Desde que el gobernador Alejandro García Padilla admitió que la actual deuda pública de Puerto Rico es impagable, se han multiplicado las voces que claman por algún tipo de “intervención salvadora” del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).

La semana pasada, varios editoriales de periódicos del llamado “mainstream”, en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, repitieron como un mantra las tres peticiones que el Gobierno y las principales fuerzas políticas y económicas del País se han puesto de acuerdo para hacerle al gobierno federal: la aprobación por el Congreso de algún mecanismo de quiebra bajo la ley federal para algunas de nuestras corporaciones públicas; la eliminación de las Leyes de Cabotaje que encarecen los productos que entran o salen del País; y algún tipo de ayuda en el proceso de renegociación de la deuda con nuestros acreedores.

Luego de dejar claro que sólo continuarán ofreciendo a Puerto Rico su “asesoría técnica”, ni Casa Blanca, ni el Departamento del Tesoro, ni ninguna otra instancia del poder federal han dado visos de cambiar su posición. Un artículo publicado en el diario El Nuevo Día el pasado domingo va más lejos aún. Citan al congresista boricua, José Serrano, quien es el portavoz del Partido Demócrata en el subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa el presupuesto del Tesoro de Estados Unidos, afirmando que el gobierno federal sólo intervendría si la crisis de Puerto Rico tuviera un efecto desestabilizador en los mercados financieros y desde Wall Street se lo reclamaran. Hasta ahora, eso no parece ser así.

La otra cara de la moneda es lo que ocurrió en Grecia, donde un pueblo hastiado tras cinco años de políticas extremas de austeridad, se lanzó a respaldar a su gobierno para tratar de lograr un “alivio” en la negociación de su enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central de Europa, capitaneados por los gobiernos de Alemania y Francia.

Claro que las diferencias entre Grecia y Puerto Rico son enormes. Pero hay algo que tenemos en común. Las deudas de ambos países necesitan una reestructuración radical y un alivio que les permita redirigir sus recursos a la reactivación de economías en descenso, con altos niveles de desempleo y la emigración masiva de su mejor recurso humano. Ambos países necesitarían algo similar a lo que ocurre en los procesos ordinarios de quiebra, cuando se permite la reestructuración de las deudas, para que cada acreedor reciba una porción menor de lo adeudado por un plazo más prolongado, dándole tiempo y espacio al deudor para que reorganice sus finanzas.

Al presente, nada de eso está disponible para Puerto Rico. Nuestro país está arrinconado y la posibilidad del impago de su deuda es inminente. Se nos viene encima el momento de tomar una decisión drástica: o se paga la deuda, calificada de impagable, a cualquier precio, hundiendo más la economía, sacrificando más a los que menos tienen, despojando a nuestros trabajadores de su derecho adquirido a un salario digno, y forzando la emigración de muchos cientos de miles de puertorriqueños más, o aprovechamos el momento para pararnos sobre nuestros pies, y enviarles un mensaje contundente a los acreedores que quieren exprimirnos y al Gobierno de Estados Unidos, que pretende zapatearse de la responsabilidad con su colonia.

Como ya ha demostrado en el pasado, el pueblo puertorriqueño tiene la valentía y la fuerza moral suficiente para alzarse sobre las peores circunstancias. Por eso, estamos seguros de que puede superar esta parálisis momentánea y enfrentar erguido una coyuntura donde nos jugamos el presente y el futuro de nuestro País. Ya lo hicimos exitosamente en la jornada de Vieques, que culminó en un referéndum donde se le dio el puntillazo final a la Marina de Guerra de Estados Unidos, con un 70% de los votos de los viequenses.

No podemos permitir que se le siga faltando el respeto y arrinconando a nuestro pueblo. Ha llegado el momento de la acción concertada y la movilización de las fuerzas que se sienten comprometidas con Puerto Rico para exigir a las autoridades gubernamentales, el Gobernador y los presidentes de Senado y Cámara, que tomen medidas concretas para buscarle una salida con dignidad a este tranque vergonzoso. Se les podría reclamar, entre otras cosas, que convoquen una consulta al pueblo con una sola pregunta:

¿Qué es para usted lo prioritario? 1. El pago de la deuda. 2. Que se atiendan las necesidades de desarrollo económico de Puerto Rico, y de trabajo, salud, educación y seguridad para nuestro pueblo.

Confiando en la respuesta que nuestro pueblo daría a una consulta así, podríamos pasar a un esfuerzo de organización y movilización amplio y convergente que nos lleve a establecer la hoja de ruta para resolver, de forma permanente, el problema político, económico y fiscal de Puerto Rico.

Actuando con independencia y dignidad, el pueblo griego y sus dirigentes nos acaban de dar un gran ejemplo. Con la victoria del No en el referéndum del pasado domingo, ideado, promovido y defendido por el gobierno del primer ministro, Alexis Tsipras, no solo se logró el respaldo de los partidos de la oposición en Grecia a una nueva negociación con los acreedores, sino que los propios gobernantes de Alemania y Francia, Ángela Merkel y Francois Hollande, tuvieron que reconocer la voluntad “democrática y soberana” de los griegos y abrieron a dicha negociación la misma puerta que habían cerrado hace apenas una semana.

Con flexibilidad pero con firmeza, Grecia se ha dado a respetar ante sus acreedores y está forzando su objetivo de salirse del rincón donde lo colocaron mediante una negociación de su deuda, con justicia para su pueblo.

Aun dentro del marco recortado de la colonia, Puerto Rico puede y debe hacer lo mismo.