Si bien las organizaciones sin fines de lucro realizan una función importante en el desarrollo social del Puerto Rico de hoy, vale la pena preguntarse la razón por la que nacen alrededor de 11,000 entidades sin fines de lucro en Puerto Rico.

La privatización es sin duda la forma más baja que el capital ha creado para su lucro personal y corporativo. En palabras simples, la privatización es mover la producción de los servicios que ha logrado el Estado por medio de las contribuciones ciudadanas hacia el beneficio de manos privadas y aumentar así las ganancias de unos pocos. Dicho de otro modo, es quitarnos lo que hemos construido como País, lo que genera ganancias para nosotros, y dárselo a un grupito para que obtengan ganancias.

Era de esperar que ante los bienes del Estado que producen dinero, los capitalistas saltaran en busca de la privatización de los mismos. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Energía Eléctrica eran objetivos estratégicos de los usureros de las arcas gubernamentales. Sin embargo, la caja de Pandora se abrió en los pasados días, cuando el gobierno comandado por el Partido Popular Democrático (PPD) –aplicando la lógica neoliberal en los servicios sociales– le ofreció a las organizaciones sin fines de lucro evaluar qué áreas del gobierno estaban interesadas en manejar.

El hecho concreto se materializó cuando diversas organizaciones sin fines de lucro se juntaron en una alianza que lleva el nombre de movimiento Una Sola Voz. Dicha organización agrupa a Agenda Ciudadana, Boys & Girls Club, Cáritas de Puerto Rico, Centro Educativo Vedruna, Centro Mujer y Familia Inc., Centro Sor Isolina Ferré, CREARTE, Cruz Roja Americana, Espacios Abiertos, Esperanza Para la Vejez Inc., Fondos Unidos de Puerto Rico, Fundación Ángel Ramos, Fundación Banco Popular,  Hogar Cuna San Cristóbal,  Instituto del Desarrollo de la Juventud, Instituto Nueva Escuela, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, La Fondita de Jesús, Museo de Arte de Puerto Rico, PECES, Proyecto Matria, Puerto Rico Te Quiero, Salón Literario Libroamérica/Festival de la Palabra, Salvation Army, SER de Puerto Rico, Taller Salud, YMCA de Ponce y YMCA de San Juan.

En comunicación abierta, Una Sola Voz manifestó su incomodidad con la reducción de fondos que dichas entidades reciben de parte del gobierno para el funcionamiento de estas. Según reza el comunicado, a las organizaciones sin fines de lucro se les restará el 98% de los fondos destinados bajo el alegato de que es el 1% del Fondo General del Gobierno.

En otra parte de las declaraciones, el movimiento señala que “hemos escuchado al gobierno decir que debemos ‘hacer más con menos’. Con presupuestos anuales que cada vez son más limitados, hemos logrado que miles de niños, niñas y jóvenes completen sus estudios, que personas con necesidades especiales tengan acceso a tratamientos especializados sin costo alguno, que mujeres que han sido víctimas de maltrato se sostengan de una mano amiga, que alguno de nuestros viejos tengan un techo después de una tragedia, que el honor pinte el uniforme de nuestros atletas, que las artes y nuestra cultura, la memoria histórica y la identidad de nuestro país vibre aquí y se destaque en el exterior”.

Si bien las organizaciones sin fines de lucro han realizado una función importante en el desarrollo social del Puerto Rico de hoy, vale la pena preguntarse: ¿a razón de qué es que nacen alrededor de 11,000 entidades sin fines de lucro en Puerto Rico? ¿Por qué las organizaciones que suscriben el comunicado tienen que brindar servicios que le corresponde brindar al Estado?

Las preguntas tienen contestaciones básicas. El gobierno ha abandonado su gestión de procurar calidad de vida a sus ciudadanos. Por otro lado, la ineficiencia y burocracia con la que el gobierno ha manejado las preocupaciones sociales diarias de los ciudadanos –causado en gran medida por la partidización de las ramas gubernamentales de servicios, que se han llenado de batatas políticas que no conocen cómo brindar servicios de calidad– también ha abonado al surgimiento de estas entidades.

