SAN JUAN, Puerto Rico, 9 de marzo de 2011 (NCM) – Poco más de veinticuatro horas después del peor motín del alzamiento universitario, que ha conllevado

la censura de toda la institucionalidad política y del propio Comité de Representación Estudiantil, una reconstrucción de la escena desde distintos ángulos ha levantado dudas graves sobre la participación de las propias autoridades en la cadena de los hechos.

En específico, las interrogantes se refieren al tumulto ocurrido en la facultad de Arquitectura del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el lunes pasado, en el que fue agredida la rectora, Ana Guadalupe, y casi una docena de miembros de guardias universitarios que la custodiaban ante un grupo estudiantil airado y fuera de control.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales realiza una pesquisa y a la hora del cierre un estudiante había sido acusado por cargos de agresión grave contra uno de los jefes de la guardia universitaria. Se espera que el joven se presente hoy miércoles ante un magistrado en el Centro Judicial de San Juan.

En medios nacionales de prensa se ha indicado que la investigación continúa y que se esperan cargos contra por lo menos otro estudiante, pero tampoco por la agresión a la rectora.

La grave situación, sin embargo, no impidió que el virtual candidato a la gobernación por el opositor Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, además de repudiar como “injustificables” el motín y el ataque a la rectora, anunciara que de ganar los comicios de 2012 eliminará la “cuota” impuesta para incrementar los costos de matrícula. El dirigente político autonomista anunció también que devolverá a la UPR los cerca de 200 millones de dólares que le ha quitado el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista.

Como ha sido su costumbre a través de los más de diez meses del alzamiento estudiantil cada vez que ocurren hechos cuestionables de parte de los propios integrantes, en lugar de adoptar una defensa de las  acciones a toda costa, el movimiento estudiantil efectuaba ayer martes consultas intensas de evaluación interna. Ese sistema difiere marcadamente de décadas pasadas –como en los años sesenta y setenta del siglo veinte- en las que choques en la UPR culminaron con muertos y muchos heridos.

De hecho, el mismo día de los hechos el propio CRE denunció que los estudiantes que protagonizaron los actos violentos habían asumido una actitud “reaccionaria” injustificable para la cual no podía haber inmunidad, pero que era necesario esclarecer por qué los propios guardias provocaron el motín al comenzar los empujones que desataron la reacción en cadena. Las versiones de de testigos que estaban en distintos puntos durante los sucesos, lejos de aclarar las cosas, han complicado el panorama sobre hechos ocurridos apenas un par de semanas después de denuncias de que personas vinculadas a los altos niveles del Estado habían discutido provocar una tragedia que pudiese ser achacada a los estudiantes rebeldes.

De igual forma y tal y como se le había anticipado a NCM Noticias que iba a ocurrir, ha comenzado a circular información patentemente falsa sobre la filiación política de personas vinculadas al movimiento estudiantil.

El lunes, la cadena de hechos comenzó con la difusión en medios de noticias de que el movimiento de los estudiantes, que durante meses gozó de amplios apoyos, se había reducido a un pequeño grupo socialista que ahora pretendía retar la moratoria a los actos colectivos impuesta por la rectora Guadalupe. Horas después, cientos de estudiantes participaron en un reto pacífico a la prohibición consistente en un piquete frente a la histórica Torre de la Universidad. Los participantes en el acto eran de tendencias tan diversas que incluyeron religiosos evangélicos que portaban cartelones alusivos a salmos bíblicos.

A punto de concluir la actividad, llegó aviso de que la rectora se encontraba en una reunión en la escuela de Arquitectura y hasta allá se dirigió buena parte de los jóvenes para llevar su reclamo de negociaciones para resolver el prolongado conflicto. La marcha recorrió un largo trecho por el campus y una vez llegó a las inmediaciones del salón de la reunión, la agitación y el asedio fueron subiendo de tono y era cada vez más airado.

Por razones que se desconocen, se supone que la jefatura de campo del contingente de la Policía nacional que ha vuelto a ocupar el recinto universitario desde el 24 de febrero no intervino y los guardias internos de la Universidad decidieron sacar a la rectora del salón, que fue conducida a través de los manifestantes en medio de una reyerta en la que le halaron el pelo y le echaron agua –entre otros vejámenes- para luego ser llevada a un vehículo, sobre el cual se treparon los alzados que le rompieron el cristal de atrás y el del pasajero.

Personas que estuvieron durante el asedio dentro del salón con la rectora, decanos y profesores, dijeron que nunca escucharon a funcionario alguno llamar por teléfono para pedir ayuda, en tanto que otros que se encontraban afuera relataron haber visto llegar al menos una unidad motorizada durante el tumulto, pero que la misma viró y se retiró.

Entretanto, los guardias universitarios no intentaron establecer un perímetro con un corredor de seguridad antes de sacar a la rectora, sino que contrario a la práctica normativa en tales casos, cargaron a la fuerza contra los manifestantes y una vez comenzado el tumulto fue que procedieron a conducir hacia allí mismo a la rectora. De igual forma, una vez la sacaron del edificio, en lugar de tener un vehículo protegido cerca de la entrada listo para salir, la llevaron a pié hasta un vehículo en el punto más lejano.

Horas después de los sucesos, una fuente que participó en otra reunión de alto nivel en la UPR aseguró que se inquirió sobre las deficiencias en el aparato de seguridad y una funcionaria que ocupa un puesto de mando contestó que el problema es que la rectora “es una persona muy testaruda”.

Foto: El Nuevo Día / Ramon "Tonito" Zayas