La ley de Biotecnología de Puerto Rico de 2009 dispone en su Artículo 8 que: “Los empleos contratados para operaciones de campo en las compañías de biotecnología agrícola estarán cobijados bajo la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, según enmendada, con relación a los beneficios del Subsidio Salarial que administra el Departamento de Agricultura para los agricultores bonafide.” (Sic) Es decir, los empleados de estas compañías, entre las cuales se encuentra Monsanto, una de las corporaciones más ricas y poderosas del planeta, reciben subsidios salariales pagados con fondos públicos, esos que nos cobran a usted y a mí en impuestos.

Esta semana se anunció que el Departamento de Agricultura recibirá un recorte presupuestario de 77 millones. Esto afectará a los agricultores que trabajan sol a sol para llevarnos alimentos sanos a nuestras mesas. No podemos olvidar que se estima que Puerto Rico importa cerca de un 85% de los alimentos que consume. Ya en California, uno de los estados más importantes en la agricultura, sufre una sequía tan prolongada, que se ha calificado como histórica. Igual está ocurriendo en otros estados de los cuales Puerto Rico importa alimentos, manteniéndonos rehenes de esos mercados, y con una inseguridad alimentaria que no tiene parangón en ningún otro lugar. El que Puerto Rico se dirija hacia un aumento exponencial en su agricultura es una necesidad apremiante, urgente, de seguridad nacional. Solo así, podremos evitar hambrunas y satisfacer nuestras propias necesidades. Pero en lugar de eso, subsidiamos un esquema ilegal y suicida.

El periodista investigativo, Eliván Martínez, descubrió que desde 2007 al 2013, las compañías de biotecnología habían recibido más de $20,000,000.00 (veinte millones) en concepto de subsidios salariales. (Tus contribuciones enriquecen a Monsanto) El monto habría que actualizarlo al 2015 para constatar que el impacto sobre el erario ha sido mucho mayor. A lo anterior habría que añadir, los millones que ha dejado de percibir el pueblo de Puerto Rico por las exenciones contributivas, y el uso de terrenos públicos. Y no podemos olvidar, las compensaciones por los daños ambientales y sobre la salud del pueblo.

Note que la sección de la ley antes citada, establece que los subsidios estarán atados a la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, el Programa de Subsidio Salarial a agricultores elegibles. Al revisar la definición de un agricultor elegible, este es uno que “se dedique a la agricultura en general”. Monsanto, NO se dedica a la agricultura. Sus operaciones en Puerto Rico son para la experimentación, tal y como lo hizo en la década del 60 con el agente naranja. Ahora lo hace con organismos genéticamente modificados y los efectos del glifosato contenido en el Round Up para hacerle resistentes a éste herbicida. Hay que destacar que hace apenas unas semanas, la Organización Mundial de la Salud, incluyó al glifosato como una substancia que “probablemente” produce cáncer.

Eliván Martínez, en su artículo “El dinero público subsidia a Monsanto” hace alusión a una opinión del ex Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, expresando que “En esas tierras, Monsanto lleva a cabo una actividad llamada biotecnología agrícola: la disciplina de “mejorar” especies como el maíz, soya y algodón, por ejemplo, cruzando sus genes con los de otras especies. Se trata de una actividad de investigación y desarrollo científico, cuyos productos no son alimentos para el consumo inmediato, sino que se desarrollarán en otro país (EEUU), de modo que no se enmarcan en la definición de agricultura.” Esa opinión que sostiene que no es una empresa agrícola, que además se justifica para violar la prohibición constitucional de los 500 acres, fue también avalada por el ex secretario de Justicia bajo esta administración, Luis Sánchez Betances.

Por donde quiera que se mire, la ilicitud salta a la vista. Si fuera una empresa agrícola, violaría la disposición constitucional mencionada arriba. Si no lo es, los millones que ha recibido en subsidios para sus empleados son ilegales.

Al Monsanto no ser un agricultor, como tampoco lo son sus empleados, esos largos millones pagados en subsidios de salarios, es ilegal, ultra vires, y como tal, el Departamento de Justicia tiene la obligación de exigir su devolución. Nótese que la ley de Biotecnología enumera las acciones de estas empresas, y la agricultura no es una de ellas.

Las empresas de biotecnología están contaminando nuestros suelos y aguas subterráneas en momentos donde el cambio climático traerá frecuentes y severas sequías. El acceso al agua potable para los ciudadanos está comprometido.

Mientras se nos anuncia un probable racionamiento en el servicio de agua, estas empresas la tienen garantizada. A esos fines, el Artículo 7 de la ley de Biotecnología establece que el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Energía Eléctrica “facilitarán el acceso al sistema de riego público para fines agrícolas, asegurando abastos continuos de agua para riego a las compañías de biotecnología...”

Hoy resultan irónicas las lágrimas de la secretaria de Agricultura, Myrna Comas, quien cuando debió, no supo, no quiso o no la dejaron (solo ella lo sabe) evitar este entuerto. Cuando en mayo de 2013 Eliván Martínez le preguntó “¿Es moral que el Departamento de Agricultura esté apoyando este tipo de empresas?” ella prefirió darle vueltas a la noria, “al evadir contestar la pregunta.”

El Estado, tiene la obligación de detener de inmediato este esquema ilegal y exigir la devolución de los millones pagados ilícitamente. Estos, al ser recobrados, tienen que ser destinados al Departamento de Agricultura y para el estímulo de agricultores puertorriqueños bona fide. De ello no ocurrir de manera inmediata, solo queda una interpretación posible. La misma que dio origen a que estas empresas llegaran a Puerto Rico en violación de todas las leyes ambientales y a nuestra Constitución. Tomando prestada la palabra de Eliván; Monsanto y las demás compañías “subsidian” a los políticos y sus corruptos partidos.

*La autora es Catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.