Me parece que estas expresiones no sembrará diferencias en el sentir general de la ciudadanía. No obstante, hay que llamar la atención sobre el particular. El Estado está obligado, por virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cubrir las áreas que muchas de las organizaciones sin fines de lucro han asumido. Basta señalar dos partes de dicho documento para evidenciar lo siguiente.

En el preámbulo, la Constitución expresa claramente que “[n]osotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos [...]”.

Mientras, en la sección 20 del artículo 2, se establece que esos derechos humanos, según reconocidos por el Estado son el “derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. El derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales”.

“Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña. En su deber de propiciar la libertad del ciudadano, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa industrial y la cooperación colectiva”, concluye el párrafo de la sección 20.

Entonces, vale la pena preguntar: ¿qué sucede que esos derechos humanos establecidos por virtud de la constitución no se están atendiendo? Ahí entran las organizaciones sin fines de lucro a cubrir el espacio que el gobierno, por su inacción, ha dejado desocupado, violentando la propia ley que les da vida. La violación se replica cuando, a su vez, las organizaciones sin fines de lucro solicitan fondos al gobierno para realizar lo que en ley le corresponde a este último. Es así como nacen más de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Es así que se privatiza todo, incluyendo los deberes y responsabilidades del gobierno.

Algunos saltarán al ver la palabra privatización. A pesar que muchas de las organizaciones que suscribieron el comunicado no están plagadas de la misma lógica de los privatizadores capitalistas, sí ejercen exactamente la misma función que estos.

La razón es sencilla: a pesar de la buena voluntad de muchas organizaciones, lo que sucede de facto es la remoción de los deberes inherentes del Estado y su traspaso a manos privadas, siguiendo la lógica del juego neoliberal. ¿Cómo se manifiesta el neoliberalismo? ¿Cuáles son las reglas básicas del mismo? Vale la pena realizar una pequeña descripción para entender la naturaleza del neoliberalismo como doctrina económica.

La lógica neoliberal

El neoliberalismo tiene sus cimientos en la propuesta económica de David Ricardo y Adam Smith. Smith planteaba que el Estado tiene un rol particular: la defensa del capital y sus privilegios. Esa filosofía pasó a llamarse “laissez faire” o dejar de hacer; filosofía de la que se apoya el proyecto económico llamado capitalismo. Bajo esta filosofía económica, el gobierno debe eliminar toda barrera u obstáculo para la eficacia del mercado. Smith planteaba que el mercado tenía una “mano invisible” que se encargaba de autoregular los mercados.

Tanto para Ricardo como para Smith, el Estado tenía la obligación de proteger la sociedad de la violencia e invasión de otros países, así como proteger a los miembros de la sociedad de injusticias u opresión, y conservar y llevar a cabo nuevas obras de infraestructuras para facilitar el comercio. Más adelante, esta idiosincracia modificaría sus postulados para insertarse en las formas de manejar la economía del Estado, fomentando y apoyando una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, la drástica reducción del gasto público y la intervención estatal en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.

A pesar que estas prácticas se vienen asumiendo en Puerto Rico desde finales de la década de 1940, es desde el 1980 que se ven con mayor fuerza. Las tendencias gubernamentales de la década del 1980 en adelante han promulgado la reducción de los trabajadores, la ampliación del trabajo intelectual, la precarización del trabajo, la disminución de las jornadas laborales –mejor conocido como los “part time”–  la flexibilización y diversificación de la producción, el abandono de los servicios a la población, y la reducción y eliminación de los derechos laborales adquiridos.

