Luego de que la organización Toabajeños en Defensa del Ambiente impidiera este lunes la deforestación de parte de la playa de Levittown para darle paso a la construcción de un paseo para bicicletas y peatones, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) citó a una reunión para dilucidar el futuro del controvertido proyecto.

El cónclave será este jueves entre la directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar, el equipo técnico que tiene a cargo este proyecto de infraestructura, y el alcalde de Vega Baja, Aníbal Vega Borges, confirmó el director interino de la agencia, Javier Arroyo.

Los trabajos están detenidos hasta que esa reunión se lleve a cabo, agregó Arroyo.

“Yo recibí una llamada de la ACT y nos vamos a reunir el jueves. Yo espero que podamos llegar a un consenso de cómo se puede construir el paseo final”, dijo a este medio Vega Borges, quien se opone al diseño actual del paseo.

Aunque la exigencia de Toabajeños en Defensa del Ambiente y del alcalde es que se cambie la ruta del paseo para que discurra completamente por la marginal de la carretera PR-165, sin tocar la playa, Arroyo alegó que ello no será posible.

“Nosotros le hicimos ya unos cambios al diseño avalados por la Federal Highway Administration (FHWA) y ellos nos dicen que no van a permitir más cambios porque como ya tenemos los permisos aprobados y se hicieron unos cambios a solicitud de los manifestantes, ya ellos no van a autorizar cambios adicionales. Lo que queremos es llegar a un acuerdo con lo que tenemos y buscar algunas otras alternativas que podamos armonizar ambas partes”, expuso Arroyo al señalar que el año pasado se ajustó la ruta para que el tramo que discurre por la playa no estuviera tan cerca de la zona marítimo terrestre.

El paseo tendría 1,200 metros de largo, de los cuales 500 metros quedarían contiguos a la zona marítimo terrestre y el restante correría por la marginal de la PR-165. Al momento, Vega Borges no ha autorizado los trabajos en la marginal, que es una carretera municipal.

“No tienen permiso para trabajar en la marginal, no se ha otorgado y no se va a otorgar porque hemos propuesto otras alternativas”, afirmó el alcalde novoprogresista.

Al preguntarle a Arroyo qué pasaría si ese permiso no se aprueba, respondió: “Si no tenemos ese permiso de utilización de esa carretera municipal, pues tendríamos que dar por terminado el proyecto porque prácticamente esa fue la nueva línea con que contábamos y si no podemos hacerlo a través de esa carretera el proyecto no se puede hacer según se concibió el diseño”.

Toabajeños en Defensa del Ambiente objeta que el paseo atraviese la playa, por entender que aceleraría la erosión de la costa. Además, el grupo asegura que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Junta de Planificación han calificado esa zona como inundable.

Vega Borges, entretanto, cita razones de inseguridad para los ciclistas porque el paseo cruzaría la carretera PR-165 para conectar el tramo de la playa con el de la marginal.

Temprano este lunes, obreros de la compañía Tamrio llegaron a la playa con la intención de remover vegetación, pero los integrantes de Toabajeños en Defensa del Ambiente, que tienen un campamento en el área desde el 2013, se lo impidieron.

Juan Camacho, portavoz del grupo, denunció que en el proceso los agentes estatales que llegaron al lugar los maltrataron.

“Nos zarandearon, nos empujaron, nos arrastraron, fue un abuso lo que la Policía cometió contra nosotros allí”, sostuvo el activista al destacar que los manifestantes son personas mayores de 60 años jubiladas.

Sin embargo, el teniente coronel Israel Vázquez, que estuvo entre los supervisores destacados en el lugar, negó el uso de fuerza contra las personas que protestaban.

“En ningún momento se tomó fuerza contra ellos. Habíamos hecho un perímetro para evitar la confrontación de las partes. Ellos (los manifestantes) violaron el perímetro, dieron la vuelta alrededor de los policías, llegaron a la máquina, se meten al medio y nosotros evitamos que tuvieran confrontación con las otras personas. Hubo contacto físico en el sentido de moverlos, en el sentido de agarrarlos con todo el respeto que se merecen. En ningún momento hubo fuerza física”, aseguró Vázquez.

Juan Camacho celebró la paralización momentánea de la obra e indicó que “esta lucha va a seguir hasta que desistan de ese proyecto”.

Según el director interino de la ACT, este paseo fue solicitado por el Municipio de Toa Baja a través de la oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington D.C. y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) aprobó una asignación de $1.9 millones para construirlo. La ACT es la agencia autorizada para administrar los fondos, por lo que comisionó el diseño y subastó la construcción.

La construcción estaba supuesta a comenzar en septiembre de 2013 y durar seis meses.