Los partidos Popular y Socialista –esos que se supone enfrentados y antagónicos- se han puesto de acuerdo para conseguir que el Parlamento español, con el apoyo del PNV, CIU y UPyD, apruebe una moción en defensa de los derechos humanos, en la que piden al Gobierno venezolano la libertad de Leopoldo López y Antonio Ledesma.

Personajes que han sido encarcelados por haber incitado, organizado y participado en los actos terroristas de 2014 que ensangrentaron durante varios meses varias ciudades de Venezuela con las “guarimbas”: ataques violentos que causaron 47 muertos, centenares de heridos y daños en bienes públicos y privados, y el incendio de centros de salud, colegios, universidades, jardines de infancia, instituciones del Estado, casas y comercios.

Esos partidos se erigen en arriscados defensores de los derechos humanos, y para demostrarlo lanzan su batería de infundios, calumnias y propaganda falsaria sobre el gobierno de Venezuela, acusándolo de  dictatorial y perseguidor de los opositores políticos.

Pero este mismo afán justiciero y libertador no lo muestran, por ejemplo, ante la masacre continuada que se está produciendo en México. No sólo por las últimas desapariciones de los 43 estudiantes de Iguala, sino de los miles de personas que se asesinan o se secuestran cada año. Tantas son las víctimas que siendo parte de los asesinos la propia policía, los vecinos entierran de noche a sus muertos clandestinamente para que no se sepa, porque temen ser represaliados si lo denuncian. Y sin embargo nunca se ha oído de los dirigentes del PP, del PSOE, de CIU o de UPyD, una condena del régimen mexicano, ni de su presidente, que es muy buen amigo del gobierno español.

Qué decir de la inquietud que sienten los políticos socialistas populares, convergentes, peneuvistas y unionistas, por la guerra interminable y la masacre continuada del pueblo de Colombia, donde los paramilitares financiados y potenciados por su gobierno siguen asesinando y secuestrando dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos. Ni una palabra se les ha oído a estos defensores de los derechos humanos contra el Gobierno golpista de Honduras, considerado hoy el país más violento de América Latina, ni por los perseguidos y detenidos de El Salvador, entre los que se encuentran 19 mujeres por practicarse un aborto.

Esos defensores de derechos humanos tampoco están preocupados por los presos y represaliados políticos de Marruecos ni por los perseguidos saharauies, que se pudren en las cárceles desde hace décadas sin que se les haya oído una palabra en su favor. No muestran tampoco indignación por el desprecio de los derechos humanos que manifiestan desde tiempo inmemorial los dirigentes de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, cuyos reyezuelos y tiranos son amigos entrañables de los gobernantes españoles y especialmente del rey Juan Carlos I.

Por supuesto no esperaremos que los políticos socialistas, peneuvistas, convergentes y unionistas, condenen a EEUU, la superpotencia demócrata, que tiene la población penal mayor del mundo, con 2.300.000 presos, y que aplica periódicamente la pena de muerte, por los asesinatos continuos que ejecuta su policía contra la población negra, o por el mantenimiento de la infame prisión de Guantánamo o por los vuelos en los que se trasladaba a secuestrados de una cárcel secreta a otra. Algunos de cuales, además, repostaron en aeropuertos españoles.

Pero esta conducta no es de extrañar.  Veamos, brevemente, sin poder ser exhaustivos, por supuesto,  de donde provienen algunos de los dirigentes de esos partidos tan preocupados por defender los derechos humanos.

Difundido está que tanto Felipe González, Secretario General del PSOE durante más de veinte años y Presidente del Gobierno durante catorce, y quien fuera después su Ministro de Justicia nada menos, Enrique Múgica, estuvieron en íntimas conversaciones con el general Alfonso Armada, dando el visto bueno al Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, como quedó suficientemente meridiano cuando el propio Múgica tuvo que ir a declarar en el juicio.  (Ver, entre otros, a los autores Martínez Inglés y Pilar Urbano)  Más tarde, durante el Gobierno de González, un grupo de mercenarios que se autodenominó GAL,  pagados por el Ministerio del Interior, como se demostró en varios juicios que sentenciaron a penas de cárcel a todos los altos cargos, comenzando por el Ministro José Barrionuevo, asesinaron a 27 personas, hirieron a centenares de ellas y produjeron diversos grados de destrozos y estragos. Esta operación de terrorismo de Estado fue aprobada tanto por Fraga Iribarne, entonces dirigente de Alianza Popular, antecedente del Partido Popular, como por Jordi Pujol Presidente de Convergencia y Unió.

Durante el Gobierno de José María Aznar se drogó a unos emigrantes de raza negra, se les esposó y ató a los asientos y se les trasladó en avión hasta países indeterminados de África, sin haber sido asistidos por ningún abogado ni haber mediado instancia judicial alguna. Y cuando se le interpeló sobre el caso, Aznar, riéndose, replicó que “había un problema y se resolvió”.

Ese mismo Aznar envió las tropas españolas a participar en la guerra contra Irak, con lo que España fue coautora de los bombardeos, la invasión y las víctimas que se produjeron en esa infame contienda. Y esa participación fue aprobada por unanimidad en el Congreso por todos los diputados del PP, que concluyeron la votación aplaudiendo entusiásticamente a su jefe. Y cuando esta alianza con las potencias atacantes provocó los atentados del 11 de marzo, tanto el que era Presidente del Gobierno como sus ministros fueron capaces de afirmar que los terroristas eran de ETA, cuando ya era conocido que los había cometido Al Qaeda,  y en tal explicación persistieron durante días seguidos, obligando a todos los medios de comunicación a publicar esta versión del acontecimiento. Ese mismo Aznar es el que se posicionó rápidamente a favor del golpe de Estado contra Hugo Chávez, haciendo incluso declaraciones públicas en tal sentido.

¿Y qué decir de nuestro demócrata presidente del Gobierno actual Mariano Rajoy y todo su Partido Popular? Bajo su mandato se han apaleado, detenido y procesado a más manifestantes que en ningún otro gobierno; se han construido las vallas metálicas de Ceuta y Melilla, trufadas de cuchillas, para impedir que los emigrantes puedan pisar suelo español, donde han quedado heridos cientos de hombres a los que la policía española apalea cuando los tiene inermes en el suelo. La Guardia Civil ha disparado pelotas de goma contra los subsaharianos que nadaban en la frontera de Melilla con el resultado de que trece hombres  se ahogaron. En el Parlamento, con la mayoría del PP, se acaba de aprobar la ley que aprueba “la devolución en caliente” de los emigrantes, es decir se permite secuestrarlos, esposarlos y lanzarlos al otro de la frontera, como si de objetos se tratara, sin haberles permitido declarar ni ser defendidos por letrados; y la Ley Mordaza para impedir que el pueblo se manifieste libremente, ley que incluso la pusilánime Unión Europea y la timorata Organización de Naciones Unidas han considerado que coarta los derechos de manifestación y expresión de la ciudadanía.

No es de extrañar, pues, que los partidos políticos liderados por semejantes defensores de los derechos humanos aprueben una moción contra el gobierno venezolano pidiendo la libertad de los golpistas Leopoldo López y Antonio Ledesma. Los de la misma calaña siempre se apoyan.

Lidia Falcón O’neill es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista, y Poder y Libertad, que actualmente dirige. / publico.es