La toyotización del Gobierno

Esas nuevas tendencias en el proceso del trabajo lo que han buscado es atemperarse a la nueva situación económica del País y a las nuevas tendencias del mercado. En relación a las nuevas realidades del País, vemos una merma de la población, lo que a  su vez implica un abandono de la producción y un aumento vertiginoso en la deuda pública.

El mercado, por su parte, ha tenido que revisar su forma de generar más capital. Es así como, en virtud de continuar la sobreproducción que le generaba mayor plusvalía del trabajo ajeno, los capitalistas recurrieron al crédito como forma de adquisición artificial.

Según Rosa Luxemburgo, el crédito cumple diversas funciones en la expansión del capital. Cuando la tendencia del capital choca con los limites de la propiedad privada, el crédito nace para disponer de mayor capital, acelerando así el intercambio de mercancías para despachar la sobreproducción. En su momento, el crédito funcionó para destruir la crisis creada por el propio sistema económico capitalista, al servir como motor de intercambio de mercancía.

Si bien es cierto que en su momento sirvió para remediar un problema creado al interior del sistema, el crédito también sirvió para ponerlo en jaque más adelante. El problema es que el crédito empeora el modo de producción y el modo de apropiación y, simultáneamente, agudiza la contradicción entre la relación de propiedad y las relaciones de producción, paralizando el ingreso de pequeños capitalistas y poniendo en menos manos la producción de capital.

Dicho de otro modo, cuando el margen de crédito se agota y el ingreso no puede cubrir los gastos de producción, el capital –concentrado en pocas manos– teme por no recobrar su ganancia. El capitalista está consciente que el crédito es una especulación sobre el trabajo y su producción. Precisamente por eso es que sus tasas de intereses son altísimas: para que, en caso de pérdida, la misma sea de menor grado.

Para manejar esta situación, el capital crea grandes periodos de crisis, concentra las riquezas en menos manos y obliga al mercado a depender única y exclusivamente de ellos. Esto se conoce como el capitalismo monopolista. El monopolio de los capitales ha llegado a lugares en la economía que antes eran impensables, tocando así espacios supuestos a manejarse por el Estado.

Ante esa realidad, el gobierno ha comenzado a operar en igualdad de condiciones que las industrias de producción capitalista. Las estrategias utilizadas son reducir y descentralizar la producción, forzar una fragmentación del trabajo y sumar nueva tecnología, permitiendo mayor explotación y control de la fuerzas de trabajo.

El gobierno además añadió la flexibilización del trabajo, lo que ha tenido un rápido impacto en la sociedad, provocando un desempleo estructural y un retroceso en la organización sindical, exacerbando el individualismo en los trabajadores.

Esta nueva tendencia del trabajo fomentó que los obreros operaran varias maquinas o diversas áreas de trabajo a la vez, exaltando la producción y minimizando a los trabajadores, lo que consecuentemente tiene de fondo la producción de lo necesario; es decir, no crear mercancía en excedente. Esta práctica también le permite al patrono o las empresas la subcontratación. Este particular es importante, ya que en la medida que se subcontrata la fuerza de trabajo, desprofesionalizas la misma y puedes provocar las multifunciones de los contratados.

Esta forma de operación económica fue propuesta por la empresa japonesa Toyota a finales de la década del 1980. Bajo esta lógica laboral se promulga la flexibilización, subcontratación, el control de calidad, la eliminación del desperdicio (trabajadores y producción), y la gerencia participativa o el sindicalismo de empresa.

A su vez, utiliza la estrategia de las horas extras para los empleados contratados, cosa que representa mayor ingreso para los trabajadores y, simultáneamente, la despedida de las posibilidades de mayores plazas de empleo. Esto provoca una satisfacción en la mano de obra contratada, ya que se genera un alza en sus ingresos, cosa que las compañías y gobiernos utilizan para provocar una falsa impresión de interés y preocupación por el trabajador contratado.

