El gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, sorprendió cuando le declaró al pueblo en mensaje televisado, que la deuda pública de PR es “impagable” y que “no se trata de política. Se trata de matemáticas”. Aceptar de pronto lo que el movimiento independentista y progresista de las islas – Puerto Rico es un archipiélago – viene diciendo desde hace bastante tiempo, es desconcertante. ¿Cuál es el propósito?

Como mero administrador del gobierno colonial, García Padilla obedece, no a las necesidades del pueblo, sino a sus amos en Washington y Wall Street. Cuando dice que es impagable, no lo hace para proteger al pueblo, sino a los bonistas estadounidenses.

La enorme crisis de PR, enmarcada dentro de la crisis del capitalismo en callejón sin salida a nivel global y en particular con la de Estados Unidos, ha puesto en escena una compleja trama para tratar de cobrarle al pueblo puertorriqueño el más mínimo centavo por los bonos municipales vendidos por los sucesivos gobiernos para cumplir con el funcionamiento del país y mantener a flote sus agencias públicas.

La deuda, que ya ronda sobre los 72 mil millones de dólares, representa más de $20.000 por persona en PR, más que el ingreso medio de $19.518. (“Puerto Rico’s Fiscal Crisis is America’s Colonial Crisis”, por Angelo Falcon)

El dinero prestado al gobierno solo ha sido utilizado para pagar las deudas locales o los enormes intereses que de PR recaudan los bonistas.  Aunque Moody’s y otras agencias han ido bajando progresivamente las cualificaciones de estos bonos a estado “chatarra”, estos bonos han sido apetecidos por las grandes firmas de tenedores de bonos por ser libres de impuestos y tener el rendimiento más alto existente.

Aparte de los rendimientos, las tarifas cobradas por Wall Street son astronómicas. Un artículo de Forbes en 2013 titulado “How Wall Street Has Profited From Puerto Rico’s Misery” (“Cómo Wall Street se ha beneficiado de la miseria de PR”), reporta que “Las tarifas cobradas fueron mayores que las calculadas en otros estados y ciudades con problemas financieros de EUA. De hecho, de acuerdo con Reuters, a los bancos como UBS, se les pagaron en promedio márgenes brutos de un 31 por ciento más alto que los márgenes cobrados a Detroit”.

El artículo concluye con lo que también se puede concluir ahora: “Para entender cómo Puerto Rico está en tales condiciones extremas, simplemente siga el dinero a Wall Street”. (Forbes.com)

Hoy, el gobierno de PR se encuentra en bancarrota y sin ningún crecimiento económico. A pesar de haber implantado medidas desesperadas para balancear el presupuesto desde incluso antes de la crisis económica del 2008. Medidas como la imposición de impuesto de ventas en 2006, los despidos de empleadas/os públicos en 2009, la reforma de pensiones en 2013, hasta el nuevo impuesto a la gasolina y el reciente IVU (impuesto de ventas y uso) entre otras. Nada ha mejorado la economía y el gobierno se encuentra sin posibilidades de continuar los pagos a la deuda.

Reporte Krueger, receta neoliberal del FMI

García Padilla no hacía sino preparar al pueblo para la imposición de desastrosas medidas neoliberales contenidas en el reporte Krueger. El reporte de 30 páginas recoge un estudio detallado de la economía de la colonia y sus prácticas por 10 años consecutivos realizado por Anne O. Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe, execonomistas nada menos que del Fondo Monetario Internacional.

Si bien el propósito de este estudio, “Puerto Rico, un camino a seguir,” era el de buscar la forma de extraer más ganancias a la colonia, tuvo por necesidad que abordar la verdadera crisis del país: el colonialismo, aunque no lo verbalice así. Refleja la realidad colonial que no tiene la capacidad de poder resolver los problemas financieros con una política soberana.

Pero, ¿cuáles son esas recetas para sacar a PR del atolladero? El mismo informe resalta que son medidas difíciles que no tienen acogida popular, sobre todo de los sindicatos.

