Todos conocimos (o a lo mejor creímos conocer a través de lo que las empresas de información nos dejaron ver) las declaraciones de Ralph Gonsalves (Primer Ministro de San Vicente y Granadinas desde 2001) en la cumbre de la CELAC, en 2014, en lo referente a la República Dominicana y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojaba de nacionalidad dominicana a todo hijo de inmigrante en situación irregular a partir de 1929 y ordenaba ejecutar el plan de regularización migratoria pendiente desde 2004.

Nada se supo ni difundió de las palabras de Gonsalves acerca de la reparación que se le exige a las potencias del mundo por la práctica de la esclavitud y el saqueo de nuestros Pueblos, considerando que es Primer Ministro de un territorio conquistado y aún bajo el dominio de la Inglaterra y su Reina Isabel II. Tampoco se difundió la declaración firmada por todos los participantes de la Cumbre acerca de la soberanía de Puerto Rico, conquistado por Estados Unidos y que bien podría perfectamente acusar como intromisión en asuntos internos.

En su oportunidad, Gonsalves afirmó sobre la sentencia del TC dominicano:

“Si el asunto en cuestión toca la humanidad en toda su extensión, y el fallo de la corte ofende sus normas internacionales, entonces ahí hay una cuestión filosófica en cuanto a la circunstancia de que puede intervenir y afectar otros asuntos. La República Dominicana tiene ciertas obligaciones, la República Dominicana es Estado Parte en varios tratados, incluidas los del hemisferio y no puede tener una ley nacional que esté sobrellevando precedentes como los firmados solemnemente en un tratado”.

Algo se supo sobre un supuesto acuerdo en la Cumbre CELAC 2014 de tocar solamente en privado lo relativo a la crisis por la sentencia TC 168-13, exclusivamente entre los mandatarios. Faltan elementos para determinar a ciencia cierta si, al intervenir en la plenaria, Gonsalves estaba rompiendo dicho acuerdo o lo hizo en pleno uso de sus facultades y las reglas del juego de una cumbre para debatir entre jefes de Estado y de Gobierno.

Lo que en todo caso no sabemos -y quién sabe si algún día sabremos- es porqué no se había divulgado en República Dominicana una carta del señor Gonsalves al Presidente Medina el 11 de octubre de 2013, (apenas 15 días después de la polémica y catastrófica sentencia, y tres meses antes de la Cumbre), ni tampoco sabemos si la Presidencia dominicana contestó a esa misiva.

La carta íntegra está traducida al español y copiada a continuación:

“11 de octubre del 2013

Al Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina.

Su excelencia:

El gobierno y el pueblo de San Vicente y Granadinas están profundamente angustiados porque el Tribunal Constitucional en la República Dominicana, en un fallo reciente, negó la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana nacidos en la República Dominicana. Esta decisión judicial vigente hace apátridas gran número de esas personas de ascendencia haitiana.

Sin duda, este fallo de la corte es inaceptable en cualquier comunidad civilizada. Es una afrenta a todas las normas internacionales establecidas y la humanidad elemental, y amenaza con hacer de la República Dominicana un paria regional y mundial. Es subversiva ante las obligaciones internacionales de derechos humanos de su país, consagrados en varios convenios / tratados internacionales y hemisféricos de los cuales es Estado Parte.

Como usted sin duda sabe, la decisión del tribunal está siendo ampliamente interpretada internacionalmente como basada en la mentalidad anti-haitiana o incluso racista, dado el hecho de que la mayoría de las personas privadas de su ciudadanía por nacimiento son de color negro.

Por tanto, incumbe al gobierno y al pueblo de la República Dominicana tomar con recelo la decisión de la corte y dedicarse con prontitud a hacer la necesaria corrección de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Bajo su dirección y la de su distinguido predecesor, la República Dominicana ha dado pasos encomiables para levantar su imagen en la comunidad regional e internacional, y para borrar la memoria de algunos de los males del pasado.