En esa misma línea, la empresa invierte en mayor educación para los trabajadores, para diversificar las opciones laborales que este podría tener dentro de la compañía. A la vez que los trabajadores se apropian del saber y del hacer, la gerencia minimiza la plantilla de empleados, ya que no necesitará profesionales diestros para la dirección de los trabajos, lo que a su vez tiene un efecto positivo en las ganancias producidas.

Esta forma de trabajo se aplicó inicialmente en las empresas. En el presente, los gobiernos andan utilizando las mismas para manejar sus operaciones y lograr reducir el gasto público, particularmente en los servicios sociales, y pudiendo invertir más en infraestructura que beneficie el mercado.

Esto pone a los ciudadanos por debajo del mercado en la lista de prioridades del Estado, faltando una vez más a la responsabilidad por la que fue creado. Es en esas responsabilidades que los gobiernos invierten el mínimo en las organizaciones sin fines de lucro: para cubrir la parte de los servicios sociales que han abandonado.

Lobos vestidos de ovejas: la privatización de los servicios sociales en Puerto Rico (II)

Estas instituciones buscan reformar el Estado sin tocar las fuerzas productivas que generan la desigualdad social, fungiendo así como canalizadoras de las rabias sociales en virtud de detener revelaciones ciudadanas.

Segunda parte de un análisis sobre el rol de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Puede leer la primera parte aquí.

Por: Ángel Pérez Soler

Como vimos, cada vez más los servicios sociales pasan a organizaciones no gubernamentales. El llamado “tercer sector” no es más que un fenómeno de la dominación ideológica del neoliberalismo. El concepto nace para hacer diferenciación entre el “primer sector” –el Estado–, “el segundo sector” –el mercado–  y el “tercer sector”, la sociedad civil.

El “tercer sector” está compuesto por organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, instituciones filantrópicas, empresas ciudadanas y sujetos en su carácter individual y, en muchos casos, voluntario. Muchas de las personas que han entrado al “tercer sector” lo han hecho en busca de respuestas ágiles, en contrapeso a la burocracia estatal a la hora de proveer servicios, justificado a base de la lentitud de los gobiernos. De esa forma, se hegemoniza un discurso a favor de lo privado, sin considerar que el objetivo del mercado es el lucro y no los derechos humanos y la pluralidad de los servicios. Bajo esta percepción se obvia además las diferenciaciones dentro de la sociedad civil.

Lo antes expuesto crea condiciones para la pérdida de los derechos universales que fueron ganados por luchas populares en el camino de la historia. Es así como nacen las organizaciones no gubernamentales para cubrir espacios y temas que dependen de las preferencias de quienes las manejen, abandonando una vez más el conjunto de la población y sectorializando los servicios.

Como vemos, el problema de fondo no son las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) o las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino la filosofía que corre detrás de su instauración. Esto sucede porque aún cuando la intención de muchos/as de los trabajadores de las ONG o OSFL adopta una visión progresista, eventualmente funcionan al proyecto neoliberal.

Con dichas organizaciones en función, el Estado puede flexibilizar los trabajos, regular la contradicción capital-trabajo, minimizar los servicios sociales universales, reducir los trabajos gubernamentales y finalmente, dejar el espacio abierto para que la mano invisible del mercado haga su parte: lucrarse. Dicho de otro modo, con el tercer sector el Estado puede olvidarse de las políticas para todos, reduciendo los servicios gubernamentales derivados de los derechos humanos al menos –al principio en artículo– en la Constitución del Estado Libre Asociado.

Para verlo en nuestro contexto, veamos algunas de las organizaciones que suscribieron el comunicado citado en la primera parte de esta columna.

Filosofía y función de las OSFL en Puerto Rico

En virtud de la reorganización del capital, las ONG/OSFL pautan los principios neoliberales al pie de la letra. Estas fomentan una nueva modalidad del trabajo fundamentada en la responsabilidad social, valores solidarios, voluntariedad, autoayuda, ayuda mutua, filantropía y los derechos humanos, todo impulsado desde ellas mismas, relegando al Estado de sus responsabilidades.

