Para el viernes 4 de febrero el gobernador Fortuño, junto al Secretario de Justicia, al Superintendente de la Policía y el Secretario de Corrección fueron citados por el Procurador General de Estados Unidos para reunirse en el Departamento de Justicia.

En la reunión, que se informa se celebró como fue pautada, no intervino el Jefe de ese departamento sino que la misma fue presidida por el tercer hombre al mando, quien a su vez es el Copresidente del Grupo Interagencial sobre Puerto Rico. Al final de la reunión, de la que el Gobernador se ausentó antes de que finalizara, éste no dijo una palabra sobre lo discutido en la misma. No se produjo ningún comunicado y ninguno de los funcionarios puertorriqueños abrió la boca para aclarar cómo lo discutido allí podría mejorar o impactar su área de trabajo. Posteriormente, intentos de obtener información sobre la larga reunión de cerca de dos horas resultaron totalmente inútiles, incluyendo un intento realizado por el Director en Puerto Rico de ACLU.


No vi que la prensa de Puerto Rico mostrara mucho interés en la referida reunión, entre otras cosas, porque otras noticias sobre la intervención de Fortuño en reuniones de los grupos más conservadores del Partido Republicano, entre ellos la ultraconservadora Heritage Foundation, resultaron más interesantes. Esas reuniones de Fortuño con los grupos más reaccionarios de Estados Unidos resultan siempre muy extrañas porque representan una conducta de exagerado oportunismo, de mentiras y poco respeto propio. Su teoría del gobierno pequeño parece que nada tiene que ver con pedir y recibir 6 mil millones de dólares en fondos ARRA y con invertir una cantidad multimillonaria de fondos provenientes de bonos para levantar la economía mediante inversiones cuantiosas en infraestructura, incluyendo proyectos fraudulentos como el gasoducto, maquillado como Vía Verde.


De una u otra forma y por variadas razones la reunión de Wáshington sólo la podemos valorar en términos de lo que hicieron los funcionarios luego de la reunión o coetáneamente con la misma. El problema universitario recibió un impacto favorable con la renuncia de José Ramón de la Torre y, al simultáneamente comenzar la Presidenta de la Junta de Síndicos a usar palabras nuevas, discurso nuevo, sobre la posibilidad de un diálogo futuro. A la vez, la Rectora, en situación difícil ante la renuncia de su jefe, empieza a modificar no sólo su discurso sino su acción hasta el punto de entrar en una negociación mucho más productiva con los estudiantes. No era difícil conjeturar que en Wáshington a alguien se le ocurriera pensar que la cubierta internacional de los abusos en Puerto Rico estaba afectando la imagen de Estados Unidos en el momento en que se desarrollaba una intensa campaña a favor de los jóvenes de Egipto.


Fortuño, no bien pisó tierra nuestra después de la reunión, anunció el retiro de la Policía de los predios universitarios. Naturalmente, todo su anuncio acompañado de las viejas amenazas sobre un posible reingreso de la fuerza policíaca si las acciones estudiantiles afectaban el orden universitario. Lo concreto es que la Policía salió apresuradamente de la Universidad con todo un país pisándole los pies indignado con las tropelías cometidas la semana anterior a la reunión de Wáshington. Y cuando todo parecía calmándose aquí, pero recibiendo continuada cubierta internacional, resuena en el ámbito legislativo de Estados Unidos esa voz comprometida con Puerto Rico que es la voz del congresista Luis Gutiérrez, para llamar la atención no sólo a las continuas violaciones de derechos civiles cometidos contra los estudiantes universitarios sino la tropelía mayor de un Juez Federal encarcelando a un Presidente del Colegio de Abogados por éste ejercer su derecho de libre expresión al intentar educar a la clase que lo eligió para que salgan de un pleito de clase de claro corte político.


Gutiérrez enmarcó magistralmente los abusos contra los estudiantes y los abogados de Puerto Rico dentro de un reclamo que dice hacer el gobierno de Estados Unidos para apoyar a los luchadores por los derechos humanos en todo el mundo, con especial énfasis en los derechos naturales de expresión y organización. Una de las grandes transformaciones sociales de esta primera década del siglo 21 es el reclamo universal para que se respeten esos derechos en la práctica y no en la mera teoría o en la fría intención de textos legales, constitucionales o internacionales. Se trata de libertades que no les son reconocidas a los individuos porque pertenezcan a una familia o a una nación. Es algo de mayor dimensión. Se trata de derechos naturales consustanciales con nuestra naturaleza humana. Como parte de esa gran familia humana es que somos acreedores al respeto de nuestras ideas, a la expresión de esas ideas y a concitar apoyo para esas ideas.


Es menester que esta generación deje de pensar que tenemos libertad de expresión y de organización porque nos la concede una constitución y en el caso nuestro dos constituciones. Ni siquiera porque se elaboró tan trabajosamente una Carta Universal de Derechos Humanos. Esos son meros instrumentos que reconocen de manera aun limitada la dimensión fundamental de esos derechos en la existencia humana, aunque claramente ayudan a conceptualizar la verdadera naturaleza del problema.


El amigo Luis Gutiérrez, como los humanistas de todos los tiempos, en su alocución en el Congreso de Estados Unidos fue portador de un mensaje destinado a derrotar la hipocresía individual, oficial, judicial, gubernamental, de instrumentos regionales o internacionales o de cualquier dimensión con los cuales se predican unas cosas para entonces contradecirlas en la práctica. Es interesante que quien le sale al paso al congresista Gutiérrez tiende a aceptar la certeza de los alegados atropellos señalados por éste pero sus alas no le permiten volar alto y aterriza en la manoseada política pequeña de quién representa en el Congreso a los puertorriqueños, incurriendo en la peligrosa miopía que apuntamos al desconocer la enorme significación que tiene en el mundo actual la lucha contra la violación de derechos naturales de la gente común en nombre del poder.


El derecho a la libre determinación de los pueblos y a su independencia es consecuencia natural de este proceso de reconocimiento sin falsificaciones del derecho natural de las personas a ser protegidas en su libertad y en su dignidad. De ahí que estén inextricablemente unidas las luchas de los pueblos por su libertad, la lucha por la descolonización y una defensa real y sin falsificaciones de los derechos humanos como tema clave, para la historia y el esfuerzo civilizatorio de este siglo 21.


De estos esfuerzos incipientes pero universales para procurar verdadero respeto a los derechos humanos es que nacerá la verdadera democracia, una democracia justa que equipare los derechos políticos con los derechos económicos y sociales y que cese de ser servidora de un capitalismo agonizante pero enormemente peligroso aún. Esa democracia verdadera apunta ya en el horizonte, está estrechamente unida a la justicia social, a la más amplia participación ciudadana en el proceso político, a la renuncia a la guerra como supuesto instrumento para garantizar la paz y a la renuncia a principios hegemónicos en las relaciones entre naciones. No tengo dudas de que en esa dirección apunta la revolución democrática de América Latina y en esa dirección apuntan los esfuerzos organizativos que se desarrollan en Puerto Rico y que apuntan a construir movimientos políticos conducentes a reorganizar, desde el fondo, no sólo el sistema político y la organización social sino también la sustitución del actual régimen colonial por un régimen de libertad y dignidad política.


En algún momento en el futuro alguien tendrá acceso al acta de la reunión de Fortuño, Figueroa Sancha, Somoza Colombani y Molina con Perrelli. El silencio de los boricuas no impedirá que conozcamos la magnitud del halón de orejas que les dio el que manda a los que obedecen ciegamente. Estados Unidos se preocupa por su imagen, no por la nuestra.