Su república es un miembro vital del Cariforum, y está en la búsqueda de la pertenencia a la CARICOM, a la que pertenece Haití. El impacto real y no potencial, adverso sobre estas relaciones regionales y otras relaciones multi-estado es evidente.

El Secretario General de la CARICOM ha hablado sabiamente y públicamente en contra de la decisión de la Corte Constitucional. Así, también, lo han hecho muchos ciudadanos destacados en los estados miembros de Caricom, incluyendo el Muy Honorable PJ Patterson, ex primer ministro de Jamaica y querido amigo de Haití y la República Dominicana.

Algunos en su país bien pueden considerar que todo esto sea una injerencia indebida en los asuntos internos de la República Dominicana. Es evidente que no es. La hoja de parra de la soberanía no puede ser invocada cuando se pisotea sobre la decencia humana de larga tradición y los principios universales de la ciudadanía. Estos preceptos van más allá de las fronteras exteriores de los límites territoriales de un país: son esenciales para la humanidad. Por otra parte, el país cuenta con sus obligaciones internacionales.

Lamento que las circunstancias me han obligado a escribir con firmeza en esta materia. Le aseguro que mi lenguaje es restringido y no expresa plenamente mi indignación personal.

Todo lo mejor para su familia, el gobierno y la gente. Sigo queriéndolo a usted y el pueblo de la República Dominicana. [Fin de la carta]” -(Traducción de Ana Abreu)-

Después de la cumbre de la CELAC hace un año, Gonsalves decidió difundir esta carta. Arguyó para ello la necesidad de desmentir que se haya comportado de manera “hipócrita” con República Dominicana. Antes de leer la carta, en un audio disponible en internet, Gonsalves dice:

“Entiendo que una carta que le escribí al presidente de la República Dominicana en un asunto sencillo, pero con elementos profundos, simples, no es complicado porque toca la pregunta elemental: ¿si has nacido en un país, no eres un ciudadano de ese país por nacimiento? La carta ha sido criticado diciendo que “soy hipócrita”, voy a leerla y decirme si estoy siendo hipócrita”.

Gonsalves dijo más:

“La República Dominicana tiene obligaciones internacionales, es un tema de derechos humanos, es una cuestión fundamental de los derechos humanos, de los derechos civilizadas. Es ridículo pensar que una persona está “en tránsito” desde 1929…” Y agrega: “‎Creo que Danilo Medina es un hombre decente. Sin animosidad personal contra mi hermano, el presidente, pero hay que hacer algo. Sé en mi corazón, en mi mente cristiana, que hago lo correcto. La CELAC también tiene que hacer algo. El tiempo de la diplomacia discreta ha pasado”.

Ciertamente, Gonsalves y otros líderes de la región del Caribe comenzaron desde aquel momento a hacer gestiones más allá de lo que llaman “la diplomacia discreta” para promover sanciones contra el Estado dominicano y presionar para la no aplicación de la sentencia TC 168-13, lo cual incluyó haber solicitado a Venezuela suspender los beneficios de República Dominicana en el programa PetroCaribe.

De todo esto rescatamos preguntas importantes:

1) ¿Por qué desde muy temprano se vio como una “campaña internacional de desprestigio contra República Dominicana” lo que inició como una gestión típicamente político-diplomática ante una decisión exclusiva y autocrática del Tribunal Constitucional dominicana, a contrapelo de lo que ya se había pactado y establecido en la Constitución de 2010?,

2) ¿Porqué no conocimos a tiempo las gestiones político-diplomáticas, incluyendo la carta de Gonsalves, y si hubo o no respuesta del Poder Ejecutivo dominicano?,

3) ¿Qué poder tan inmenso estaba detrás del Tribunal Constitucional y una parte de la élite del país como para poner a R.D. en esta situación; qué coalición a la luz y a las sombras se estructuró para semejante despropósito?,

4) ¿Porqué no fue posible llegar a soluciones plausibles, con posibilidades reales de éxito, sustentadas en el consenso, especialmente de caribeños y latinoamericanos?