La articulación de esto se maneja desde la condición ciudadana y democrática, lo que hace muy difícil manejar críticas a dicho modelo, en contraposición con la demonización del Estado como lento, burocrático e ineficiente. Así, el Estado –por virtud de reclamos ciudadanos– se ve obligado a transferir al tercer sector sus obligaciones.

Con este traspaso se cae el derecho universal en contrapeso de las políticas sectoriales. En otras palabras, escuchamos decir que cualquier persona puede entrar a una institución pública y tener el derecho de recibir los servicios sin distinción. Esto se da ya que los servicios en las agencias públicas están subsidiados y financiados por las contribuciones de los ciudadanos, lo que hace que el servicio sea para todos, por tanto universal.

En el caso de las ONG, estas destinan los servicios al área de interés o área de especialización. Por ejemplo, no puedes ir al Boys & Girl Club para solicitar servicios de vivienda cuando identificas que un niño/a y su familia están faltos del mismo. Sin embargo, si algún funcionario público del Departamento de Recreación y Deportes lo identifica, está obligado a referirlo a algún área del gobierno que atienda el particular.

Es más, en caso de que haya algún asunto identificado en la ONG, a quien le refieren el caso es a las agencias gubernamentales y no a otra dependencia tipo ONG que lo atienda. Este ejemplo sirve para clarificar la diferenciación de la política social universal que puede brindar el Estado, versus la política sectorial que brinda las ONG.

Otra de las grandes incisiones que muestra la privatización de lo social es el ataque al trabajo. Como vimos anteriormente, la toyotización del trabajo se instaló para servir como una herramienta más de la filosofía neoliberal. Esa nueva forma de trabajo es la que se implanta en estas ONG.

Las OSFL, como se desprende del comunicado citado, tienen que hacer mucho con poco. Es por eso que emplean la toyotización del trabajo en los puestos que pueden asumir con los recursos económicos que tienen en sus haberes, viéndose obligadas a contratar personas que puedan atender diversas situaciones y ser multifuncionales. Este particular es muy importante y se puede palpar en una práctica sencilla que todo trabajador ha tenido de frente, los resumés.

Para que un trabajador sea atractivo para una compañía, tiene que documentar en su resumé lo multifuncional que puede ser. Tiene que constatar que puede conocer varios idiomas, saber dominar la computadora, ser servicial con el cliente (participante en relación a lo social) y cualquier otra cualidad. Esto tiene como lógica la explotación del recurso (trabajador) en su máxima expresión.

Bajo esta premisa se trabaja en las ONG, cosa que fomenta la extracción de la ganancia (sea social o de producción) a costa de la intensificación del trabajo y la disminución de gastos. Además de lo antes descrito, se precariza el trabajo, ya que la contratación viene atada del retiro de los derechos laborales que hacen más compleja la situación del trabajador. Esta precarización se logra subcontratando la fuerza de trabajo, lo que a su vez permite evadir legalmente las reglamentaciones laborales.

Un ejemplo específico es la restructuración interna del Boys & Girl Club, eliminar los puestos de trabajos por profesión e insertando una nueva categoría de “coordinadores” o “líderes de alcance comunitario”. Con esta práctica, se desprofesionalizan los puestos de trabajo, pudiendo catalogar a cualquier persona como coordinadores o líderes de alcance comunitario, eliminando las competencias de los profesionales y pudiendo justificar la precarización de los salarios, porque ya no emplean a profesionales, sino a cualquiera que pueda realizar las tareas.

Otro caso que vale la pena observar es el Instituto Nueva Escuela. Según su portal cibernético, esta organización destina sus energías a “la creación de escuelas públicas Montessori a través de la formación de maestros y directores, de escuelas al servicio de la niñez y la juventud, y de modelos de excelencia académica y paz que colaboren con la transformación de las comunidades a quienes sirven.” De buenas a primeras, nadie podría estar en desacuerdo con lo antes establecidos, más aún cuando lo hace una organización sin fines de lucro.