Algunas medidas de este plan de cinco años son: Eliminar el salario mínimo de $7,25 la hora, el cual dice que es muy alto para PR y que se debe bajar hasta que la situación de PR se acerque a la del estado más pobre de EUA. Fin al bono de fin de año o de Navidad; reducción de vacaciones de 30 a 15 días; redefinir las horas extras a partir de 40 horas semanales y no como se hace ahora, a partir de las ocho horas al día; “reducir requisitos onerosos para demostrar causa justificada en despidos”; reducción de maestras/os y consolidación – léase cierre – de escuelas; reducción de las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico, etc.

Incluye además privatizaciones de agencias públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, y otras agencias eficientes del gobierno que generan ingresos como el Fondo del Seguro del Estado.

Algo novedoso en la propuesta es el pedido al congreso de EUA que excluya a PR de la imposibilidad de someterse a la Ley de Quiebra y así poder “renegociar” la deuda; y la suspensión de la Ley Jones, o Ley de Cabotaje que hace que todo producto que llegue a la isla desde dondequiera que venga, sea trasladado en embarcaciones EUA con personal EUA, lo que encarece el producto en más del doble.

Una consecuencia de este informe es que involuntariamente, echa abajo algunas de las razones que quienes abogan por la estadidad utilizan para tratar de convencer que bajo la estadidad se estaría mejor y se tendrían más derechos. Cuando en el reporte se mencionan algunas de estas medidas, como por ejemplo, la reducción de vacaciones y de los requisitos para demostrar despidos injustificados, y redefinir las horas extras, argumenta que deben ser como los niveles en la “mainland” (EUA), donde se han perdido tantos derechos laborales.

En PR, a pesar de ser colonia, la lucha sindical ha logrado avances que se han perdido en la “mainland”.  Otra comparación la hace con la educación, diciendo que hay que reducir el presupuesto de la UPR porque es muy barata y debe encarecerse como en EUA.

Resistencia es educación y lucha

Workers World-Mundo Obrero habló con Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical y Coordinador de PROSOL, el Programa de Solidaridad de la UTIER, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, quien asistió a la reunión convocada el pasado 29 de junio por el gobernador para que alcaldes, legisladores, sectores de la sociedad y sindicatos, oyeran la presentación del informe por la misma Krueger. Pedraza Leduc mencionó el papel jugado por la Ley 66, la cual el Informe Krueger avala. Esta “Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, permite al gobierno hacer los ajustes necesarios para atender la crisis fiscal que enfrenta el país”. (aldia.microjuris.com) Ha sido la base utilizada para atacar a los sindicatos.

Dice Pedraza Leduc: “el planteamiento es de extender la Ley 66, significa no negociación colectiva y es eliminar beneficios. En el caso nuestro, de PROSOL, que estamos representando a los empleados de la Autoridad de Carreteras, que es una corporación pública, el lunes 29 de junio comenzamos en el tribunal un recurso de interdicto en contra de esta ley. Planteamos que esa ley es inconstitucional, porque va contra el derecho constitucional a la negociación colectiva y por lo tanto, a la libre asociación.

“Esa es una medida que estamos tomando desde el punto de vista legal. La otra más urgente que está tomando la UTIER y el movimiento sindical, que es lo que vamos a estar haciendo en todos los sectores, es una discusión con los delegados y con la base de los sindicatos, de toda esta problemática. Que la gente se empape y discuta todo lo que está pasando para que tengamos una base de apoyo para las acciones de lucha. Porque no es una lucha (a nivel legal) y de discusión con esta gente, pues ellos (gobierno y consultores) ya tienen una decisión tomada”.

Esta semana se celebrarán varias reuniones a ese efecto.

Puerto Rico se encuentra en una encrucijada donde el movimiento progresista puertorriqueño, tanto en las islas como en la diáspora, necesitan de amplios debates y movilizaciones. El futuro de Borinken está en juego.

Joubert-Ceci es puertorriqueña residente en el estado de Pensilvania