadas y revocadas a gusto, y leyes de cabotaje que obligan a transportar todo a costos insostenibles.

Los inversionistas tampoco se salvaron, pues Stiglitz y Medish los tildan de imprudentes por dejarse llenar los ojos únicamente por la triple exención contributiva para comprar bonos municipales. Ahora los buitres sobrevuelan buscando los restos. Asimismo, el mercado debe cuidarse pues aunque el impago de Puerto Rico no parezca un detenonte de inestabilidad, las aseguradoras de deuda pueden aumentar sus condiciones e incluso negar sus servicios.

La acción de Washington es imperativa. Más allá del estatus político del territorio, existen varias soluciones prácticas. Sugieren enmendar la Ley de Quiebras federal, o si no quieren rescatar, aceptar una asistencia oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, Stiglitz y Medish notan que Washington rechaza esta opción porque seguramente el organismo internacional recomendará reestructurar o condonar la deuda, cambiar la Ley de Quiebras, así como las leyes de cabotaje y ajustar el salario mínimo federal para mayor competitividad del mercado laboral. Lo más importante, destacan, es que Puerto Rico no caiga en las garras de los “buitres” inversionistas porque sería “injusto e inaceptable”.

La conclusión de estos expertos es contundente: “Estados Unidos debe asumir responsabilidad por el pasado imperialista y el presente neocolonial. Washington le debe a los puertorriqueños un futuro legítimamente democrático y una estrategia de desarrollo social y financieramente viable, más que algunas exenciones tributarias para beneficio de las corporaciones estadounidenses”.