No obstante, según la Carta Circular 17-2013-2014 para establecer las Normas y principios generales para la organización y funcionamiento de las escuelas especializadas o proyectos educativos innovadores, las escuelas tienen que pasar por varios requisitos, que incluyen “seleccionar el personal docente por reclutamiento especial: maestros certificados, altamente cualificados y especialistas en la materia”.

Entonces, si el Instituto Nueva Escuela destina sus energías a la creación de escuelas Montessori, y para crear una escuela especializada hay que tener maestros certificados, ¿dónde los maestros se certificarán? La contestación es simple: el Instituto Nueva Escuela ofrece las certificaciones. Vale la pena ver el costo de dichas certificaciones. Según su página cibernética el costo de las certificaciones son:

Infantes/Andarines - $ 7,500
Casa de Niños - $ 8,500*
Taller 1 - $ 9,000*
Taller 3 y 4 - $ 8,500*
Asistentes - $ 500

Costos adicionales

Matrícula - $ 300
Credencial AMS y MACTE - $ 350

Una vez más, sacado de su portal cibernético, los logros del Instituto Nueva Escuela son que han logrado estar en 13 municipios con 25 escuelas para un total de 300 maestros. En un cálculo conservador, si esos 300 maestros se han certificado a un costo de $7,500, eso significa un total de $2,250,000. Si la institución genera esa cantidad de dinero y es una organización sin fines de lucro, no existe razón justificada para solicitar fondos al gobierno para correr la organización.

Otra de las cosas que levanta sospecha es la matriz del Instituto Nueva Escuela, el cual lleva el nombre de la Fundación Ángel Ramos, quien a su vez suscribe el comunicado al cual hicimos referencia anteriormente en el artículo. Al buscar en qué se desempeña dicha fundación, nos encontramos con varios asuntos que resaltaremos. Por ejemplo, en primera instancia hay que conocer quién fue Ángel Ramos.

Según su página de internet, Ramos fue “un pionero de las comunicaciones en Puerto Rico. Su conocimiento instintivo de los medios, unido a su visión y genio empresarial, le permitieron ser propietario del conglomerado de prensa, radio y televisión más abarcador de Puerto Rico: el periódico El Mundo, el más influyente diario de Puerto Rico durante varias décadas; la revista Puerto Rico Ilustrado; la radioemisora WKAQ AM-FM; y Telemundo, la primera televisora puertorriqueña”.

O sea, este señor fue un desatacado dueño de medios de comunicaciones, sector que se conoce con el nombre del “cuarto poder, por la fuerza que ejercen sus líneas editoriales”. Por su parte, sorprende más quiénes son las personas que componen la Junta Directiva de la Fundación Ángel Ramos, en la que se destacan miembros ejecutivos de diversas empresas millonarias en Puerto Rico, incluyendo exjefes militares.

¿Y por qué desconfiar de los ejecutivos de las corporaciones millonarias? En primera instancia, hay que señalar que el verdadero propósito de dichas corporaciones es el lucro. En segundo lugar, estos dirigen las riendas de una organización que en su matriz es una organización sin fines de lucro, lo que es totalmente falso. Es de conocimiento general que muchas de estas corporaciones millonarias buscan evadir contribuciones y una de las herramientas para hacerlo es la filantropía. Lo que hay detrás de esta herramienta es la inversión de capital en causas “nobles”, para evadir contribuciones de esta forma aumentar su productividad empresarial generando mayor ganancia, y de paso, exaltar sus empresas en términos de relaciones humanas, conquistando así las masas, que las ven como verdaderos paladines de la justicia social.