Todo esto tiene importantísimas consecuencias en lo que estamos viendo hoy: El “Plan de Regularización”, a mes de su vencimiento y con el dictámen de que no existirá una nueva prórroga, parece no haber alcanzado ni el 25% de los extranjeros que existen en el país (la inmensa mayoría de ellos indocumentados), y sin embargo la autoridad lo considera un “éxito”, aún declarando que apenas el 36% de ese 25% ha reunido los requisitos suficientes para ser beneficiado en el mismo, es decir, tal vez el 8% o 9% de los extranjeros que están en territorio nacional. La interrogante salta a la vista: ¿De qué habrá servido un “Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular”, que además de resolver apenas superficialmente la crisis de derechos desatada por la Junta Central Electoral y la sentencia TC 168-13, “regulariza” a lo sumo al 15% de quienes pretendía “regularizar”?

Lo dicho era más que previsible: según un informe del Fondo de Población de la ONU, un 35% de los inmigrantes haitianos a 2013 habían llegado posterior al terremoto de 2010, para ese tiempo casi 200 mil nuevos ingresados a R.D. Esa población, posiblemente asimilable al estatus de “refugiados”, muy difícilmente cuente con los documentos e insumos básicos para satisfacer los exigentes requisitos del Plan. Haití es un país aún devastado e intervenido. Varios observadores y testigos del proceso aducen que ni un dominicano en pleno dominio de sus antecedentes y documentos podría satisfacer las exigencias puestas en la ley que se creó para salvar la crisis social y humanitaria creada por la corte constitucional.  

Lo más aberrante de todo es la realidad que a partir del 17 de junio empezarán a vivir muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, nacidos en República Dominicana: muchos de ellos aún luchan porque se les devuelvan sus documentos de identidad, y los que no los tenían, salvo que se hayan registrado para “naturalizarse” en el país en que nacieron (!!!!!), quedarán como apátridas, seres humanos de segunda y de tercera.

La élite política, mediática y empresarial mira para otro lado, dan difusión al “éxito del plan” y aclaran y hasta reclaman el inicio de la licencia para deportar. Frente a esto, las autoridades se han limitado a recordar cuánto dinero se ha gastado en publicidad y facilidades burocráticas, y que “no se puede ir casa por casa llevando a la gente para que se registren”.

Mientras tanto, a fines de año pasado el Tribunal Constitucional dominicano fue más lejos y, aplicando retroactivamente la Constitución de 2002 y 2010, desconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos ocurridos en el país.

Ni los organismos de Derechos Humanos, ni la diplomacia de países hermanos, ni los políticos del CARICOM como Gonsalves pudieron lidiar con las decisiones de un organismo autocrático que desconoció la Constitución, los Derechos Fundamentales y los tratados internacionales.

Mientras, quedamos atrapados en la lucha contra una supuesta “campaña internacional de descrédito” y la discursiva nacionalista, incapacitados para resolver entre caribeños y latinoamericanos este grave suceso mientras los poderosos del Norte global miran por televisión, y miles y miles de dominicanos e inmigrantes quedarán en la desprotección y el desconocimiento de derechos esenciales.

Hasta ahora, nadie parece tener la culpa y podría ser que Gonsalves no estaba pecando de intrometido ni exagerando en sus alertas. Lo que viene es bastante más serio y terrible de lo que muchos quisieran creer, o del “juego de patriotas” con los que algunos se entretienen opinando.  

*El autor es un intelectual dominicano, nieto del líder progresista y expresidente de República Dominicana Juan Bosch. Además, encabeza la fundación que lleva el nombre del exmandatario dominicano. Tomado de pensamientoinsurrecto.com / Foto principal: Acento.