Un caso muy reconocido en Puerto Rico es la Fundación Banco Popular, quien también suscribe el comunicado del movimiento Una Sola Voz. La Fundación Banco Popular funciona hace más de 35 años. Los mismos trabajan para realizar labor social, invirtiendo un total $30 millones. El programa ha apoyado a sobre 276 organizaciones alrededor de la Isla, impactando miles de personas. Durante el año 2014, invirtió $2,266,553 en donativos a 84 organizaciones sin fines de lucro. Según su portal cibernético sus objetivos son:

Ampliar y enriquecer las oportunidades educativas y culturales de los niños y jóvenes de las comunidades con menos ventajas de Puerto Rico.
Impactar la niñez y la juventud mediante el apoyo a programas educativos que formen parte de esfuerzos organizados para el desarrollo y el servicio comunitario.
Respaldar programas y servicios para apoderar a los ciudadanos a transformar su situación de vida y las condiciones materiales que les rodean.
Estimular la participación voluntaria de los empleados de Popular, Inc. y el desarrollo de liderato y de capacidades compartidas entre éstos y las personas integrantes de las organizaciones e iniciativas apoyadas por la Fundación.
Respaldar a los empleados y retirados de Popular, Inc. a través de becas para que sus hijos completen estudios pos secundarios y a través de ayuda económica en situaciones de emergencia.

Estas tareas se hacen en virtud de exaltar la cara de la compañía, lo que tal vez nos hace olvidar que el Banco Popular es uno de los que ha recomendado en diversas ocasiones la privatización de los servicios públicos y quien tienen la mayor parte de las cuentas del gobierno de Puerto Rico, cosa que le hace tener el capital para tener un cajero automático en cada rincón del País, sin mencionar su estos cobran alrededor de $1.75 a quienes no tienen cuenta con ellos. Además, nos hace olvidar que es el banco con mayor ejecución de casas en Puerto Rico, dejando así a miles de familias en la calle.

Otro detalle importante de las herramientas de filantropía por parte de las corporaciones millonarias es la evasión contributiva al Estado. Al estos reportar sus “ayudas”, el Estado les omite del pago de contribuciones, desangrado así las finanzas del gobierno que en este momento histórico están tan necesitadas.

Otras de las organizaciones que suscriben el comunicado es la YMCA. Dice su página en internet que es una organización sin fines de lucro que destina sus servicios a diversas poblaciones. Esta institución goza de un prestigio general en la sociedad, ya que es una de las primeras organizaciones en utilizar el deporte como herramienta para las competencias juveniles y el desarrollo de atletas en Puerto Rico.

A pesar de que la misma es considerada una institución sin fines de lucro, valdría la pena preguntar: ¿dónde queda el dinero que dicha institución genera de las cuotas que cientos de padres y usuarios en general pagan para la utilización de las facilidades y los servicios que ofrece? Utilizando cálculos conservadores, basados en la experiencia de quien escribe, compartiremos la respuesta que le damos a la interrogante pasada.

Mi hija de dos años participa de las clases de natación que ofrece la YMCA de San Juan. Estas tienen un costo de $150, a razón de ocho secciones. Esto equivale a un total de $18.75 por clase, de las cuales su duración es de una hora.

Al momento que mi hija toma su clase de natación, hay alrededor de quince niños/as que toman dicha clase. En un cálculo conservador, eso representa $281.25 por cada hora/clase. De igual forma, existen al menos tres grupos en las mañanas del sábado, comenzando desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., lo que representaría $843.75 por tres clases cada sábado.

Por su parte, esta es la contabilidad del grupo de primeros pasos, el cual comprende las edades de 0 a 3 años. En la misma piscina –a la misma hora– hay tres secciones, divididas por experiencia y edades. Estamos hablando de al menos cincuenta niños/as y jóvenes a razón de hora, lo cual podríamos multiplicar por $18.75 y lo que equivaldría a $937.50 por hora/clase. Eso multiplicado por tres suma a $2,812.50 por tres clases en las mañanas de los sábados. Este cálculo se hace a raíz de solo tres clases de natación (ante el desconocimiento de si en las tardes hay más clases), sin calcular el uso del gimnasio, las clínicas de baloncesto y otros deportes que ofrece la institución en un sábado.

Lo que queremos presentar con dicho cálculo es el flujo de dinero que existe en dicha institución, la cual invierte muy poco en mano de obra, ya que si nos referimos a las clases de natación hay un solo maestro por cada clase, lo que representa una ganancias significativa para la institución. También hay que señalar que tampoco sabemos la cantidad de dinero que le aportan corporaciones como Coca Cola, Telemundo, El Nuevo Día, Goya, Banco Popular, MCS, y Subway, entre otras.

Hay que sumarle asimismo las aportaciones que le hace el gobierno por medio del Departamento del Trabajo –lo que nos hace pensar que alguna exención contributiva o algún pareo de fondos existe para los trabajos que genera la YMCA–,  el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Educación, la Oficina de Asuntos de la Juventud y los fondos legislativos.

Sin lugar a dudas, es mucho el dinero que corre en dicha institución, en la que ningún servicio se regala o está exento de costo. Si lo anterior es cierto, ¿qué se hace con los fondos que dicha institución recauda o que figura en sus excedentes, si la misma es una sin fines de lucro y a su vez no socializa las ganancias o excedentes? Seguramente habrá gente que estará cobrando jugosas mensualidades por dirigir esta institución, por lo que no corresponde llamarlo un fin lucrativo propiamente corporativo, pero si una gansería de unos pocos.

No son tan sin fines de lucro ni tan no gubernamentales

Como hemos visto, estas organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales no son tan sin fines de lucro, ni tan no gubernamentales. Las mismas tienen un lucro escondido detrás de jugosos sueldos, evasiones contributivas, limpieza de caras a sus marcas registradas y promociones a sus instituciones. Además, buscan fondos gubernamentales con el fin de socializar los gastos con fondos públicos y minimizar la inversión para así desembolsarla en algunos amigos de la caridad.

Por su parte, estas instituciones fomentan la precarización del trabajo. Para esto dejaré que hablen ellas mismas, en una cita de la ponencia ante el Senado de Puerto Rico presentada para justificar el no recorte de los fondos asignados. En un estudio de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, realizado por la firma de Estudios Técnicos y comisionado por las organizaciones de apoyo, dice:

“El estudio detalla que se identificaron un total de 11,570 organizaciones activas al 2014, de las cuales el 22% son organizaciones de base comunitaria. Sus servicios representan una aportación que sobrepasa los $2.2 billones al producto nacional bruto o 6.6%. Por otro lado, contribuyeron con la creación de aproximadamente 150 mil empleos, lo cual representa el 16% del empleo total en Puerto Rico. A esto se añaden alrededor de 400 mil personas que sirven como voluntarios y voluntarias, cuyo tiempo equivale a 23,633 empleos a tiempo completo”.

De lo que hablamos es de la reducción de empleos y la desprofesionalización en virtud del voluntariado como cantera para la acumulación de ganancias, evocado desde la solidaridad. En ese discurso –amparado en las bases de la solidaridad– evocan a la desregularización del Estado y sus responsabilidades, fomentando así la focalización de los servicios y coartando la universalidad de estos, los cuales fueron ganados por luchas reivindicativas de los trabajadores. Este particular esta muy atado a la lógica neoliberal de autoresponsabilizar al individuo sobre la carencia de servicios que debe ofrecer el Estado, entendiéndolo como el guardián de los derechos de todos, por ser el ente que recibe las contribuciones ciudadanas.

Estas instituciones no son ajenas a su responsabilidad dentro del sistema capitalista. Las mismas buscan reformar el Estado sin tocar las fuerzas productivas que generan la desigualdad social, fungiendo así como canalizadoras de las rabias sociales en virtud de detener rebeldías ciudadanas. Es por eso que son lobos vestidos de ovejas.

El autor es trabajador social, historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.